Corinna Larsen ha demandado al rey emérito Juan Carlos I ante la High Court de Londres, y solicita, además de ser indemnizada por la "vigilancia ilegal" que sufrió de los servicios secretos españoles, que su examante no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias, según publica este martes el Financial Times.

En la denuncia, que se interpuso el pasado mes de diciembre y que no se ha conocido hasta ahora, la empresaria acusa al exmonarca y a los servicios secretos españoles de "vigilancia ilegal" en el Reino Unido y de hostigarla desde 2012 mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto.

En su denuncia, según señala la publicación inglesa, larsen alega que la Agencia Nacional de Inteligencia de España, o CNI, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos, la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno "bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal

vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores".

Afirma que fue amenazada por emérito, quien supuestamente le dijo que las consecuencias para ella 'no serían buenas' si no hacía lo que se le dijese; pero también por Sanz Roldán, quien en una reunión en Londres en 2012 le indicó que no podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo.

Por su parte, en el juicio antes señalado Sanz Roldán negó de forma taxativa que amenazara a Corinna Larsen y a su hijo, si bien rechazó dar cuenta del contenido de dicho encuentro o de si éste tenía como objeto la defensa de la Seguridad del Estado amparándose en la ley. Lo afirmó el marco del juicio celebrado el pasado mes de enero en el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid contra el ex policía Villarejo por presuntos delitos de calumnias y denuncia falsa.

Competencia para investigar

Según la publicación de Reino Unido, la defensa de Juan Carlos I aún no ha respondido a la reclamación, si bien aún debe dirimirse si la justicia inglesa es competente para investigar a un ex jefe del Estado de otra nación que no vive en el Reino Unido.

En cuanto a la orden de alejamiento que solicita, busca que tanto el emérito como los agentes del CNI se abstengan de comunicarse

con ella, rastrearla, hacer declaraciones difamatorias sobre ella o acosarla, además de prohibición de que puedan acercarse a menos de 150 metros de cualquiera de sus residencias, añade el diario británico.

Larsen ha denunciado en diversas entrevistas e incluso durante su comparecencia como testigo en un juicio en España -en el primero que se ha celebrado contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo- el acoso que dice sufrir desde 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana, para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder.

Donación investigada en Suiza

En todas ellas, Larsen asegura que nunca dudó del origen de los 76 millones de dólares (65 millones de euros) que según su versión Juan Carlos le donó como "reconocimiento" a lo que significó para él por la relación que ambos mantuvieron entre 2004 y 2009, dado que no tenía razón alguna "para cuestionar a un jefe de Estado". Se trata de unos movimientos bancarios que están siendo investigados por la justicia Suiza.

En otras comparecencias y entrevistas realizadas en los últimos meses, Larsen afirma que el sultán de Omán compró con 50 millones de libras esterlinas un piso en Knightsbridge, Londres, para uso de Juan Carlos. En esta operación Juan Carlos le habría pedido que ella se ocupara de poner un depósito de aproximadamente 200.000 libras que se negó a aportar.