La Abogacía del Estado ha presentado alegaciones contra el recurso de incostitucionalidad impulsado por el Parlament por el incumplimiento de incluir el factor de insularidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Tanto el decreto ley del Régimen Espcial de Balears (REB) como el propio Estatut de Autonomía. Según las alegaciones del Estado, incumplir el factor de insularidad no es incostitucional, afirma que no están obligados a incluirla en los presupuestos y pone en duda las cifras argumentadas por el recurso del Parlament. Para contrarrestar este argumento, la Abogacía del Estado asegura que el Gobierno Central ya invierte en Balears y pone como ejemplo el dinero que destina a Defensa o la construcción de puertos y aeropuertos.
Hay que recordar que el recurso de inconstitucionalidad fue impulsado por Més, El Pi, el PP y Ciudadanos cuando se dieron cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez no había incluido este factor de insularidad que marca el REB, alegando un déficit estructural de financiación, en las cuestas estatales. PSOE, Vox y Podemos votaron en contra de presentarlo, pero la mayoría del resto de partidos obligó a recurrir ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Estas alegaciones de la Abogacía del Estado pretenden que el Constitucional rechace el recurso interpuesto por el Parlament. En este sentido, los abogados del Estado acusan a Balears de "deslealtad" por decidir de forma unilateral las inversiones del Estado sin antes haberse reunido la comisión bilateral para acordarlas. No obstante, resulta que es el Estado el que tiene que convocar esta comisión bilateral y el ministerio de Hacienda ya ha dicho que no convocará el encuentro Estado-Govern para discutir la insularidad hasta el año 2022.
"Desprecio e insulto" a Balears
Més y El Pi, principales impulsores del recurso han calificado de "prepotencia del Estado y desprecio hacia las islas por parte del Gobierno", en palabras de la diputada nacionalista Joana Aina Campomar. Josep Melià, portavoz de El Pi, ha asegurado que "se trata de un fraude de ley y un insulto por parte del Estado con nuestras islas". En estos mismos términos se ha expresado Josep Castells, portavoz de Més per Menorca, que ha presentado una iniciativa para que el Govern exija al Estado a que se reúnan en un plazo de dos meses para resolver el factor de insularidad. Nuria Riera (PP) ha asegurado que las alegaciones hacen seguidismo "a la ministra Montero que siempre ha despreciado a Balears".
