Que a la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional no le gustó la forma en la que el Gobierno de Pedro Sánchez gestionó la pandemia resulta cada pleno más evidente. Si en julio anuló el primer estado de alarma, porque el confinamiento de marzo de 2020 fue más allá de una limitación de derechos, por lo que habría sido necesario el de excepción, en el de septiembre quedó patente que el sentir mayoritario es considerar también inconstitucional la suspensión de iniciativas parlamentarias en el Congreso al principio de la pandemia entre el 14 de marzo y el 13 de abril de 2020.

El ponente de la resolución sobre este recurso de VoxAntonio Narváez, proponía declarar constitucional esta decisión, que acompañó el primer del primer estado de alarma, pero durante las deliberaciones quedó claro que la mayoría de sus compañeros del pleno entendían más ajustado a la Constitución estimar la impugnación del partido de extrema derecha. Como ha adelantado 'El País' y ha confirmado este diario, el magistrado decidió entonces, como es tradicional en el alto tribunal, presentar una propuesta acorde con el sentir mayoritario para en próximas sesiones plenarias se estime la impugnación y se declare la inconstitucionalidad del parón vivido por las Cámaras al entender que vulneró el derecho al control parlamentario del Gobierno por los grupos.

Empate a cinco

Al pleno que finalizó este jueves asistieron solo 10 magistrados, lo que hizo que las posiciones a favor de anular o avalar el parón del Congreso estuviera en un momento contara con un empate de cinco a cinco. Faltaba por una dolencia leve el magistrado Alfredo Montoya, que siempre ha votado con el sector conservador, lo que hizo presumir que su posición se sumaría a la de los partidarios de declarar inconstitucional el acuerdo de la Mesa del Congreso del 19 de marzo de 2020 que suspendió los plazos de las iniciativas parlamentarias. Finalmente no se votó y Narváez anunció la modificación de su ponencia.

En el pleno de octubre ya estaba previsto que los magistrados deliberarán sobre otra ponencia de este mismo magistrado partidaria de declarar inconstitucional también el segundo estado de alarma, pero por la falta de control parlamentario, no porque la limitación de derechos obligara a haber dictado un estado de excepción como en el primero. En esa ocasión será la primera vez que los magistrados deliberen sobre este asunto, aunque viendo el criterio expresado por la mayoría de los miembros del pleno todo apunta a que se anulará también. El primer estado de alarma se anuló por la mínima, seis votos a cinco.

El Tribunal Constitucional, con un tercio de sus magistrados pendiente de renovación, cuenta actualmente con 11 magistrados al renunciar Fernando Valdés, al abrirse juicio oral contra él por un caso de violencia machista.

Revisará la eutanasia y la reforma del CGPJ que le impide nombrar

El pleno del Tribunal Constitucional del mes de septiembre ha admitido a trámite el recurso de 50 diputados del PP contra la ley de eutanasia y el interpuesto por este mismo grupo parlamentario y por Vox contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le impide hacer nombramientos con el mandato de sus miembros caducado. El ponente de la resolución que dictará el Constitucional en relación con la regulación de la muerte digna será Cándido Conde-Pumpido.