La exvicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, no va a ser imputada en el caso Gali, de momento. Aunque una de las acusaciones populares solicitó que fuera citada como investigada, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza encargado del asunto ha rechazado este viernes la solicitud. No obstante, condiciona su futuro judicial a la declaración que tendrá que realizar como imputada la exministra de Exteriores, Arancha González Layaasí como la que tendrá que realizar la mano derecha de Calvo en la Vicepresidencia y actual directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, María Isabel Valldecabres, y la directora de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo. Estas están citadas en calidad de testigo el próximo 18 de octubre.

Antes, lo hará González Laya. El juez Rafael Lasala la cita para el próximo 4 de octubre, día en el que también tendrá que testificar el exsecretario general técnico del Ministerio de Exteriores, José María Muriel. Ambos tendrán que dar explicaciones de la supuesta entrada irregular del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en territorio español, el pasado 18 de abril, a través de la Base Aérea de Zaragoza.

Todos estos movimientos se producen después de que el zaragozano Camilo Villarino, exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores, reconociera ante el juez que tres días antes de la llegada de Brahim Gali, la ex jefa de gabinete de la vicepresidenta, María Isabel Valldecabres, le había comentado la posibilidad de su entrada en España. Él hasta ese momento no sabía nada, si bien posteriormente fue, según su declaración, la propia González-Laya la que le confesó, dos días antes de la llegada de Gali, que había recibido desde Argelia una petición para atenderlo médicamente porque estaba gravemente enfermo de covid-19. Añadió que "no estaba sola en esa decisión".

Requerimiento a la Policía Nacional

En el mismo auto al que ha tenido acceso El Periódico de Aragón, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, emite un oficio a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y al Ministerio de Asuntos Exteriores para que en el plazo de cinco días emitan un informe sobre "si por cualquiera de los estados miembros del espacio Schengen había insertas descripciones a efectos de detención o de mera localización a fin de comparecer ante una autoridad judicial o ser notificada de cualquier actuación penal de la persona filiada como Brahim Gali, si bien pudiera figurar como Brahim Gali Moustafa o Gali Sidi-Mohamed Abdelyelil".

La denuncia que ha conllevado dicho procedimiento judicial fue interpuesta por abogado Antonio Urdiales, quien pidió al juzgado que indagara sobre la participación de los funcionarios de fronteras de la Base Aérea de Zaragoza y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, quienes «autorizaron la entrada de personas provistas con documentación falsa, siendo conocedores de que Gali tenía incoadas sendas causas penales por grave delitos de genocidio y torturas ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, faltando a la obligación de poner estos hechos en conocimiento de la autoridad judicial de Zaragoza y permitiendo el traslado del denunciado y acompañantes a otra provincia».

Afirmó este letrado que hay dos hipótesis: o bien Gali accedió al territorio nacional con pasaporte auténtico o bien con uno falso. En el primer caso se trataría de un delito de prevaricación y encubrimiento, mientras que el otro se circunscribiría en el marco del delito de prevaricación «porque habría un concierto entre el denunciado y las autoridades españolas».