El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón propone juzgar a un total de 37 personas, entre ellas el examigo de Francisco Granados David Marjaliza, ocho exalcaldes, técnicos municipales y varios exdirectivos de la empresa Cofely, así como Cofely España, como persona jurídica, por las supuestas irregularidades cometidas a través de la adjudicación de contratos públicos municipales por la realización de informes de eficiencia energética entre 2012 y 2014.

En el auto en el que da por concluida la instrucción de esta pieza del caso Púnica, el magistrado considera los hechos constitutivos de ocho delitos: organización criminal, cohecho en el ejercicio de un cargo en concurso con prevaricación y revelación de información reservada, tráfico de influencias, fraudes, cohecho de particular en concurso con prevaricación administrativa, aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho en persona jurídica. El magistrado ha dejado fuera del procedimiento a otra treintena de personas 

El magistrado explica que esta pieza tiene como objeto exclusivo los hechos que afectan a Marjaliza, como 'conseguidor' de contratos públicos para la multinacional francesa Cofely, así como la actuación de esta sociedad, sus empleados y directivos, y cargos públicos municipales, en su mayoría madrileños, que participaban en las licitaciones. Los contratos bajo la lupa judicial son los concedidos por ls ayuntamientos de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros), Moraleja de En Medio (2.862.975 euros), Parla (54.659.019 euros);,Alcalá de Henares (11.847.479 euros), Valdemoro (50.280.748 euros), Collado Villalba (35.467.135 euros), Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), que suman un total de casi 224 millones de euros.

Entre los investigados se encuentran los exalcades de Parla José María Fraile Campos; de Móstoles Daniel Ortiz Espejo; de Collado Villalba Agustín Juárez López de Coca; de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; de Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada Pita; de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro; de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández, y de Almendralejo José García Lobato, aunque en su caso no llego a licitarse. 

Actuación

Entre marzo del 2012 y octubre del 2014, explica el juez, los investigados de Cofely y David Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron “como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios Ayuntamientos objeto de investigación, pero con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban”.

“En esta tarea se involucraron hasta diez investigados entre organizadores y partícipes que ejecutaron varios roles que se desplegaban por esferas o círculos concéntricos, siguiendo una secuencia temporal continuada que iba más allá de ser hechos episódicos”, añade.

Para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el directivo de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial, a sabiendas de que lo que se esperaba de dicho investigado era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanista. Por ella cobraba 1.500 euros al mes y una variable que llegó hasta los 155.000 euros.