Más de año y medio después de que el Consejo de Ministros aprobara, en primera lectura, la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como 'ley de solo sí es sí' en referencia a las protestas contra la sentencia de 'la Manada', la norma se abre paso en el Congreso. La Cámara baja rechazará esta tarde previsiblemente las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, de forma que el anteproyecto será admitido a trámite.

La ley persigue un cambio cultural e institucional, tal como ocurrió con la ley contra la violencia de género, de forma que los ataques a la libertad sexual sean considerados como una forma de violencia machista y se dé una respuesta integral a las víctimas. La principal novedad del texto es que introduce en el Código Penal una definición de consentimiento expresa para que los jueces puedan determinar si un acto de naturaleza sexual es o no agresión, algo que ha cuestionado el Consejo General del Poder Judicial y algunos juristas. Y, en un inicio, provocó roces con el Ministerio de Justicia.

Si bien, el modelo de consentimiento positivo ha sido implantado ya en otros países como Suecia o Gran Bretaña y en España implicará la desaparición de la diferencia penal entre abuso y agresión. Si no hay consentimiento, todo ataque será considerado agresión, delito que contará con un catálogo de agravantes, entre los que se encuentran las violaciones en grupo o el uso de armas.

La ley de extranjería

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha considerado que la norma, "tras años de miedo, soledad y de no ser creídas, convierte la voluntad de millones de mujeres en una ley" necesaria porque el sistema actual "siempre cuestiona a la víctima y no al agresor", dado que el "terror sexual es una realidad estructural".

La norma sanciona a los proxenetas que en locales o pisos exploten sexualmente a mujeres. Si bien, para avanzar en la lucha contra la trata la ministra ha pedido a los grupos que, en la tramitación, se modifique la ley de extranjería de manera que se proporcione a las víctimas en situación irregular en España la posibilidad de acceder a un permiso de residencia.

La oposición

Al mismo tiempo, Montero ha pedido al PP que vuelva al "consenso del pacto de Estado" y apoye la ley. Pero los populares no han recogido el guante ante una ley que han tachado de "disparate" por "despreciar buena parte de los informes de los órganos consultivos". Y, haciéndose precisamente eco de la opinión del CGPJ, la diputada Marta González ha considerado que el texto ataca la presunción de inocencia y, por ello, en los tribunales continuarán "los problemas en torno a la existencia o no de pruebas".

Con descalificativos más gruesos, Vox ha considerado que la ley busca "demonizar a los hombres" y su objetivo es "adoctrinar para engordar los chiringuitos feministas, inoculando que todos los hombres son malos".

Mas allá de la oposición de la derecha, la intervención del resto de grupos ha dejado claro que, al igual que ha sucedido desde su gestación, la norma no se enfrenta a una tramitación parlamentaria pacífica. Por ejemplo, el PNV ha considerado que la ley, además de tener un "carácter centralista", contiene elementos que no comparten como la reforma del delito de proxenetismo no coercitivo. En su opinión, con ello el Gobierno quiere "cerrar el debate de la prostitución sin haberlo abierto" y por ello van a solicitar que esta reforma se deje fuera. De ser así, podría ser incluida en la futura ley de trata, que aún está en una fase muy incipiente.