La participación del PSOE en el acto del 2 de noviembre en Santiago de Compostela, junto a dos presidentes del PP y a Miguel Ángel Revilla se encuentra en estos momentos en entredicho. El silencio se ha apoderado de las comunidades socialistas y nadie confirma ahora su asistencia a un foro planteado para reivindicar a la España despoblada en el nuevo modelo de financiación, que iba a reunir a Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Adrián Barbón (Asturias), Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Concha Andreu (La Rioja), Miguel Ángel Revilla (Cantabria) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura).

El mestizaje con el PP, cuando el Ministerio de Hacienda está a punto de abrir el debate sobre el nuevo sistema, el hecho de que Feijóo lo anunciara entre intensas críticas al Ejecutivo y a Cataluña y la proliferación de estas reuniones híbridas (hace unas semanas hubo un encuentro entre la Comunidad Valenciana y Galicia) han molestado al Ejecutivo, que desde el jueves está tratando de impedir que sus barones acudan a este cónclave. La presión ya ha dado sus frutos. Ese mismo día La Rioja confirmó que se descolgaba y el viernes ninguno del resto de presidentes aseguraba su presencia. De hecho, van a aprovechar que todos están en el congreso del partido en Valencia para reunirse y hablar de ello.

Pero su decisión sobre cómo proceder está muy condicionada por la opinión del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo admiten que se les ha llamado al orden para que no asistan, aunque reconocen que es posible que "alguno" lo haga. Asumen que cada autonomía tiene su posición pero lo que pretenden es que no se visibilicen las discrepancias. Igual que ha molestado la cita de Galicia incomodó la reunión de Ximo Puig y Juanma Moreno. "Uno empezó empezó a crear un bando y ahora a ver cómo paramos esto", aseguran en el Gobierno en referencia al presidente valenciano.

La exhibición de estas diferencias ha acelerado en el PSOE el debate sobre la necesidad de una postura común en financiación. Hasta ahora todos los dirigentes, populares y socialistas, han presumido de independencia, reuniéndose con comunidades de otro color político, con los mismos problemas y retos. Ricos con ricos, pobres con pobres. Poblados en una parte, despoblados en la otra. Pero la realidad es que históricamente las direcciones de PP y PSOE han impuesto un acuerdo interno de mínimos. Y esto lo que el PSOE se propone hacer en las próximas semanas, una vez salvado el incordio de la cita en Galicia.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como nuevo responsable de Política Autonómica, será el encargado de intentarlo. Él mismo se ha fijado ya la tarea. Este propósito cuenta con defensores y detractores. Algunos territorios lo consideran inviable. Para otros, en cambio, resulta fundamental. La postura suele cambiar en función de si uno es presidente o jefe de la oposición. Más escépticos con el pacto interno los presidentes, más proclives a ello los líderes de la oposición, que no quieren que otros compañeros de partido regalen los oídos a sus adversarios. El ejemplo claro podría ser el PSOE andaluz.

Fuentes socialistas de Andalucía señalan que "es imprescindible fijar una posición de partido", que pueda contribuir a "ayudar" al Gobierno. Que el PSOE contribuya a "orientar" al Ejecutivo. Y que el PP tenga su propia discusión interna. Pero otras federaciones como Castilla La Mancha lo ven diametralmente distinto. "No puede existir una posición única porque éste no es un debate ideológico sino territorial". Esto lo reconocen incluso en el propio Gobierno. Admiten que los barones socialistas "van a seguir divididos" sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Porque además, apuntan, en poco más de año y medio tienen elecciones autonómicas.

El nuevo sistema está en cocina. Y el Ministerio de Hacienda servirá el primer plato el próximo mes de noviembre con la presentación del criterio de población protegida. "El esqueleto", según lo definen fuentes socialistas. La población es el quid de la cuestión de la financiación. Las comunidades con más densidad piden que el modelo responda este concepto. Las menos pobladas creen que el eje debe ser el coste del servicio. En el debate confluye también la necesidad de abordar la financiación local y la ordenación de competencias autonómicas y municipales.

Tras el primer acto de noviembre comenzará en serio la negociación pero no hay garantías de que pueda culminarse esta legislatura. Un presidente autonómico daba por hecho que "no va a estar terminada". Las comunidades peor financiadas confiaban en que se resolvería pero en el propio Gobierno son escépticos. Sostienen que no depende sólo de ellos y que armar el pacto es muy complicado. El PP, apuntan desde el partido, tampoco tendrá fácil que haya una posición unánime de sus barones. Para Pablo Casado, añaden, resultará más complicado porque no se tiene la misma autoridad un presidente que un jefe de la oposición.