¿Qué ha cambiado para que se desbloquee ahora la renovación de los órganos constitucionales?

Hasta ahora se planteaba la renovación en bloque, pero ahora el Gobierno ha accedido a la oferta de Casado hasta que logremos ese acuerdo deseado de reformar la Ley Orgánica Poder Judicial para que los jueces elijan a los vocales. Este es un gran paso para reforzar las instituciones democráticas de España.

¿El objetivo inmediato de este movimiento es, entre otros, conseguir en el Tribunal Constitucional miembros más afines a la dirección actual del PP?

No, todo lo contrario. El objetivo es reforzar la independencia de estos órganos y conviene dejar de cuestionar la profesionalidad de los magistrados de Tribunal Constitucional, siempre estableciendo lógicas políticas en sus decisiones. Me parece además de desacertado, totalmente injusto.

Las negociaciones se pueden hacer de dos formas: proponiendo nombres que sean aceptables por todas las partes o pactando que no haya vetos por la otra parte. ¿En qué punto estamos?

En este momento, el acuerdo es renovar los órganos constitucionales con perfiles que determinen la excelencia profesional y auguren un buen desempeño de las funciones para las cuales van a ser contratados. Hay que tener muy claro, de una vez por todas, que estos órganos constitucionales no están al servicio de ningún partido político sino al servicio de la ciudadanía y por eso tenemos que llevar a los mejores.

Pero cada vez que se renuevan los órganos nos encontramos con que es muy fácil identificar a conservadores y a progresistas.

Las personas de cierta edad tenemos currículum e ideología y eso no es ni malo ni bueno. Ocurre en todos los países del mundo. En Alemania hay magistrados en el Tribunal Constitucional que han tenido pasados políticos y, una vez que adquieren el estatuto de magistrados del TC, adquieren una gran independencia. Lo que se requiere para que esto sea una realidad es que haya un gran respeto por parte de los poderes públicos hacia esas magistraturas y también de los medios de comunicación, intentando ser todos responsables.

¿Por qué es posible negociar la renovación de todos los órganos constitucionales salvo el Consejo General del Poder Judicial?

La renovación del Consejo tiene que ir unida al fortalecimiento de la imagen de independencia del órgano que nos reclama Europa. Europa ha sido muy clara, nos está reclamando que reformemos la ley y que los vocales judiciales sean elegidos directamente por los jueces. Esto es lo que reza la Constitución Española y es lo que interpretó el Tribunal Constitucional cuando avaló que los vocales fueran todos elegidos por el Congreso y el Senado. Dijo en su sentencia que el sistema que había impuesto el partido socialista en el año 85, siendo constitucional, debería ser cambiado lo antes posible. Estamos en 2021. Y la UE nos está reclamando que cambiemos la ley y que acomodemos el formato de elección de nuestro Consejo de gobierno al del resto de consejos europeos.

Lo que nos está diciendo la UE es que reformemos, pero también que renovemos ya.

Hasta ahora no nos hemos fiado de Sánchez y su Gobierno, pero el acuerdo alcanzado sobre el TC y el resto de órganos constitucionales puede ser el principio de un acuerdo definitivo sobre el CGPJ que nos permita cumplir con la UE y la Constitución. Hay que intentar que no haya ningún tipo de influencia en la justicia por parte del poder ejecutivo. Esto es algo que tenemos que tener muy claro los demócratas.

¿Pero por qué no renovar ya con la ley actual y después modificarla?

Cambiar la ley cuesta muy poco, el Gobierno la reformó para limitar las competencias del actual Consejo en menos de un mes. ¿Por qué no hacerlo?

Insisto, ¿por qué no renovar mientras la ley no se modifique?

Porque hasta ahora no nos fiábamos del Gobierno.

Y como falta confianza, ¿no se cumple con lo que dice actualmente la ley?

Cuando no se alcanza un acuerdo político no se está incumpliendo la ley ni la Constitución. Sencillamente, no se está alcanzando un acuerdo político. No confundamos no alcanzar un acuerdo con no cumplir la ley.

Llevamos 40 años de democracia sin que ningún partido haya querido cambiar esta ley. ¿Por qué ahora es imprescindible hacerlo antes de renovar?

Primero, ha llegado una izquierda radical al Gobierno que determina que España sea poco fiable, y eso genera dudas en cuanto al propio Gobierno. Tenemos ministros que abrazan con simpatía la ocupación, justifican condenas por agresión a policías y genera cierto grado de temor. Teníamos un vicepresidente del Gobierno que cuando no le gustaba una resolución judicial insultaba a los jueces. Tenemos ministros que llaman prevaricador a magistrados del Tribunal Supremo. Eso ha generado una situación inédita en nuestro país. En segundo lugar, Europa, desde hace tres años, presta mucha atención a la imagen de independencia de los poderes judiciales de los países de la UE y por eso la Comisión hace un estudio todos los años, desde hace tres, del estado de derecho en los países de la Unión. Han cambiado mucho las cosas y la imposición que nos pide Europa es clara y determinante. No hay margen para mantener de forma absolutamente tozuda el actual sistema. Es triste que desde el partido socialista se califique de gremial un sistema de elección de los vocales que pide Europa, cuando la Unión Europea lo que nos pide es, precisamente, que hagamos ese cambio para reforzar la imagen de independencia del poder judicial. En España contamos con un poder judicial muy independiente, sin embargo, como consecuencia del modelo de elección del Consejo del poder judicial, se lastra la imagen de independencia de los jueces.

Si es así de independiente, ¿por qué tanto rechazo a negociar con un partido que no les gusta?

Podemos es un partido que genera temor, pero no es el problema. El problema ha sido Sánchez. Tiene que aceptar que hay que reformar la ley para acomodarla a lo que nos pide Europa.

¿Hasta cuándo se puede mantener la situación actual sin que la Justicia colapse por falta de nombramientos?

Es culpa del Gobierno que el Consejo no haga nombramientos. Cambió la ley para que así fuera, confundiendo su naturaleza, que es coherente con una óptica de izquierdas, que más que ocuparse quiere ocupar la Justicia. Esa es la diferencia con un modelo de centro derecha, nosotros queremos ocuparnos y ofrecer recursos, y en la izquierda hay una tendencia natural a ocupar la Justicia. Precisamente de ahí la importancia que tiene cambiar el modelo de elección del gobierno del poder judicial. Dicho eso, creemos que esta reforma es inconstitucional. El poder judicial no puede estar gobernado en funciones, pase lo que pase. Ese problema lo ha generado Sánchez y lo tiene que solucionar Sánchez. Y la solución es muy sencilla, en un mes podemos cambiar la ley del poder judicial.

Madrid. Los Presupuestos Generales del Estado presentan una reducción de la inversión territorializada en Madrid que se contrapone al incremento en otras comunidades como Cataluña o Valencia. ¿Se puede deducir de esto que España roba a Madrid, como sugirió Ayuso?

Lo que dijo es que Sánchez y el Gobierno central perjudican a los madrileños de manera clara. Sánchez se está vengando de un electorado que no le ha sido afín y que ha dicho con claridad que sus políticas no son bienvenidas en Madrid. Sánchez lleva mucho tiempo castigando a los madrileños y no es consciente de que hacer oposición a un gobierno regional es hacer oposición a los madrileños. Está perjudicando notablemente a los madrileños, pero no es nuevo. Estamos ante una izquierda que lleva tiempo sin gobernar en Madrid y traslada esa frustración a los madrileños y les perjudica. España no roba a nadie; el Gobierno de España perjudica a la Comunidad de Madrid.

La palabra que utilizó la presidenta fuer robar.

El Gobierno perjudica a los ciudadanos madrileños de forma absolutamente clara. Las inversiones en Madrid cada vez son menores, lo vemos en la red de transportes del Estado, donde el Gobierno no invierte lo que tiene que invertir y, por contra, su obsesión es deslocalizar servicios e instituciones de Madrid sencillamente para castigar a los madrileños.

¿Por qué perjudicaría a la gobernabilidad de España la deslocalización de las instituciones?

Habrá que explicar primero qué instituciones y para qué. En Madrid no estamos en contra de que cuando se creen nuevas instituciones se lleven a otras zonas de España, en absoluto. Pero la pregunta es por qué esa obsesión por perjudicar a los madrileños y a los funcionarios que trabajan en esas instituciones. Son ocurrencias que no tienen ningún rigor y que traducen y traslucen esa obsesión de Sánchez por los madrileños, por Madrid y por Isabel Díaz Ayuso. Son ocurrencias que alimentan debates para no hablar de otras cosas como el precio de la luz, la inflación, el coste de la vida, los tipos de interés…

También es un debate que se alimenta desde Madrid con las respuesta que da.

Somos responsables políticos que tenemos la obligación de opinar sobre aquello que afecta a la Comunidad de Madrid. ¿Vamos a permanecer en silencio? Sánchez está en el enfrentamiento permanente entre comunidades, territorios, empresarios y trabajadores. Siempre dividiendo, polarizando, porque en esa polarización él cree que gana y va a ser su destrucción.

¿Y desde Madrid se busca el enfrentamiento legislando con leyes autonómicas que intentan limitar el alcance de leyes nacionales, como la de educación o la de autonomía financiera?

Nuestra obligación es defender los intereses de los madrileños, defender la educación concertada y la especial frente a una ley que tiene como objetivo acabar con ellas; defender la autonomía fiscal de la Comunidad, que ha adoptado decisiones en materia fiscal en virtud de una ley que permite que las haga. La cuestión es por qué otras comunidades no siguen esas políticas tan eficientes y luego pretenden que sean los madrileños los que soporten los errores de sus políticas económicas. Es absolutamente injusto.

Se quejan de cómo se están gestionando los fondos europeos. ¿Qué quiere hacer con ellos Madrid que el Gobierno no le permite?

Querríamos tener una mayor capacidad para disponer de esos fondos, que vienen muy determinados por el Gobierno de España. Es una imposición unilateral de la asignación de estos fondos, al revés de lo que ha hecho Mario Draghi en Italia. Draghi escuchó todas las peticiones y estableció un modelo muy consensuado. España ha elaborado un modelo del cual las comunidades somos absolutamente tributarias. El Gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana con los fondos y no ha contado con nadie que no fuera el propio Gobierno.