El Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto bajar el ritmo de decretos leyes aprobados y aplacar, así, la conflictividad con el Tribunal Constitucional. Fuentes gubernamentales han informado a El Periódico de España, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, que la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo dio varias instrucciones verbales a los ministros y ministras antes de dejar el cargo, la última apenas unos días antes, y que su sucesor al frente del departamento de Presidencia, Félix Bolaños, mantiene la premisa. No lo ha hecho al modo de su predecesora, pero sí ha dejado claro a los miembros de la coalición que cualquier decreto que planteen debe estar acompañado de un informe que demuestre la razón de necesidad y urgencia por el que se impulsa.

El empeño de Calvo por reducir el número de "decretazos" (como se conoce en jerga parlamentaria su uso abusivo) tiene una implicación política y una lectura legal. La más apremiante es ésta última porque el pasado 13 de mayo el Tribunal Constitucional lanzó una advertencia seria al Ejecutivo al anular el decreto de medidas económicas y sociales contra el covid aprobado el 17 de marzo de 2020, en pleno 'shock' por el estallido de la pandemia.

El motivo por el que lo suspendió radicaba, bien es cierto, en una de las disposiciones finales, aquella en la que el Gobierno blindaba la modificación de la comisión delegada del CNI por la que apostó en un decreto anterior. Se trataba de llevar a efecto la incorporación del entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del entonces jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, a dicha comisión. Estéticamente, era un ardid feo; políticamente, reprobable. Desde un punto de vista constitucional acabó siendo censurado.

En la sentencia aparecieron una serie de expresiones que elevaron el cariz político de lo que se estaba analizando. La más destacada, ésta: "Acudiendo a una jurisprudencia consolidada en esta materia, se pone de manifiesto que el Gobierno no justificó la extraordinaria urgencia de esta medida en el procedimiento de elaboración de la norma; ni la misma guarda coherencia con los motivos generales que determinaron la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, y que no se discuten".

Traducción: ojo con los reales decretos leyes, pues son recursos legislativos que la Constitución ampara (artículo 86), pero sólo para situaciones de "extraordinaria urgencia". No de urgencia tan solo, sino de "extraordinaria urgencia".

Y así se desliza la implicación política. El proceso legislativo ordinario en este país es el que incumbe al Congreso de los Diputados y al Senado. El que permite la negociación parlamentaria, el intercambio de medidas, la transacción dentro de un plazo más flexible. El decreto ley se salta todos estos requerimientos. En un Parlamento fragmentado, sin mayorías claras, la interacción entre los grupos cobra más relevancia. Limitarla crea sospechas.

Carmen Calvo se aplica el cuento

A la vicepresidenta primera varios aliados parlamentarios le decían con asiduidad que al Congreso llegaban demasiados decretos leyes; que aunque se tramitaran como proyectos, y por tanto se pudieran cambiar (aunque luego muchos se quedan en un limbo, olvidados), la negociación estaba adulterada de inicio. Un decreto entra en vigor en el mismo momento en que lo publica el Boletín Oficial del Estado tras aprobarlo, generalmente la víspera, el Consejo de Ministros. Lo que hace la Cámara Baja, 30 días más tarde, es convalidarlo o derogarlo, es decir, o lo avala o lo elimina, pero no promulga nada, pues eso ya lo ha hecho el Gobierno.

Cuando el pasado 13 de mayo el Tribunal Constitucional lanza esa reprimenda por el decreto del CNI, Calvo ya llevaba días advirtiendo a sus homólogos que había que bajar el ritmo. La sentencia de los magistrados no hizo más que redoblar la petición. En las reuniones de la comisión de secretarios de Estado, la que prepara los consejos de ministros, repitió la exigencia. En los propios consejos de ministros, también.

A primeros de julio Pedro Sánchez efectuó la esperada remodelación del Gobierno y Calvo salió. Las fuentes consultadas destacan que su sucesor al frente del Ministerio de Presidencia, Félix Bolaños, no ha sido tan insistente ni ha recurrido a advertencias verbales. Pero, apuntan dichas fuentes, todos los ministros y ministras, así como sus secretarios de Estado, saben que si proponen un decreto, tendrán que remitir como anexo un informe que explique con total claridad la situación de "extraordinaria necesidad" que lo motiva.

Una anomalía legislativa

La pandemia distorsiona la comparación, pero las cifras no dejan de ser reveladoras por ello. Los gobiernos de Felipe González aprobaron 112 decretos leyes en 14 años; los de José María Aznar, 131 en ocho años; los de José Luis Rodríguez Zapatero, 104 en casi ocho años; y los de Mariano Rajoy, 106 en seis años y medio. Los ejecutivos de Pedro Sánchez suman ya 101 desde el 1 de junio de 2018, tras desembarcar en Moncloa por la moción de censura.

La alusión a la pandemia no puede obviarse. La excepcionalidad en la que vivió España desde marzo a junio de 2020 provocó una crisis económicas sin precedentes, de la que el mundo trata de recuperarse aún. Una veintena de reales decretos leyes emitió el Gobierno de marzo a julio, lo que en gran medida contextualiza la cifra tan alta registrada a final de año: 39.

Revisar esos decretos supone enumerar una serie de temas sobre los que no cabía dilación, debido precisamente al contexto de pandemia: protección de los trabajadores, adaptación de la administración de justicia, blindaje de sectores empresariales, ayudas al ámbito cultural... Más tarde vinieron otros para regular el teletrabajo o para preparar al país para le llegada de los fondos europeos, o para gestionar las consecuencias del "brexit", o para aliviar la tesorería municipal. Éste fue derogado, por cierto, el único de lo que va de legislatura. Fue una dura derrota política para el Gobierno.

Este año 2021 acumula ya 20 reales decretos leyes, el último el de las medidas para la reconstrucción de la isla de La Palma. El Congreso, la semana pasada, convalidó dos: el que mitiga el efecto del encarecimiento del gas en la factura eléctrica y el que alarga los ERTE hasta el 28 de febrero. Recordarlos ilustra que claro que hay situaciones que requieren legislación a toda prisa.

De hecho, como destaca una fuente del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, en el plano laboral son frecuentes los decretos desde hace muchos años. Este departamento está ultimando uno que será la antesala del proyecto de ley que culminará en la derogación de la reforma laboral. En el lado contrario, el de los "rider", en vigor y convalidado por el Congreso, sí, pero pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional que puede ser como la del decreto del CNI.

Porque en el alto tribunal se están tomando decisiones que cuestionan de cabo a rabo algunas medidas del Gobierno. Ha declarado ilegales los dos estados de alarma, el de marzo-junio de 2020 y el de noviembre 2020-mayo 2021, así como el relativo parón que se vivió en el Congreso después de, precisamente, declararse el primer estado de alarma. El PSOE y el PP están a punto de reemplazar a cuatro magistrados cuyos mandatos habían caducado, pero no parece que cambie el sello ideológico de la mayoría. Por lo que pueda pasar, en Moncloa los decretos leyes volverán a su hábitat natural: el de la "extraordinaria necesidad".