Gobierno y PP han cerrado por fin el acuerdo sobre la renovación institucional que afecta a cuatro instituciones. En primer lugar pactaron que Teresa Jiménez Becerril sea la número dos de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo. La diputada del PP, hermana de Alberto Jiménez Becerril, el concejal del Ayuntamiento de Sevilla asesinado por ETA en enero de 1998, dejará su escaño para ocupar el cargo. Fuentes populares recalcan que "la defensa de la libertad ha marcado la trayectoria profesional" de la parlamentaria sevillana, que "es un referente moral para toda España".

Por su parte, las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional serán Enrique Arnaldo Alcubilla (letrado de las Cortes Generales), Concha Espejel Jorquera (presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), Inmaculada Montalbán Huertas (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y Juan Ramón Sáez Valcárcel (magistrado de la Audiencia Nacional). Estos nombramientos eran, probablemente, la parte del acuerdo más delicado. Las dos partes aseguran sentirse "satisfechos" y desde el PP recalcan que, tal y como prometieron, son "nombres técnicos" sin responsabilidades políticas en el pasado y con una trayectoria profesional acreditada. Insisten en que el nombre del exministro Juan Carlos Campo nunca estuvo encima de la mesa.

Tribunal de Cuentas y Protección de Datos

En cuanto al Tribunal de Cuentas, la institución que tenía pendiente renovar a sus doce consejeros, los nombres que forman parte del acuerdo son: Enriqueta Chicano Jávega (consejera del Tribunal de Cuentas), Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM), Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas), Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid), Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo), Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia), José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil), Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona), Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada), Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya), Mª Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona) y Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas).

La directora de la Agencia de Protección de Datos será Belén Cardona Rubert (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia); y su número dos, Borja Adsuara Varela (abogado y consultor en derecho digital).

El acuerdo se conoce justo una semana después de que comenzaran las conversaciones entre los dos grandes partidos. Fue Pablo Casado quien lanzó el ofrecimiento desde su escaño en el Congreso, y el Ejecutivo recogió rápidamente el guante. Los dos interlocutores han sido en todo momento el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. La negociación, reconocieron ambas partes en estos días, estaba "muy madura" desde el principio por los avances que ya se hicieron en febrero cuando estuvo cerca de cerrarse el acuerdo.

El PP califica de "satisfactorio" el acuerdo con el PSOE Agencia ATLAS | Foto: EFE

EL CGPJ se queda fuera

Lo que ha quedado fuera del primer paquete de la renovación institucional y ni siquiera ha estado presente en las conversaciones ha sido el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces es en realidad el principal escollo de la negociación y la institución más importante que acumula años de retraso. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha insistido en muchas ocasiones en la necesidad de actualizar a sus miembros cuanto antes, instando a los dos principales partidos a cumplir con el mandato constitucional.

Las posiciones en este punto, sin embargo, siguen alejadas. El PP insiste en avanzar hacia la independencia judicial cambiando la ley y reformando el sistema de elección de los jueces (y que sean los propios magistrados los que elijan a 12 de los 20 vocales). El PSOE, por su parte, defiende el modelo actual y no comparte la reforma de ley orgánica. Los populares entienden que la única forma de desencallar la situación es que los socialistas encuentren una fórmula que cumpla con sus peticiones. Mientras eso no ocurra, afirman, no habrá acuerdo. Y, de hecho, este ha sido el principal motivo para desgajar la negociación.

Aún así, el PSOE también ha enviado un recado a los populares en su comunicado: "Este acuerdo debe extenderse también al CGPJ, órgano de gobierno de los jueces. El Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan están dispuestos a lograrlo sin dejar pasar más tiempo", dejando entrever su voluntad de avanzar de una vez por todas con o sin el PP.

Calendario

Según establecen las normas de la Cámara, es la Mesa del Congreso la que debe abrir un plazo para la presentación de las candidaturas para el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Una vez acabe el plazo y se reciban las candidaturas -cada grupo puede proponer como máximo, tantos candidatos como puestos haya que cubrir- esta se remitirán a la Comisión Consultiva de Nombramientos, que examinará las candidaturas presentadas.

Si alguna no se ajusta a los requisitos objetivos establecidos en la Constitución, la rechazará e informará al grupo proponente para que presente nuevos nombres. Si todos cumplen los requisitos, la Comisión Consultiva, a iniciativa propia o a petición de un grupo, podrá acordar la comparecencia personal de los candidatos para que sean examinados por los diputados.

La Comisión Consultiva de Nombramientos, que preside la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, trasladará al Pleno su criterio sobre la idoneidad de los candidatos en los casos del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, que han de ser elegidos en sendas votaciones en el hemiciclo.

Dado que la semana que viene se producirán las comparecencias en la Comisión de Presupuestos y que la siguiente tendrá lugar el debate de totalidad de las cuentas en el Pleno, es previsible que la sesión para la elección de los nuevos miembros de los órganos constitucionales pactados por el Gobierno y los populares no se convoque, al menos, hasta la semana del 10 de noviembre.