El informe de los letrados del Parlament que propone modificar el reglamento de la Cámara y que entró a última hora en el orden del día de la reunión de la Mesa de este martes, ha marcado la actualidad política en Cataluña en las últimas horas. El documento plantea la supresión de un artículo del reglamento crucial para el futuro político de la presidenta del Parlament, Laura Borràs: el que podría provocar que la inhabiliten cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le abra juicio oral por fraccionar contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

ERC y CUP sospechan que Borràs quería usar el documento, que adelantó el lunes El Periódico de Catalunya, para promover una reforma exprés del reglamento. De hecho, consideran que las propuestas de los servicios jurídicos de la Cámara exceden sus competencias. "El informe va más allá de cuestiones técnicas y es la comisión del reglamento la que tiene que abrir la ponencia conjunta para elaborar el texto de la reforma del reglamento", opinan fuentes anticapitalistas. Cabe recordar que fue la CUP quién impulsó el artículo que ahora los letrados abogan por suprimir, trazado después de varios cónclaves sobre medidas de tolerancia cero con la corrupción. De ahí que ni Esquerra ni los 'cuperos' se avengan ahora a retirarlo, dejando así sola a Borràs.

En manos de los grupos

El PSC mostró su malestar desde primera hora de la mañana. “Las modificaciones legislativas las tienen que hacer los grupos en ponencia, no la Mesa”, ha recordado la portavoz parlamentaria socialista, Alícia Romero, que ha añadido: “Que la Mesa presente un documento con modificaciones políticas no nos parece de recibo, y además lo enviaron a los miembros de la Mesa con menos de 24 horas de antelación”.

Los servicios jurídicos propusieron los cambios bajo el epígrafe de “propuestas jurídicas y técnicas de reforma del reglamento”, pero los socialistas creen que algunas modificaciones que se proponen “son de fondo” y “son de parte”. “La presidenta del Parlament debería ser de todos. Debería dignificar las instituciones, no patrimonializando la institución del Parlament. La modificación del Parlament no le toca a la Mesa, sino a los grupos. La Mesa puede hacer los informes que considere, pero no puede modificar leyes”, ha insistido Romero.

Reforma "a la carta"

Los comunes han usado argumentos parecidos y han arremetido con dureza contra Borràs. “El Parlament no es su cortijo, las normas son para todos. Más cuando es evidente que estos cambios tienen un propósito muy concreto de beneficiarla", ha dicho el portavoz de En Comú Podem, David Cid. “Esta es una reforma a la carta de la presidenta, a quien dentro de poco solo le faltará poner su foto sobre el escudo de la entrada", ha añadido.

En cuanto a Ciutadans, su líder en el Parlament, Carlos Carrizosa, también se ha opuesto a los cambios: "Borràs quiere reformar el reglamento de esta Cámara por la puerta de atrás para quitar la palabra corrupción y poder así atornillarse al escaño y cobrar lo que cobra. Tiene prisa porque el TSJC podría abrir juicio oral en cualquier momento. Y como no se puede borrar el delito, se borra el reglamento".

El entorno de la presidenta del Parlament asegura que pidió el informe por "unanimidad", aunque la potestad de solicitarlo es únicamente de Borràs y no requiere del consenso del resto de grupos. Ahora bien, este informe puede servir a Junts para impulsar la ponencia que modifique el reglamento, aunque el resto de grupos parlamentarios dan por hecho que en la comisión de reforma del reglamento sería muy difícil que se aprobara la supresión del artículo que trata de la suspensión de los diputados a los que se abra juicio oral por corrupción.