Pedro Sánchez fijó la posición del Gobierno sobre la gestión de la reforma laboral el viernes pasado en Bruselas, cuando en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la UE apostó por la "colaboración y la cooperación" de los dos partidos que integran la coalición. Es la posición que dio en público, en pleno estallido de la que hasta ahora es una de las discrepancias más serias del Ejecutivo.

Pero en privado esa misma posición la fijó cuatro días antes, en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del nuevo PSOE que salió del congreso de Valencia. Distintas fuentes socialistas que estuvieron presentes han destacado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que durante la sesión se produjo un debate interesante acerca de la reforma laboral, y sobre todo, acerca del papel que la organización habría de desempeñar en ella.

El propio presidente intervino para defender la implicación del sector socialista del Gobierno, y por tanto, la creación de un espacio de cogestión. Ya entonces recalcó la importancia de la cooperación y la coordinación, y puso varios ejemplos para ilustrarlo. Habló Sánchez de la negociación presupuestaria y de la naturalidad con la que estaba asumido que el liderazgo de la misma lo ejerzan la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (Unidas Podemos). Puso otro ejemplo, la redacción de la ley de vivienda, aprobada este martes por el Consejo de Ministros. En su redacción han participado la ministra Ione Belarra, también secretaria general de la formación 'morada' , y su homóloga en Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien proviene del PSC. En este departamento ha asumido un rol protagonista, por cuestión de competencia, el secretario general de Vivienda, David Lucas, también socialista.

La reclamación del secretario general del partido y presidente del Gobierno reveló una carencia que en las filas de su formación se lleva tiempo notando

La irrupción del PSOE en la gestión de la reforma laboral es "de cajón", apunta una fuente socialista, pero la reclamación del secretario general del partido y presidente del Gobierno reveló una carencia que en las filas de su formación se lleva tiempo notando. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lidera la gestión con tal habilidad en la comunicación que empezaba a cundir la impresión de que, si salía adelante, todo el mérito, el éxito y el foco se volcaría en la dirigente de Unidas Podemos.

Según las versiones recabadas por las fuentes, nadie habló en ningún momento de apartar a Díaz de la gestión, pero sí de transmitir que el PSOE debía agarrar también la bandera de la reforma laboral. No es un tema menor. Es, posiblemente, uno de los estandartes de la legislatura. Un asunto que encarna la visión de un Gobierno sobre las condiciones de los trabajadores y de los empresarios. Un aspecto, en resumen, crucial en la ideología e ideario de cualquier gestión de lo público, en opinión de una de las fuentes consultadas. Renunciar a esa gloria no es algo que se puedan permitir los socialistas.

El conflicto y las palabra de Lastra

Siempre según las fuentes, el presidente no pronunció el nombre que más ha enfadado al sector 'morado' del Gobierno: Nadia CalviñoSe limitó a defender el papel del PSOE en la que está llamada a ser la reforma emblema de la coalición.

El pasado día 22 trascendió el conflicto que se venía larvando. Belarra publicó un tuit en su cuenta en el que anunciaba la petición de una reunión urgente de las delegaciones de los partidos que componen el Ejecutivo. La reunión tuvo lugar el pasado lunes y culminó sin acuerdo sobre la metodología de la gestión de la reforma laboral.

El anuncio provocó temblores en los cimientos de la coalición y en las paredes de las sedes de los partidos, porque horas después del mensaje se filtró la razón que lo motivó: las injerencias de Calviño. Este medio publicó que una de las causas del malestar del equipo de Díaz en el Ministerio de Trabajo radicó en un cruce de correos sin contestación procedente del equipo de la vicepresidenta primera y responsable del área económica del Gobierno. El cruce de filtraciones para que las culpas cayeran de un lado o de otro han sido una constante, al menos hasta este martes, cuando el tono de las declaraciones apunta a una distensión.

Desde el pasado viernes hasta el lunes diversos dirigentes del PSOE han enfatizado la influencia que las siglas socialistas deben ejercer en la negociación de un nuevo modelo laboral. Quien con más contundencia se ha expresado ha sido la vicesecretaria general, Adriana Lastra, quien en el cierre del congreso de la federación extremeña, el domingo, aseguró que la reforma "la hará el PSOE".

Esto mismo es algo que los interlocutores socialistas transmitieron a los representantes de Unidas durante la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, aunque con el matiz de la necesaria coordinación. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se ha movido en esa tesis en la rueda de prensa de después del Consejo de Ministros.

La del mercado laboral es una "reforma estructural, que afecta a muchísimos ministerios, al menos a cinco (...). No es intervenir, es aportar, colaborar. Es la reforma del Gobierno de España, y por lo tanto, son todos los ministerios que están afectados los que tienen que aportar su visión”, destacó Sánchez en Bruselas, el viernes pasado.

El contexto electoral de la disputa

La opción de relegar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo a un segundo plano se enmarca en una coyuntura electoral muy particular. La legislatura se acerca al ecuador y las previsiones del propio Gobierno, incluso las del sector más próximo al presidente, miran los comicios generales muy lejos, a finales de 2023. Pese a ello, la previsible candidata de una plataforma o movimiento de izquierdas, en el que Unidas Podemos sería un exponente más, empieza a cobrar una popularidad y estima social cada vez mayor. Lo manifiestan las encuestas del CIS y la de entidades privadas.

Los ERTE han sido una medida unánimemente reconocida y en la reforma laboral están puestas expectativas muy altas. Reforma que atraviesa una fase decisiva, toda vez que antes de que termine el año algunos de los ámbitos deben ser derogados. El Ministerio de Trabajo tiene casi hecho un decreto y planea el anteproyecto que habría de dar forma a la nueva regulación. En el entorno de Díaz creen que la polémica de estos días pretende, ante todo, erosionar su figura y su gestión.