Los puentes que se dinamitaron durante el otoño político de 2017 se están reconstruyendo. Su estabilidad futura está por demostrar pero, de momento, han sostenido el paso de 3.739 nuevos agentes para los Mossos d'Esquadra. No es cualquier cosa. La policía de la Generalitat estuvo en el punto de mira del Estado, y de su justicia, que sospechó durante tres años que fue parte clave en el intento frustrado de independencia. Que este viernes los gobiernos español y catalán hayan acordado reforzar el cuerpo de seguridad autonómico es sintomático. El 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, encargado de anunciarlo, ha tildado la noticia como la más relevante en materia de seguridad de cuantas se han producido en los últimos años. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que "lo único" que debe preocupar a los mandatarios de ambas administraciones es la seguridad de los ciudadanos catalanes.
Estos 3.379 agentes supondrá incrementar la plantilla de los los Mossos en un 20%. El techo fijado en 2006 era de 18.267 agentes y ahora se situará en los 20.006. Para los sindicatos de los Mossos, también para los propios agentes, la falta de efectivos para asumir el día a día del cuerpo ha sido hasta la fecha un mal endémico. Elena, que ha subrayado que considera una buena cifra la aprobada en la Junta y la vitoreado su logro a pesar de las "diferencias" que todavía separan ambos gobiernos, ha aclarado que las oposiciones se mantendrán alrededor de 800 nuevos efectivos cada año. "No haremos una convocatoria de nuevas plazas de 3.000 policías".
La necesidad de aumentar la plantilla, para el 'conseller', viene dada por el crecimiento de población residente en Catalunya desde 2006 y por la aparición de nuevos retos que debe asumir el cuerpo catalán, como el terrorismo, la ciberdelincuencia o el crimen organizado que anida en la comunidad autónoma a causa del boom de la marihuana.
Apoyo a la víctima de Igualada
La Junta de Seguridad de Cataluña se ha reunido este viernes con el telón de fondo de la conmoción social causada por la salvaje violación, probablemente grupal, de una chica de 16 años en Igualada. El de la ampliación de la policía autonómica es un asunto clave, pero no menos urgente que el otro gran asunto del orden del día: la mejora de la integración de los sistemas de información sobre violencia machista de la policía catalana y las estatales. La reunión se ha celebrado en un momento de máxima sensibilidad social sobre el tema. Tras la agresión de Igualada, el propio Aragonès ha encabezado concentraciones de rechazo. La víctima aún está siendo tratada en la UCI del Hospital Sant Joan de Déu.
Tanto Elena como el ministro Fernando Grande-Marlaska han comenzado su comparecencia en rueda de prensa –que han hecho por separado tras la Junta, a diferencia de como actuaron hace tres años con el anterior 'conseller' Miquel Buch– condenando "la atrocidad perpetrada" en Igualada. A puerta cerrada, Elena y Marlaska habían hablado del clima que ha dejado la violación en la opinión pública, que ha aportado relieve a uno de los acuerdos importantes ratificados en el encuentro. En esta Junta de Seguridad se le ha dado carácter formal a "un impulso de la interoperabilidad" del sistema Viogen de Policía y Guardia Civil con el de vigilancia de la violencia machista de los Mossos.
Tres años después
Marlaska ha destacado el clima "de cordialidad y cooperación" que ha presidido la reunión. "Hemos superado obstáculos que conocen –ha dejado caer en alusión no explícita a las turbulencias desencadenas por el 'procés'–, y me atrevería a decir que el modelo de coordinación institucional –entre ambas administraciones– es ejemplar". Según fuentes del Ministerio del Interior, el ambiente ha sido casi "fraternal". Hacia tres años que no se celebraba este encuentro bilateral, del máximo rango institucional en materia de seguridad, clave para resolver cuestiones como una ampliación del cuerpo de los Mossos. También cómo se financia este crecimiento. Elena ha recordado que el Estado todavía "debe" dinero a la Generalitat de la partida que sustenta la policía catalana. "Lo hemos hablado y hemos acordado que se irá solucionando", ha tranquilizado. El Estado debe todavía a las arcas de la Generalitat 550 millones de euros que, según dicta la ley, debe aportar en concepto de la policía autonómica. La deuda, que se disparó durante el mandato de Mariano Rajoy, se ha reducido con Pedro Sánchez en 450 millones.
El president Pere Aragonès ha encabezado la reunión a puerta cerrada, de la que después han dado cuenta Marlaska y Elena. Por parte del Govern han asistido también el secretario general Oriol Amorós; el director general de la Policía, Pere Ferrer, y el responsable de la Assessoria Jurídica, Francesc Claverol. El séquito del Gobierno ha estado también formado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la delegada en Catalunya, Teresa Cunillera, y el director de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez.
Había además en el trasfondo de esta reunión una presencia ineludible del debate sobre la inseguridad en Barcelona y las protestas de los mossos y los policías locales por las numerosas agresiones de que son objeto, y que han llevado a una condena del Parlament solo 24 horas antes de esta Junta de Seguridad.
En la cita se ha abordado también otra integración operativa de los Mossos con el resto de policías, en este caso en el frente del cibercrimen. A partir de este año, representantes de la policía catalana van a participar incluso en la elaboración de los planes técnicos estratégicos del Ministerio del Interior en esta materia "desde su génesis", confirman fuentes del departamento ministerial.
