El juez Joaquín Gadea, en funciones de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, se ha reafirmado en la decisión adoptada en marzo de no volver a tomar declaración a Dina Bousselham, exasesora del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, hasta recibir el informe policial que solicitó hace ocho meses sobre la tarjeta telefónica que dio origen al procedimiento al serle encontrada una copia al excomisario José Manuel Villarejo.
El auto, que incluye las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que revocaron el fin de la instrucción y en las que instaban al juez a tomar declaración a Bousselham, a quien era su pareja Ricardo Sa Ferreira y al exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, señala que dado el tiempo transcurrido desde que solicitó la pericia su resultado se presume inminente y de su contenido "se podrían obtener extremos esenciales para la investigación", lo que podría condicionar cómo realiza la citación.
Reforzar sus argumentos
El magistrado afirma que debe mantenerse la decisión adoptada en marzo "por cuanto el contenido de la pericial podría condicionar el modo en que ambos deberán ser citados, y del señor Pino y de los dos peritos, cuya declaración instó a realizar el Tribunal Supremo”. El juez también defiende que de la pericial se podrían consolidar los indicios ya apuntados en la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo para que actuara contra Iglesias cuando aún no había abandonado la política.
El juez explica que en este momento no se puede entrar a valorar la conexión de estas infracciones con las que son objeto de este procedimiento, ni la competencia del juzgado para conocer los delitos de falso testimonio, aunque señala que podría servir como criterio orientador lo acordado por la Sección Tercera en relación con esta cuestión.
