La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, ha finalizado la investigación contra el expresidente del Parlament y actual 'conseller' Roger Torrent, así como contra otros exmiembros de la mesa de la Cámara catalana, por la presunta desobediencia por haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al 'procés' en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional (TC). La jueza considera que existen indicios de la comisión de delito y ha acordado la continuación de las diligencias judiciales, dando traslado a las acusaciones para presenten sus calificaciones, De esta manera, el alto cargo queda a un paso de ser juzgado, al igual que el resto de imputados y compañeros soberanistas, Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC).
El alto tribunal admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña en marzo del 2020, al estimar que los hechos que detalla la acusación pública presentaban "a priori una apariencia delictiva", si bien advertía de que, con su resolución, no asumía ni daba por supuestas "en absoluto" sus valoraciones.
El derecho a la autodeterminación y la monarquía
Antes de la interposición de la querella, el TC acordó por unanimidad requerir a la fiscalía que estudiara si Torrent y sus compañeros de la Mesa habían cometido un delito de desobediencia por admitir la tramitación en el Parlament de dos resoluciones, en octubre de 2019, en las que se reivindicaba el derecho a la autodeterminación y se reprobaba al Rey. Ambos textos fueron recurridos por el Gobierno.
El TC consideró entonces que estas resoluciones de la Cámara catalana atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que el Parlament proclamó el inicio del 'procés'. El alto tribunal advirtió expresamente a la Mesa de que debía abstenerse de realizar cualquier actuación referente a estas mociones en los apartados anulados.
Torrent sostuvo en su declaración que actuó correctamente en defensa de “la libertad de expresión e ideológica de los diputados”, a la vez que advirtió que una eventual sentencia condenatoria sería un “precedente nefasto” para el debate parlamentario. E insistió en la "neutralidad política" de la Mesa del Parlament a la hora de tirar adelante cualquier iniciativa de los grupos políticos.
