Varios partidos nacionalistas quieren eliminar la monarquía. El objetivo no es novedoso, pero sí lo es la nueva vía por la que quieren intentarlo. ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, la CUP y BNG han registrado una enmienda a la ley de Memoria Democrática para "suprimir el título de Rey de España". A todas luces, el cambio que proponen no saldrá adelante en el Congreso. Y, además, aunque original, su propuesta chocaría con la Constitución y sería tumbada por el Tribunal Constitucional. Lo que sí permite ver esta enmienda es que el Gobierno no cuenta aún con el apoyo de parte de sus socios parlamentarios para aprobar una de las leyes estrella de la legislatura.

La redacción de la enmienda registrada es sencilla. "De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, se suprime el título de Rey de España así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan". En poco más de 30 palabras, los 29 diputados nacionalistas quieren cambiar la forma de Estado de España agarrándose a un artículo del proyecto ley de Memoria Democrática relativa a la retirada de "reconocimientos, honores y distinciones" concedidos por "exaltación o enaltecimiento" de la dictadura de Franco.

"La restauración de la Monarquía en el Estado español tiene su origen en la dictadura franquista", argumentan para defender que se debe suprimir el título de Rey de España. A continuación, recuerdan que Juan Carlos I reconoció "la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino". Es decir, que exaltó la dictadura. Por último, restan valor al referéndum que amparó la Monarquía por presentarse como una disyuntiva entre "una dictadura absoluta o una suerte de sistema nuevo denominado "monarquía parlamentaria".

Conseguir los apoyos para impulsar esta enmienda es del todo improbable y, además, sería anticonstitucional. La Constitución, en su título segundo, blinda la figura del Rey de España. Por tanto, un cambio de la forma del Estado requeriría una modificación sustancial de la Carta Magna.