ERC reaccionó airada este miércoles porque la enmienda que habían pactado los socios de la coalición de gobierno para poder investigar los crímenes del franquismo era, a su juicio, "humo". Y el Ejecutivo reconoce, en cierta medida, que eso es así. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, admitió este jueves que, cuando entre en vigor la nueva ley de memoria democrática, "no cambia" la situación vigente, porque ratifica la ley de amnistía de 1977 y porque una norma que no tiene carácter orgánico no puede tocar la legislación penal, ni tampoco puede funcionar de manera retroactiva. Los cambios pactados por tanto por socialistas y morados, expuso, simplemente ponen "en valor" tanto la ley de 1977 como los tratados internacionales.

La viabilidad de la nueva ley de memoria democrática está ahora mismo en el aire porque no cuenta con los apoyos suficientes. Los republicanos, principal socio del Ejecutivo, rechazan la redacción del proyecto —que tenía casi lista Carmen Calvo cuando salió del Gobierno y que retomó Bolaños como ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática— y consideran insuficientes las incorporaciones que PSOE y Unidas Podemos propusieron este miércoles en el Congreso.

En concreto, una de sus 30 enmiendas, la que especifica que "todas las leyes del Estado español", incluida la ley 46/1977, de amnistía, "se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Parecía así abrirse paso la posibilidad de que se pudieran juzgar los crímenes del régimen, algo que no ha sido posible desde la Transición, porque todas las demandas se han estrellado contra el muro de la ley de amnistía, que el Gobierno de Adolfo Suárez sacó adelante en octubre de 1977 con amplísimo respaldo y que pretendió la reconciliación entre españoles: permitió la salida a la calle de los presos políticos del franquismo, pero también facilitó que no se juzgara a los represores de la dictadura.

Bolaños aseguró en 'Más de uno', en Onda Cero, que con el cambio que proponen PSOE y Unidas Podemos se "ratifica la vigencia de la ley de amnistía", y "en absoluto" se deroga, como quiere ERC. "Lo que hemos hecho, simple y llanamente, como es un tema que se trata en la ley, es poner en valor tanto la ley de amnistía y los tratados internacionales. Cuando entre en vigor la ley [de memoria], la situación jurídica en esta materia será la misma que tenemos desde 2002, cuando España ratifica el Estatuto de Roma y lo incorpora al Código Penal en 2003. Desde ese momento, ya se aplican la ley de amnistía y los tratados internacionales en España", defendió el ministro en la radio.

Bolaños se declara defensor de la Transición y reivindica la ley de amnistía, una "piedra fundamental" para la "consolidación de la democracia"

De este modo, "la enmienda pone en valor estas dos circunstancias, y que no haya ninguna duda de que queda ratificada la vigencia de la ley de amnistía", subrayó Bolaños, para quien resulta "curioso" que unos pidan la derogación de la norma de 1977 (ERC) y otros (la derecha) critiquen al Gobierno por derogarla, cuando es evidente que "las dos cosas no pueden ser". Es más, el titular de la Presidencia se declaró un "absolutamente indiscutible" defensor de la Transición y reivindicó una ley, la de 1977, que fue una "piedra fundamental" para la "consolidación de la democracia" y que enarboló la izquierda ya que permitió a muchos de los suyos abandonar la cárcel, a la que fueron enviados por sus ideas.

"No tocamos nada"

El ministro argumentó que desde que España ratificó el Estatuto de Roma y lo incorporó a su propia legislación, todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad y las torturas "se pueden investigar" en España, pero teniendo en cuenta que "la legislación penal no puede ser retroactiva", y por eso no se han podido investigar los delitos del franquismo desde 2002.

Ni podrá haber, por tanto, nuevas pesquisas, concluyó el director del programa, el periodista Carlos Alsina. "Esta legislación [la ley de memoria] no puede tocar tampoco la legislación penal, no es una ley orgánica, es una ley ordinaria, de tal manera que el régimen legal en España es el mismo desde 2002. Nosotros no tocamos nada, y la ley de memoria, cuando entre en vigor, no lo cambiará. ¿Se pueden investigar [los crímenes del franquismo]? Como desde el año 2002". Y es que es cierto que hay "dificultades", subrayó, para llevar a cabo esas acciones, porque tras más de 40 años de democracia, "casi no queda nadie vivo" de los que "vulneraron" los derechos fundamentales, y la Constitución impide que el Código Penal se aplique de manera retroactiva.

El ministro reconoce las "dificultades" para perseguir los crímenes del franquismo: ya casi no hay presuntos represores vivos y no es posible aplicar la ley penal de manera retroactiva

Bolaños eludió comentar las palabras de Gabriel Rufián este miércoles en el Congreso, cuando calificó de "humo" la enmienda de socialistas y morados. Se limitó a explicar "la realidad de las cosas", el sentido de lo pactado y se apoyó en que un voto particular de una magistrada del Tribunal Constitucional apunta lo mismo que señala la propuesta de los socios de la coalición. E insistió en que es una "anomalía" que España no disponga de una ley de memoria democrática como la que tienen otros países, porque la vigente, de 2007, se quedó corta, y esta pretende "avanzar en la línea del consenso internacional" y aportar "dignidad" a la democracia, haciendo justicia y reparando a las víctimas del régimen.

Otra de las enmiendas plantea cambiar el nombre de Valle de los Caídos por el de Valle de Cuelgamuros, el nombre original, "más neutral y ecléctico", ya que la pretensión es "resignificar" el recinto, que sea un "lugar de memoria", donde se relaten y se reconozcan los pasos que el país dio hasta llegar a la democracia, siguió el ministro.

"Convencido" de la renovación

Bolaños tiene en sus manos la negociación con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aún pendiente. No dio detalles de las conversaciones con el número dos de los conservadores, Teodoro García Egea, aunque se mostró "convencido" en que será posible relevar a los 20 vocales y a su presidente. Las dos partes siguen "trabajando" para que se actualice porque eso es "cumplir la ley". "Pido al PP, quien tiene la llave, que ese diálogo y voluntad de acuerdo y de cesiones se tiene que extender al CGPJ", demandó. También aseguró que no tiene "duda" de que el TC acometerá su siguiente renovación en junio: es el cupo que le corresponde elegir al Gobierno (dos magistrados), aunque el Poder Judicial tendría que nombrar a otros dos, y no podría hacerlo si sigue con el mandato vencido.

Bolaños evita polemizar con Redondo y hace suyas "todas" las decisiones de Moncloa, también la moción de Murcia: "Yo le digo que formé parte del equipo. Y no solo yo, sino mucha más gente"

Respecto a su relación con Iván Redondo, mostró primero su "agradecimiento y consideración" hacia quien fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez hasta el pasado julio y con quien ha trabajado "codo con codo". El exasesor del presidente ha venido defendiendo estos meses que se le mantuvo al margen de la operación para presentar una moción de censura en Murcia, movimiento que conllevó el anticipo electoral en Madrid. "No voy a entrar en quién estaba y quién no estaba [en el diseño de la maniobra]. Yo le digo que formé parte del equipo. Y no solo yo, sino mucha más gente. Yo formo parte del equipo, y todas las decisiones, las buenas y las menos buenas, todas las hago mías, sin excepción. Se toma esa decisión por parte del partido en Murcia, por supuesto que en Ferraz teníamos conocimiento y autorizamos a que se presente y lo firman los seis diputados de Cs y el PP consigue cuatro tránsfugas, cuatro de seis", contestó Bolaños, quien subrayó la pertinencia de aquella moción, porque había "razones más que justificadas" para un cambio de Gobierno. Ahora las hay con mayor razón, remachó, porque "es muy grave" que se conserve un Ejecutivo, como ha hecho el popular Fernando López Miras, tirando de "tránsfugas".