El Gobierno permanece atento a la oleada de movilizaciones que ha comenzado a inundar las calles pero no exhibe síntomas de inquietud. No hay temor al "invierno del descontento" al que apuntan algunos expertos en todo el continente europeo. Una suma de crisis energética, fallos en la cadena de producción y distribución, problemas económicos, subida de los precios y repunte de la pandemia, entre otros factores, que provoque un estallido social.

No han perdido ojo de las protestas en Cádiz, de las manifestaciones de Policía y la Guardia Civil por la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley Mordaza', o de las movilizaciones que ha anunciado el sector agrario y ganadero pero no piensan que esto represente un clima de malestar social contra el Gobierno de coalición. "Atención y reflexión más que preocupación", aseguran. Aunque en Cádiz se ha producido una huelga indefinida en el sector metalúrgico, que ha enfrentado a Unidas Podemos con el Ministerio del Interior por la actuación policial, consideran que es algo "puntual", fruto de la negociación del convenio colectivo, sobre el que precisamente ayer se llegó a un preacuerdo. Según Moncloa con la ministra de Industria, Reyes Maroto, como muñidora. Puede que haya más situaciones parecidas, asumen, pero no atisban una crisis general.

Menos condescendiente se muestran con las concentraciones policiales y las marchas del campo. Fuentes socialistas afirman que "están politizadas" y señalan directamente a PP y a Vox como inductores. "No sé quién las ha impulsado y quién se ha sumado después", explican, pero es "un intento de ganar en la calle lo que no pueden conseguir en el Congreso", en referencia a las movilizaciones de decenas de policías y guardias civiles que este miércoles se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Madrid y que han contado con el apoyo de Pablo CasadoSantiago Abascal y Edmundo Bal.

"Cuándo han estado mejor los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que con Ejecutivos socialistas, tanto en salario como en número de plazas", se preguntan. Y con la misma suspicacia se refieren a los agricultores, a quienes, recuerdan las mismas fuentes, el Gobierno ha tratado de proteger con la ley de Cadena Alimentaria, que está a punto de aprobarse en la Cámara. Algunos de las organizaciones que ahora anuncian protestas, indican, "participaron en su redacción y se incluyó en el texto todas las propuestas que hicieron". Lo que sucede, insisten, es que la oposición trata de transmitir que existe un "rechazo" en la calle al Ejecutivo.

Habría "descontento", como se ha visto en otras ciudades europeas, si no "hubiéramos actuado contra la pandemia". Pero la situación en España, con el éxito de la vacunación, es "buena". "Si el responsable fuera un Gobierno del PP, si se le reconocería", lamentan. Un miembro del Gobierno se pronuncia también en el mismo sentido sobre el intento de "unos cuantos" de que se generalice un clima de malestar: "Es una irresponsabilidad alimentar una profecía para que se cumpla para mal".

Esto no obsta para que se admita que existe una "situación de sensibilidad emocional, social, post pandemia, máxima". Y que han estallado problemas que no estaban previstos como el aumento de los precios del gas natural, su efecto en la factura de la luz y la crisis de suministros. La pandemia, sostienen en el Ejecutivo, ha puesto de manifiesto unas debilidades que ya teníamos identificadas -la dependencia energética que tiene Europa o la supeditación al mercado asiático- y esto "genera tensiones para las que no estábamos preparados". Ha sido una "sacudida general".

La obligación del Gobierno, mantienen, es "buscar soluciones" pero la sensación es que "la gente quiere estar en paz" no salir de manifestación. "Ya se ha sufrido bastante". A pesar de se ha impuesto la impresión de que la recuperación económica no es tan sólida como se preveía -para el PP éste es ahora el principal motivo de erosión de Pedro Sánchez- en Moncloa reiteran que se habla de "recuperación y no de crisis". Lo que inquieta en el Gobierno no son las movilizaciones sino las "causas" que las impulsen. Se espera en que conforme salga más gente de los ERTE se aplaque el malestar que pueda existir en algunos sectores.

Ayer, la propia vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, preguntada en los pasillos del Congreso, negó que las protestas de Cádiz pueden ampliarse. "Estamos trabajando en una época muy dura, la pandemia ha sido muy complicada para todos y hemos hecho un esfuerzo como no se había hecho nunca de acompañamiento al sector productivo que está permitiendo la recuperación", dijo. Ribera se mostró confiada en que las medidas que se están adoptando, ante todos los problemas que han surgido, logren estabilizar la situación.

A esta senda de recuperación económica y social se agarra el Ejecutivo para superar este 'invierno caliente'. A que la subida de la inflación sea algo coyuntural y que logre controlarse en unos meses. Pero estas mismas semanas tiene que resolver la reforma laboral y en el próximo semestre abordar la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de ampliar de 25 a 35 los años de cómputo de las pensiones. Los dos temas, socialmente, polémicos.