El segundo juicio a Torra por desobediencia tendrá lugar a partir del 17 de marzo

El segundo juicio contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra por desobediencia empezará el próximo 17 de marzo de 2022 a las 09:30 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Esta segunda causa por desobediencia a Torra -tras la que le costó la inhabilitación por desoír a la Junta Electoral al no retirar a tiempo los lazos amarillos del Palau de la Generalitat en campaña electoral- se abrió en febrero de 2020 después de que, en septiembre de 2019, el entonces president se negase a acatar una orden del TSJC que le obligaba a retirar una pancarta a favor de los políticos presos de la sede del Govern, de forma permanente, no solo en periodo electoral.

La causa parte de una denuncia de Impulso Ciudadano, por la que el TSJC ordenó retirar la pancarta de manera cautelar, dio a Torra 48 horas para hacerlo y cuatro días después ordenó a los Mossos d'Esquadra que la quitaran.

Una vez expirado el plazo que había fijado el tribunal, y cuando los Mossos ya tenían la orden de retirar la pancarta, dos operarios la quitaron del balcón de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo.

Unas horas más tarde, la Generalitat colgó otra pancarta con el texto 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'.

En una causa anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) inhabilitó 18 meses a Torra por un delito de desobediencia por no retirar esta misma pancarta de la fachada de la Generalitat en periodo electoral, durante la campaña por las generales de abril de 2019.

La defensa de Torra

Tras conocerse la fecha de juicio, la oficina de expresidente de Torra ha defendido en un comunicado que la "persecución judicial" en su contra "no se para", añadiendo que los actos políticos del presidente y los miembros del Govern "están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, así como amparados por la libertad de expresión y de representación política".

Su defensa también sostiene que la pancarta era una manifestación del derecho a la libertad de expresión y "quería representar el clamor de miles de ciudadanos en un acto de protección y garantía de los derechos humanos".

Ven en la acusación de una "interpretación jurídica expansiva" del delito de desobediencia y la tachan de ser una extralimitación y arbitraria.