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El Periódico Mediterráneo

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Dos lecturas del texto de 2018

¿Qué dice la directiva europea sobre la protección de las lenguas?

El Gobierno insta a los republicanos a trabajar "juntos" en el trámite de enmiendas de la ley audiovisual para hallar una salida dentro del marco europeo | Economía subraya que la norma comunitaria no permite imponer cuotas a Netflix, y ERC dice que sí es posible y que la UE protege la diversidad lingüística

Gabriel Rufián pasa delante de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. EP

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 están ahora mismo en el aire. Y lo están porque ERC ya ha advertido, con nitidez, de que si el Gobierno no cumple con el pacto acerca de la ley audiovisual, para proteger la producción en las tres lenguas cooficiales, en todas las plataformas —incluidas Netflix y HBO—, retirará su apoyo a la norma y sopesará si vetar las cuentas en el Senado. Veto que podría prosperar en la Cámara alta si suma al PP y a más formaciones minoritarias —reto nada sencillo— y que el Ejecutivo tendría difícil levantar por mayoría absoluta en el Congreso.

El Ejecutivo reconoció este martes, con igual nitidez, que la cuota del 6% para la producción de obras en catalán, euskera y gallego es aplicable a las operadoras nacionales (Movistar+, Atresplayer Premium, Mitele Plus, Filmin o FlixOlé), pero no a las que tienen su sede fuera de España, caso de los gigantes del sector, como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video. Y aunque, a instancias de ERC, el Gobierno está dispuesto a introducir "mejoras" en el texto ya remitido al Congreso, y en un primer momento advirtió de que no puede obligar a las plataformas extranjeras porque se lo impide la directiva de servicios de comunicación audiovisual.

Es esta norma comunitaria la que ha traspuesto el Ejecutivo (con retraso), y a la que se aferra para defenderse frente a los republicanos. Pero estos dicen, a su vez, que la directiva no cierra la puerta a imponer los porcentajes a los prestadores de servicios a petición. Tras conocerse la amenaza de ERC, el Gobierno graduó su negativa e instó a la formación independentista a trabajar "juntos" durante la tramitación parlamentaria para buscar un punto de acuerdo sin violar el marco comunitario.

Ahora bien, ¿qué dice Bruselas exactamente? La legislación a la que se remiten las dos partes es la directiva 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018. Pues bien, su artículo 13, el que es objeto de discordia, dice en su primer apartado esto: "Los Estados miembros velarán por que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición sujetos a su jurisdicción dispongan de un porcentaje de al menos el 30% de obras europeas en sus catálogos y garanticen la prominencia de dichas obras". Para el Gobierno de Pedro Sánchez, esa redacción deja claro que las cuotas para la protección de las obras audiovisuales europeas se imponen a las operadores de 'streaming' "sujetos a su jurisdicción". O sea, radicados en España.

40%, las cooficiales; 60%, el castellano

La trasposición de este apartado a la legislación española es la que incorpora ese blindaje del catalán, el euskera y el gallego: se dice que la mitad de ese 30% (el 15%) deberán ser obras en lenguas oficiales de España y, de esa subcuota, el 40% deberá asignarse al catalán, el gallego y el euskera. De esas cuentas sale el 6%. Por otro lado, la reserva que RTVE tendrá que hacer para las producciones en idiomas de las comunidades autónomas será más alto, del 15%.

ERC, en cambio, pone en el acento en el segundo apartado del citado artículo 13 de la directiva de 2018: "Cuando los Estados miembros exijan a los prestadores de servicios de comunicación sujetos a su jurisdicción una contribución financiera a la producción de obras europeas, en particular mediante inversiones directas en contenidos y aportaciones a fondos nacionales, podrán asimismo exigir a los prestadores de servicios de comunicación dirigidos a audiencias situadas en sus territorios pero establecidos en otros Estados miembros que realicen dichas contribuciones, que deberán ser proporcionadas y no discriminatorias".

El punto segundo hace referencia, por tanto, a las plataformas que tienen sede fuera pero que operan y tienen audiencias, en este caso, en España. Pero el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige Nadia Calviño, subraya que este apartado hace referencia a que las operadoras, con sede en España o fuera de ella, están obligadas a producir obras europeas. Eso sí lo contempla el proyecto de ley, así como la exigencia a todas las plataformas para que contribuyan al sostenimiento financiero de RTVE.

En juego los Presupuestos y la agenda legislativa

ERC también recuerda que la directiva reconoce la promoción de las lenguas a lo largo de todo el texto. Se subraya la necesidad de que los Estados miembros velen por la "diversidad cultural y lingüística" —sin precisar una limitación—, además del pluralismo en los medios de comunicación, la accesibilidad, la no discriminación, la protección de los consumidores o la competencia "leal".

Ahora, el Gobierno sabe que tiene que buscar una salida al laberinto. Por lo pronto, los ministros de la Presidencia y de Hacienda, Félix Bolaños y María Jesús Montero, así como el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, se reúnen este miércoles con el jefe de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, para intentar rebajar la tensión y reconducir las negociaciones. Fuentes de Economía indicaron a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, que el "compromiso" del Gobierno con la protección de las lenguas está fuera de dudas y que es ahora en el Congreso donde se han de buscar puntos de encuentro, es el momento de "trabajar juntos" para llegar a un consenso. Es decir, que se intentarán apurar las posibilidades que permite la directiva comunitaria para satisfacer a todas las partes sin saltarse las reglas que impone Bruselas.

Rufián no ocultó su enfado en su rueda de prensa a última hora de este martes en la cámara baja: "Para ERC el tema de la lengua es sagrado, y tocar las narices con esta excusa es un mal negocio". No solo está en juego el apoyo de su grupo a la ley audiovisual, sino que "todos los escenarios están abiertos, también en el Senado, en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado". Es decir, que estos podrían ser vetados por ERC, con la posibilidad de que ese no saliera adelante. No será sencillo atar apoyos, pero podría ocurrir. "Los Presupuestos son muy buenos y necesarios para la recuperación económica. Y la ley audiovisual empieza ahora su trámite", respondían en la Moncloa, buscando desligar las cuentas del Estado de la norma aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

No a las "trampas"

El portavoz independentista también avisó de que peligra la propia mayoría que permite al bipartito de PSOE y Unidas Podemos completar su agenda legislativa. "Le conviene cumplir sus compromisos con ERC". Los republicanos esperan que un nuevo compromiso del Ejecutivo se plasme a través de un documento o un acto público que le vincule al pacto, informa EFE. "Lo que no vamos a pasar es por participar en trampas o intentar hacer ver que aquí no pasa nada y que hay multinacionales que están libres y pueden hacer lo que quieran". "Respetamos los pactos y no hay multinacional que tenga que susurrar las leyes al Gobierno", remachó.

En el Grupo Socialista también sentó mal la actitud de Calviño. En la cúpula indicaban que la vicepresidenta primera había irrumpido en un momento muy delicado, con los Presupuestos aún sin cerrar, deshaciendo un acuerdo que ya estaba hecho, todo porque ella nunca fue favorable a las cuotas, lamentan. Posición que, no obstante, siempre compartió el ala socialista del Ejecutivo, que prefería incentivar a las plataformas con ayudas públicas y baja fiscalidad.

El Gobierno no tiene mucho tiempo. El viernes 3 de diciembre, a las 12 horas, acaba el plazo para registrar las propuestas de veto a los Presupuestos para 2022 (a todo el texto y a las secciones), que se discutirán el día 9. Si alguno de los vetos prosperaran —se requiere mayoría absoluta, 133 votos—, entonces concluiría su tramitación en la Cámara alta y volverían al Congreso, que tendría que levantar ese veto con mayoría absoluta o, a los dos meses, con mayoría simple.

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