Tras meses de consultas a las sociedades científicas, asociaciones de pacientes y comunidades autónomas, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado este jueves la nueva Estrategia de Salud Mental 2022-2026, sin renovar desde 2009, que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llevado hoy al Consejo de Ministros. Un documento que, según Darias, se ha aprobado desde "el diálogo y el consenso" con todas las entidades consultadas. El texto contará con un nuevo enfoque basado, entre otros aspectos, en la prevención de la conducta suicida y la interacción con el entorno familiar, poniendo énfasis en los derechos y autonomía del paciente. Un texto, explican algunas sociedades científicas, que, sin embargo, "es un brindis al sol al carecer de la financiación adecuada".

"Es una hoja de ruta. Un marco con planes de acciones y es ahí donde cuenta con presupuesto", señaló Darias en alusión al anuncio, el pasado octubre, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un plan de salud mental dotado con 100 millones de euros hasta 2024, que complementaría a esta nueva Estrategia. Sobre la falta de concreción del documento recién aprobado en torno a las ratios mínimas de profesionales, la ministra insistió en que las plazas de formación sanitaria especializada se han incrementado un 32% desde 2018, y que tras la reciente creación en España de la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, esas plazas continuarán aumentando.

La pandemia, dijo la ministra Carolina Darias, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, "ha golpeado a todos, sobre todo a los más vulnerables. Hemos hablado mucho del impacto pandemia en los sistemas sanitarios, en la economía y en la sociedad, pero poco de las consecuencias en la salud mental. Esas consecuencias nos van a acompañar en años venideros". Por eso, según la titular de Sanidad, la aprobación de la Estrategia de Salud Mental pone el foco sobre un problema de salud pública que ha estado "durante mucho tiempo silenciado" tanto que, dijo, el documento ha tardado "nada más y nada menos que 12 años en actualizarse".

Redactada desde el consenso

Ante las reticencias reveladas en los últimos días desde algunas sociedades científicas sobre la redacción de ese documento, la ministra Darias incidió en varias ocasiones en tanto la redacción como la aprobación del documento ha contado con el visto bueno de todos los sectores implicados: asociaciones de pacientes, familiares, sociedades científicas, enfermería o trabajadores sociales. Hasta un total de 25 entidades han participado en su aprobación, recalcó. "Esta estrategia sale con el acuerdo de todos. Con consenso y diálogo", subrayó.

Entre las líneas de acción del documento, Carolina Darias citó la detección y prevención del suicidio, el enfoque de género en la salud mental, la mejora de esa salud en niños y adolescentes o líneas específicas para el apoyo a los familiares y la coordinación entre recursos y niveles asistenciales.

Para Sanidad, la actualización del documento forma parte del “paso adelante” que ha dado el Gobierno en este terreno, en alusión al 'Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19', presentado el pasado octubre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que contará con una dotación económica de 100 millones de euros y viene a complementar la Estrategia de Salud Mental.

Escasa dotación

Sin embargo, el texto ha estado desde el principio envuelto en cierta controversia, tanto por su enfoque, como por su dotación económica. "Hay que diferenciar entre colaborar y trabajar para la Estrategia. En este sentido, colaborar ha significado recibir un documento, realizado por la dirección general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, en julio de 2021, sobre el que realizar aportaciones para su valoración", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, Javier Prado Abril, portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR).

Prado Abril señala que, en ningún momento, se ha establecido una agenda de trabajo, comisiones o grupos para cada una de las líneas estratégicas que articularan el debate y vertebraran los consensos entre todas las partes implicadas. "Simplemente, en noviembre, hemos recibido la versión definitiva donde se incluyen, sin más explicación y argumentario, algunas de las propuestas planteadas, mientras que otras, como las relativas a las carencias en materia de formación sanitaria especializada PIR (Psicólogo Interno Residente) han sido ignoradas".

Un 'brindis al sol'

Respecto al contenido de la Estrategia y el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19, en el que ésta se enmarca, Prado Abril asegura que "tiene la ideología correcta, en cuanto que enfatiza el papel decisivo de los determinantes sociales sobre la salud mental, siendo además coherente con las mejores evidencias científicas disponibles". Para esta sociedad científica "plantear que la salud mental es un asunto sólo relacionado con el sistema sanitario hubiera sido un error. Así que en este sentido, aciertan".

Desde ANPIR critican que el documento tiene "las mejores intenciones, con grandes líneas maestras que carecen de un sólido plan de implementación.

Por otro lado, Prado Abril enfatiza en aspectos esenciales que recoge el documento como erradicar la prácticas coercitivas, el tema del estigma, el suicidio y la importancia de los derechos de las personas con problemas de salud mental "que, recordemos, se conculcan día sí, día también". 

Sin embargo, objeta, como plan "es un brindis al sol al carecer de la financiación adecuada". Se trata fundamentalmente de una declaración de las "mejores intenciones con grandes líneas maestras que carecen de un sólido plan de implementación. En resumen, nuestra opinión es que le falta trabajo y tiempo de colaboración para trazar un plan que lleve las ideas al suelo de la realidad".

"En cualquier caso, seguramente será un buen documento, redactado con acierto y que ojalá sirva de faro para guiar las políticas de las comunidades", añade el psicólogo y por eso han decidido apoyarlo. No obstante, ello no implica ni validación ni legitimización por nuestra parte del plan que nos parece absolutamente poco concreto, desarrolla medidas tibias y carece de la financiación adecuada".