Los 20 vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su presidente están en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. Llevan tres años con el mandato caducado por la imposibilidad de que los dos principales partidos del Congreso de los Diputados, esto es, PSOE y PP, cierren un acuerdo. Estuvieron a punto de lograrlo en noviembre de aquel año, pero un whatsapp enviado por el entonces portavoz de los senadores del PP, Ignacio Cosidó, escrito con una crudeza inusual ("controlaremos la Sala Segunda [del Supremo] desde detrás"), dinamitó el pacto. Se volvió a intentar también en el verano de 2020 y este pasado mes de febrero estaba prácticamente hecho, pero al final tampoco fue posible. Fuentes de las dos partes coinciden en que la negociación está "varada", en punto muerto, y se culpan mutuamente del bloqueo.
Tras el error del whatsapp, el líder del PP, Pablo Casado, empezó a pedir el cambio del modelo de elección de los 20 vocales para que los "jueces elijan a los jueces". La intención del jefe de la oposición es acordar esta renovación pendiente con el sistema en vigor (en el que todos son elegidos a partes iguales por las dos Cámaras), pero exige el compromiso de que el PSOE apoyará la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para volver al método aplicado hasta 1985, para que los jueces elijan directamente a 12 vocales y las dos Cámaras, a 8. Y ese es el meollo de la cuestión. Según los socialistas, el PP debe acatar la ley y actualizar cuanto antes el CGPJ y, según los conservadores, es indispensable cambiar la norma para "tener un sistema judicial más independiente".
Los choques por la gestión de la pandemia, el ciclo electoral español sin pausa (comicios en Andalucía, Euskadi, Galicia, Catalunya, Madrid...), el aliento de Vox que siente el principal partido de la oposición y la actual crisis interna que vive Casado por Isabel Díaz Ayuso, están dificultando que el PP se decida a cerrar este acuerdo con Pedro Sánchez por el coste político que podría tener. De hecho, en la cúpula aseguran de manera rotunda que este asunto "no les pasa factura". "A mi electorado esto no le preocupa. Sería mucho peor que ahora pactáramos sin haber conseguido cambiar la ley", aseguran fuentes de la dirección conservadora que están al tanto de las conversaciones que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, mantiene con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
En la cúpula del PP aseguran de manera rotunda que la no renovación del Poder Judicial no les "pasa factura"
Ambos lograron a finales de octubre avanzar en las otras cuatro instituciones que también tenían el mandato caducado: Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. En las reuniones en las que abordaron los nuevos nombramientos también se trató de la renovación del CGPJ, aunque se acordó dejarlo para una segunda fase ante la negativa de los socialistas a modificar la ley orgánica para elegir a los vocales. Fuentes del PSOE apuntan que se está buscando "un aterrizaje para el PP". Por ahora, en la bancada socialista se abren "a debatir un nuevo marco legislativo" para ver si hay que "modernizar" la ley orgánica, sin que eso signifique que se vaya a un cambio radical del modelo de nombramientos. El Gobierno defiende que el sistema vigente, validado por el TC, es plenamente conforme a la Carta Magna.
Ambos lograron a finales de octubre avanzar en las otras cuatro instituciones que también tenían el mandato caducado: Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. En las reuniones en las que abordaron los nuevos nombramientos también se trató de la renovación del CGPJ, aunque se acordó dejarlo para una segunda fase ante la negativa de los socialistas a modificar la ley orgánica para elegir a los vocales. Fuentes del PSOE apuntan que se está buscando "un aterrizaje para el PP". Por ahora, en la bancada socialista se abren "a debatir un nuevo marco legislativo" para ver si hay que "modernizar" la ley orgánica, sin que eso signifique que se vaya a un cambio radical del modelo de nombramientos. El Gobierno defiende que el sistema vigente, validado por el TC, es plenamente conforme a la Carta Magna.
Sobre la mesa en todo caso siguen, según fuentes del Ejecutivo, los nombres del juez José Ricardo de Prada, que fue uno de los autores de la sentencia que propició la moción de censura contra Mariano Rajoy, y Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. El PP rompió los contactos en febrero porque no aceptó esos dos nombres por considerarlos demasiado "contaminados" por sus ideas.
En el equipo de Sánchez defienden que "todo depende" de los populares y que las conversaciones, detenidas, no giran ahora en torno a nombres
PSOE y Unidas Podemos se niegan ahora a sacarlos de las conversaciones porque para ambos fue duro asumir la designación de Enrique Arnaldo, candidato muy ligado al PP, como magistrado al TC. Él fue, de hecho, el aspirante menos votado de todos los pactados. No obstante, desde el Ejecutivo subrayan que la negociación no está ahora centrada en los nombres, sino en el "modelo" de CGPJ, pero el diálogo se interrumpió "hace tiempo" y ahora "depende del PP". En la Moncloa no se atreven a anticipar si el acuerdo se materializará para antes de fin de año o será ya en 2022.
La relación entre Sánchez y Casado ha pasado etapas muy tensas, con ambos dirigentes evitándose en actos públicos. Sin embargo, tras dar un primer paso para desatascar los cuatro órganos en octubre, ambos tuvieron de nuevo algunos gestos de cordialidad. Los contactos entre el PSOE y el principal partido de la oposición se están centrando en estos momentos en el CGPJ entre el Gobierno y la dirección del PP mientras que, en paralelo, los grupos parlamentarios han hecho algunas prospecciones en otros dos asuntos: la reforma de ley de seguridad nacional y la ley de secretos oficiales.
Los dos partidos coinciden en que han de ponerse de acuerdo en materias de Estado, y el Ejecutivo ve "fácil" llegar al consenso en seguridad nacional y secretos
Según coinciden en Génova y en el Ejecutivo, es indispensable que, como principales partidos con opciones de llegar a la Moncloa, se pongan de acuerdo en esas materias de Estado. De hecho, en la Moncloa prefieren no dar detalles de los dos textos porque "el ruido" dificulta el entendimiento, y para Sánchez es prioritario encontrarlo en ambas cuestiones. Es más, en su equipo ven "fácil" llegar a acuerdos en dos leyes "muy delicadas", en las que si además no está garantizado el consenso previo no merece la pena llevarlas a las Cortes, "porque ERC no las va a apoyar". Es decir, son materias sensibles en las que han de estar cómodos y conformes PSOE y PP. En el primer caso, se trata de una ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la seguridad nacional. En el segundo, el Gabinete de Sánchez trabaja en una nueva norma para sustituir la de secretos oficiales de 1968 en la que, entre otras cosas, hay que marcar el mínimo de años que habrá que esperar para conocer las informaciones más sensibles del Estado. Según el borrador, que ya está "bastante avanzado", según la Moncloa, serán al menos 50 años.
