Los controles que hacía el Principado de las subvenciones de formación concedidas a UGT Asturias y la fundación IFES “no se realizaron con el rigor necesario” para detectar costes de personal inexistentes y sobrecostes en los alquileres de aulas y equipos generados artificialmente. Lo señala la magistrada María Paz González-Tascón en la sentencia que condena a seis miembros de la antigua cúpula de UGT Asturias (entre ellos el ex secretario general Justo Rodríguez Braga) y a trabajadores del sindicato y de sus sociedades vinculadas a penas que suman más de 14 años de cárcel y multas de más de 3,1 millones de euros por delitos de fraude en subvenciones.
Las defensas argumentaron durante el juicio que las cuentas justificativas aportadas por UGT Asturias y la fundación IFES como beneficiarios de subvenciones de más de 5,7 millones de euros en el periodo investigado 2010-2103 habían sido aprobadas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) y que en las resoluciones administrativas solo se habían hecho revocaciones parciales, con los correspondientes reintegros en su caso, sin que se apreciase fraude. Sin embargo, la jueza señala en su sentencia que una resolución administrativa no puede condicionar el pronunciamiento en vía penal y que el hecho de que un comportamiento fraudulento no se haya detectado a través de los mecanismos del control impuestos por la Administración “tan solo demuestra la inefectividad” de los mismos. “Mecanismos de control que en este caso debe entenderse que no se realizaron con el rigor necesario para detectar el fraude articulado mediante la imputación de costes inexistentes o sobrecostes como gastos subvencionables”, afirmó la jueza.
La sentencia señala que en las justificaciones de gasto para recibir las subvenciones se incluían costes de personal laboral de UGT que no tenían relación ni directa ni indirecta con los cursos de formación, de los que se encargaban personal de IFES y de otras empresas subcontratadas. Esos gastos de personal se incluían como gastos asociados, para los que las convocatorias establecían un límite del 15% del coste subvencionable. El Principado comprobaba que no se superara ese límite y “no se realizaba ninguna otra comprobación por cuanto se entendía que si los cursos se habían celebrado, los gastos se habían generado siempre”. Durante el juicio, la directora gerente del Sepepa, Pilar Varela, destacó la absoluta eficiencia de los mecanismos de control. “Es evidente que tal aseveración debe ser puesta en entredicho, por cuanto se trataban de meros controles formales”, señaló la jueza, que añadió que la ley establece que los gastos subvencionables son aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la actividad subvencionada y que deben de ser reales. Además, destacó que las auditorias se realizaban por funcionarios con la categoría de técnicos de la administración y no por auditores jurados de cuentas.
La sentencia también considera probado que, mediante la red de empresas vinculadas a UGT, se inflaron los precios de alquiler de aulas y equipos con un sobrecoste que se imputaba después a las subvenciones recibidas. La jueza destaca que Pilar Varela señaló en el juicio “sin reserva alguna” que los costes de alquiler se ajustaban a los precios de mercado, pero al mismo tiempo reconoció que los técnicos no realizaban informe alguno al respecto que se uniese al expediente de subvención, “por lo que se desconoce en base a qué criterios operaban los técnicos para dar el OK”.
La jueza establece en su sentencia que el dinero defraudado inflando precios de alquileres e incluyendo gastos de personal irreales alcanzó los 938.194 euros en el periodo 2010-2012. Ese dinero se desvió al pago de salarios de personal de estructura de UGT y a cubrir pérdidas del sindicato.
