A Samir de los Caños, en la comarca de Aliste, Zamora, 172 habitantes, acude el médico dos veces por semana para abrir las puertas de su antiguo consultorio, pegado al Ayuntamiento. Insuficiente, denuncia María Jesús Martín Belver, para atender a pacientes como Esteban y Lucía, sus padres, ochenta y tantos y enfermos crónicos, que forman parte de ese batallón de mayores que todavía, contra viento y marea, resisten en una España, la vaciada, donde la sanidad, tan importante para ellos, es una asignatura que queda por aprobar.
A medida que han ido pasando los años los pueblos se han ido convirtiendo en lugares fantasmales. Se han quedado sin escuelas, sin sanitarios, sin farmacias… "Estamos desamparados. Hay mayores que han dejado de ir al médico porque, si llaman al centro de salud de Alcañices, a 15 kilómetros (el que les toca), para pedir cita para el día que viene el médico al consultorio, no les cogen. A veces, eso les produce más estrés que la propia visita", resume Angelina, de apellido también Belver, desde la misma localidad.
Este reportaje tiene como epicentro la despoblada Zamora. Una provincia que, con datos de 2020, contaba con 172.539 habitantes repartidos por todo el territorio, lo que la sitúa como uno de lugares más deshabitados de España. Desde esta provincia castellana se suceden las historias sobre cómo funciona (más bien deja de funcionar) algo tan cotidiano como la asistencia sanitaria en poblaciones muy envejecidas, con muchas dolencias y donde sus vecinos se sienten aislados.
Los padres de María Jesús fueron a ponerse la tercera dosis de la vacuna del coronavirus por una carretera “superpeligrosa” hasta el centro de salud. “Es una vergüenza”, concluye
Donde las cosas funcionan gracias al buen hacer de sanitarios entregados y porque, como cuenta Angelina, trabajadora en una residencia de mayores, la solidaridad se extiende entre los vecinos. Los más jóvenes, muy pocos, atienden a los mayores, la gran mayoría, y si hace falta acudir al médico a otra población (taxi aparte) siempre hay alguien dispuesto a poner el coche en marcha y tirar millas. María Jesús cuenta un ejemplo sobre las dificultades del día a día cuando relata como sus padres tuvieron que ir a ponerse la tercera dosis de la vacuna del coronavirus (y las dos anteriores, subraya) por una carretera “superpeligrosa” hasta el centro de Salud de Alcañices. “Es una vergüenza”, concluye.
Que los consultorios se mantengan abiertos
Desde la comarca de Aliste, desde Requejo, desde Santibáñez de Vidriales, desde Porto, en la alta Sanabria -el pueblo más alejado de la capital, a 180 kilómetros-, los vecinos, y también los sanitarios, relatan lo que echan de menos y lo que les gustaría tener. Desde 2014, movimientos como la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aliste luchan por que, tanto en su comarca, como en el resto de los territorios de Castilla y León, se preste una “asistencia sanitaria digna” en todos los pueblos. “Peleamos y proponemos”, indican en un manifiesto que hacen llegar a este diario.
Proponen, por ejemplo, que se mantengan abiertos los consultorios locales porque en muchos pequeños núcleos, ni eso tienen. Hoy por hoy, pura utopía, recuerda Angelina desde Samir de los Caños. Tanto es así que, el pasado verano, más de 600 vecinos, se dirigieron a la Fiscalía Provincial de Zamora para denunciar “la desprotección, desamparo y posible delito por omisión de negligencia el Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León por la no atención a los habitantes del municipio”. Las diligencias se archivaron, cuenta María Jesús Martín. Ahora, han acudido al Defensor del Pueblo.
La casa del médico
“Me acuerdo, de pequeño y no soy tan mayor, tengo 43 años, que en mi pueblo (Porto de Sanabria, al noroeste de Zamora) había todos los días consulta y un enfermero de continuidad. Hasta el médico tenía una vivienda municipal habilitada. Hace muchos años que nos quitaron eso. Ahora, el médico viene dos días por semana. Nuestro centro de de salud básico está en Lubián (a 55 minutos). Antaño, nuestro hospital de referencia era el de Zamora, dos horas largas de camino. Ha muerto gente en el viaje. Tan largo y malo era el camino que (hace más de una década) nos cambiaron el hospital de referencia a Verín (Ourense), a 85 kilómetros. Y ni tan mal”. Así arranca Ramiro Tomás Blanco, electricista y activista rural, el relato de un día a día que se teje entre carreteras de montaña.
Ramiro atiende a este diario desde Valladolid. Tiene su porqué. Su relato atañe a su pueblo, Porto, 168 vecinos. El último censado, su hijo Artai (es un nombre gallego, precisa) nacido el pasado 22 de noviembre: "Ahora, en el pueblo, tenemos tres niños. El mío es el más pequeño. Hay otro que vive allí y va al colegio en Lubián (más de 40 kilómetros de ida y lo mismo de vuelta). Y otra niña que, durante la semana, vive en Verín, para ir a la escuela”. A Valladolid, dice Ramiro, se ha trasladado junto a su mujer para el parto y por aquello de estar más cerca del pediatra para las revisiones y vacunas que necesita el recién nacido. Pronto vuelven a casa.
A Porto de Sanabria acude el médico dos días por semana: “Como hay mucha gente mayor, siempre alguien necesita atención”, cuenta Ramiro Tomás
A Porto de Sanabria acude el médico dos días por semana: “Como hay mucha gente mayor, siempre alguien necesita atención”. Llegar a Zamora desde esa zona de clima “subalpino” era impracticable, por lo que, en 2008, la Junta de Castilla-León y la Xunta de Galicia optaron por firmar un convenio para atender a los vecinos de Lubián, Pías, Hermisende o Porto (localidades fronterizas con Ourense) para acudir a consultas externas y Urgencias al Hospital de Verín, a poco más de 54 kilómetros.
Ramiro se hizo famoso -”si me buscas encuentras artículos míos”, advierte- cuando, con sus compañeros de la Plataforma 102, movió cielo y tierra para que la Junta de Castilla y León reparase la carretera del mismo nombre que, a base de mucho ruido, ha pasado de ser “un camino de cabras” a tener un firme medianamente estable. El electricista es artífice de un curioso mapa que visualiza lo lejos que todo les queda: contando ida y vuelta, Porto está a 60 kilómetros de una panadería o una gasolinera, a 90 kilómetros de una farmacia, un centro de salud, un cajero automático, un cuartel de la Guardia Civil o un supermercado; a 135 de una guardería, un instituto o Correos, a 200 kilómetros de un parque de bomberos o a 370 de la Universidad…
Todo a desmano. Al menos, a Porto, se resigna, acudieron a poner la vacuna del covid-19 a los mayores de 70, sin obligarles a desplazarse a ese centro de salud que tienen más cercano, el de Lubián. Eso sí, si necesitan una asistencia que no se atiende en Verín, la opción es acudir a la lejanísima Zamora y, en algunos, casos, como para pruebas oncológicas, viajar hasta Salamanca. Todo dificultades, apunta Ramiro desde la confortabilidad de Valladolid.
Soluciones a problemas rurales
En la España vaciada, esa de la que tanto se habla en los últimos tiempos, esa que cada vez ocupa más espacio en la esfera política, las quejas se suceden por la atención sanitaria. “El problema es que buscan soluciones para nosotros desde una perspectiva urbana cuando la realidad rural es mucho mayor”, dice el doctor Santiago Gallego, vecino de Asturianos (marido de la farmacéutica de la pequeña población situada a diez kilómetros de Puebla de Sanabria) y uno de los seis médicos del centro de salud de Santibáñez de Vidriales, a 32 minutos, por la A-52, de Benavente.
Santiago Gallego, médico de Vidriales, habla de poblaciones envejecidas (el 80% supera los 65 años), con enfermedades crónicas -hipertensión, diabetes, artrosis...- que, en muchos, casos viven solos.
A Gallego, que proclama con orgullo su condición de médico de pueblo, le toca atender cada semana tres poblaciones: Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda. El médico ve a sus pacientes en los consultorios que tiene cada localidad. Desde la pandemia, siempre con cita previa. Claro está que si surge cualquier imprevisto, ahí está el facultativo para hacerle frente, con o sin cita. “Vivo la medicina rural día a día y casi no conozco otra cosa”, apunta.
El médico de Vidriales habla de poblaciones envejecidas, donde el 80% supera los 65 años, con muchas enfermedades crónicas -hipertensión, diabetes, artrosis...- que, en muchos, casos viven solos y donde lo que prima no sólo es la atención sanitaria. También las palabras y la compañía: la mejor receta para paliar esa soledad. El ejercicio de Santiago Gallego no va de cupos, que los tiene, va de mucho más: “Conozco a toda la familia, a sus hijos…son años de seguimiento”.
Por eso, con cierta timidez pero mucha determinación, cuando este diario habla con el doctor Gallego está más que dispuesto a elevar esa queja de que, por favor, no apliquen soluciones urbanas a problemas rurales. Lo dice cuando se le menciona esa propuesta de la Consejería de Sanidad de Castilla y León de implantar, como solución a la carencia de sanitarios en muchas pequeñas poblaciones, un sistema de telemedicina que la comunidad denomina ‘telepresencia’. “¡Telepresencia!. Qué palabra, ¿verdad?”, ironiza Gallego.
Ya antes de la pandemia, recuerda Celia Cols, vocal de la junta directiva nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), existía un importante déficit de facultativos en estas zonas y, tras la crisis, varios de los consultorios o permanecen cerrados o han acortado su horario. Por lo demás, comparten problemas con sus compañeros de zonas urbanas: el desbordamiento de la Atención Primaria. “Lo más importante es poner en valor el trabajo que hacemos”, señala la médico.
Sin receta electrónica
Desde Requejo, apenas 150 habitantes, en Sanabria, donde regenta la farmacia, Elena Amaro, se calienta cuando se le habla de un tema sin duda espinoso: las conexiones a Internet de la España despoblada. Un reciente estudio de la multinacional de telecomunicaciones Eurona evidenciaba que, si bien la población que accedió a la red ha aumentado un 1,6% en zonas rurales en el último año, la brecha digital y generacional se ha hecho más evidente durante la crisis sanitaria: casi la cuarta parte (un 21,7%) de los habitantes de los municipios de menos de 5.000 habitantes todavía no tenía acceso a Internet cuando les sorprendió la pandemia.
Zamora tiene un 82% de farmacia rural y de éstas, 91 boticas en núcleos de menos de 500 habitantes. En la gran mayoría, sólo trabaja el titular.
Y supone un problemón, advierte Amaro. Una buena conexión a Internet es vital para cuestiones tan prácticas como el funcionamiento de la receta electrónica (Castilla y León es una de las comunidades con más porcentaje de transacciones en este tipo de receta). Amaro se retrotrae al verano de 2019. En aquel año, se produce la incorporación a la interoperabilidad de la Comunidad de Madrid y, con ello, todo el territorio nacional es interoperable, relata. “Todo un logro”, apunta. Pero llegan los meses estivales y ese triunfo se convierte en la peor pesadilla. “En la provincia de Zamora recibimos durante el verano gran cantidad de personas que emigraron de estas baldías tierras, sobre todo, de Madrid, País Vasco y Cataluña”, explica Elena Amaro.
De ese verano conserva un recuerdo espantoso: “los pacientes se acercaban continuamente a la farmacia para probar suerte y que la interoperabilidad funcionara, nos dejaban sus datos o tarjetas (totalmente prohibido) porque era la única forma de trabajar, pasando tarjetas a las tres de la tarde, a partir de las 23:00 de la noche y, en ocasiones, de madrugada porque eran las únicas horas a las que se podía trabajar. Fue horrible”.
Zamora, describe Amaro, tiene un 82% de farmacia rural y de éstas, 91 boticas en núcleos de menos de 500 habitantes. En la gran mayoría, sólo trabaja el titular. Con esta pandemia se ha acelerado y extendido el uso de las aplicaciones. Que está muy bien, dice Amaro, pero “si desde los despachos acompañaran un día a la Atención Primaria o a la farmacia rural en su día a día...” propone.
Las incidencias con la conexión a Internet se suceden: no hay un solo mes en los que la receta electrónica “no se caiga sin justificación”
Echando la vista hacia atrás, explica que la receta electrónica empieza a implantarse en 2015, primero en las zonas rurales, para terminar en la capital en 2016. La implantación fue llevada a cabo por VODAFONE, con la cual el CONCYL (Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y León) concierta el contrato para todas las boticas. Han pasado los años y las incidencias se siguen sucediendo, no hay un solo mes en los que la receta electrónica “no se caiga sin justificación”, se queja la farmacéutica. En el medio rural, denuncia, se sienten discriminados, puesto que la factura de esta VPN tiene el mismo coste para todas las oficinas, pero no el mismo servicio.
La bolsa de medicamentos
A Elena Amaro le toca hacer el reparto de medicinas por los pueblos cercanos a Requejo. Prefiere llamarlo 'atención farmacéutica domiciliaria', porque “no se trata sólo y exclusivamente de llevar la bolsa, sino de explicarles cómo tomar los que se han pautado nuevos, dudas...El trato es muy estrecho, conocemos sus patologías, sus tratamientos. En confinamiento, hasta la compra les hemos hecho”, cuenta la farmacéutica mientras narra su recorrido diario.
Por ejemplo, cuando acude desde Requejo a Santa Colomba donde le espera Pepa. “Y luego a Cobreros, donde Victoria, que necesitaba unas cosillas, un poco de cariño y que le explicara como ponerse la heparina durante 20 días. Esta tarde a última hora iré a Pedralba a llevar un medicamento urgente que le han recetado esta mañana a María y, por suerte, no hay nieve pero en esta zona algún día en invierno cae y la atención se hace más difícil”, relata.
En 2020, en España, de un total de 22.137 boticas, hubo 13 cierres definitivos de farmacias y en 2019, fueron 33, recuenta Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR). “Obvia decir que no son precisamente urbanas. No sólo es llevarles la medicación, también revisarles sus botiquines o darles información. Ha de ser domiciliario porque muchos de ellos no disponen de medios de transporte para desplazarse. Por este motivo siempre hemos reclamado que se pusiera negro sobre blanco esta situación y se legislase para hacerla legal ya que "la vista gorda" que hacen las distintas inspecciones ante este fenómeno no nos parece suficiente y puede acarrear problemas legales a estos compañeros”, concluye Espolita.
Cuando nadie coge el teléfono
Entre las propuestas de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aliste para poner orden en la sanidad rural está el rechazo, de plano, al modo de funcionamiento a base de citas previas. La situación es la siguiente: como ha explicado el doctor Gallego, desde la pandemia, cuando el médico acude al consultorio de una pequeña población a ver a sus pacientes, es con hora programada. Otra cosa, es que si surge alguien a quien atender, se le atienda.
Es ahí donde se lía. “¿Cómo van a saber mis padres pedir cita en una aplicación?. Gracias a que son capaces de manejar el móvil?”, cuenta María Jesús Martín cuando se encarga de reservar hora para Esteban y Lucía. A modo de ejemplo, envía un audio donde una vecina intenta, infructuosamente, conectar con el centro. Tarea imposible. Lo secunda Angelina, que vuelve a hablar de abandono. “A la política no le interesan los pequeños grupos de gente”, sentencia con mucha seriedad. “Ya estaban desatendidos desde antes de la pandemia. Se ha reducido el número de médicos, se han jubilado. Y los que quedan, no pueden atender a todo el personal”, finaliza María Jesús.
