“No estoy muy informado intencionadamente –de la actualidad– para no quemarme pensando en eso. Simplemente he asumido que el Govern no nos apoya, por principios o por estrategia electoral, y que la única protección real es trabajar ajustándonos siempre a la ley”. Quien se expresa así es un antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, uno de los agentes a quien EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, ha preguntado qué les parece la última comisión de orden público que está en marcha en el Parlament, que la Conselleria d’Interior haya dejado de ejercer la acusación contra los sospechosos de atacar a policías o la llegada de Esquerra a un departamento que ha cerrado con el gobierno central la jubilación a los 60 años o el incremento a 20.000 agentes la plantilla del cuerpo. Un avance: las palabras del antidisturbios con las que arranca este artículo recogen bien la temperatura que ha medido el termómetro de este diario, que en ningún caso pretende ser una encuesta científica.
“Un ataque a la profesionalidad”
“Que la CUP presida esta comisión de orden público es un ataque a la profesionalidad de los miembros de la Brigada Mòbil (Brimo)”, afirma un agente perteneciente a esta unidad especializada en orden público, la misma que la CUP propone disolver desde que llegó al Parlament. “Es un insulto. Nos sentimos maltratados por el Govern”, sentencia.
“Nadie entiende muy bien hasta dónde quieren llegar: más herramientas no pueden quitar –se retiraron las polémicas pelotas de goma tras una comisión anterior y al constatar varios casos de ojos de manifestantes vaciados por su impacto– y la pérdida de respeto a los policías va en aumento”, explica este responsable de seguridad ciudadana en la corona metropolitana que tiene un pasado en la Brimo. Y la agresividad no la sufren solo los antidisturbios, avisa: “Antes podías mandar un único coche a muchos servicios, pero ahora casi siempre tienen que ir dos, como mínimo, para garantizar la seguridad de los agentes. Muchos sienten que hay impunidad para atacar a los policías”.
“Espero que no pase nada grave en Barcelona porque si hay altercados importantes va a tener que venir la Policía Nacional que sí usa pelotas de goma a salvar la situación, como ya ocurrió durante las protestas contra la sentencia del ‘procés’. Nosotros no tenemos armas coercitivas para repelerlos y ahora van a sacar también los proyectiles de foam”, dice otro exmando de la Brimo.
“Para mí, el problema de esta comisión es que solo va tener voz la parte más antipolicial porque han invitado a activistas y entidades como Irídia, pero no a expertos en el uso de la fuerza, por ejemplo. Solo va en una dirección: quitar material como el foam”, añade otro antidisturbios que trabaja en el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Barcelona.
Sin protección legal
Este último antidisturbios ARRO, sobre el hecho de que la Conselleria haya dejado de personarse como acusación en los juicios contra manifestantes que presuntamente han atacado a mossos, mantiene que es una decisión que se ha tomado porque ahora comparten ideología con los que protestan. “Si no fueran de su cuerda, se personarían. Y lo digo como independentista que soy”, remarca. Un último antidisturbios de la Brimo asegura que no ha sido “ninguna sorpresa” la retirada de Interior de los procesos judiciales. Y opina, como el anterior, que también se debe al hecho de que se trata de activistas independentistas. “La actual Conselleria no ha subido el nivel de Quim Torra, son igual de mediocres”, les afea.
El “desánimo” no se reduce únicamente a las unidades de orden público como la Brimo o la ARRO. Entre los policías preguntados, ninguno duda de que la comisión y la negativa a ejercer la acusación particular está conectada con la dependencia que Esquerra y Junts tienen de la CUP. “Necesitan sus votos y nos venden”, resumen. “Yo tengo mi sindicato y prefiero que la acusación la ejerza el sindicato antes que la administración. No debería ser así porque soy un trabajador suyo, pero la Conselleria tiene otros intereses”, lamenta un cabo adscrito a una unidad de menores.
Un investigador del Baix Llobregat, menos en contacto con el clima de la calle que los antidisturbios o los patrulleros, confirma la sensación interna “de desapego” hacia los responsables políticos. Prevalece en el seno del cuerpo un "sentimiento de inseguridad institucional, social y ahora legal", tras la negativa a perseguir a los agresores de sus funcionarios.
"Lo de retirar la acusación es una más, es de risa. Pero por suerte la gente aquí es profesional, cumple con su trabajo. Queremos ser policías, estar para lo que nos necesite el ciudadano y meter al malo en la cárcel. Y estos debates creemos que nos ponen a la gente en contra. Pero bueno, no importa, todos, incluso los más antisistema, cuando tienen problemas de verdad van a la policía y nosotros los atenderemos", añade otro investigador de comisaría del Vallès Occidental.
Sobre las jubilaciones anticipadas y el incremento de plantilla, los agentes consultados únicamente opinan que se trataba de deudas antiguas que la Conselleria no tenía más remedio que saldar y que no alteran, a su juicio, la mala relación entre el Govern y su policía.
Los sindicatos piden una comisión útil
El portavoz de SAP-FEPOL, Toni Castejón, subraya que la comisión de orden público solo será realmente útil si también resuelve la ausencia de herramientas y de horas de formación. Se plantea también por qué hay ciudadanos que se muestran cada vez más agresivos con la policía. En este contexto, que la Generalitat se aparte resulta "inexplicable". Desde el Sindicat de Policies de Cataluña (SPC), David Miquel, cree que ante la nueva postura legal adoptada por la Conselleria ante los ataques a los agentes debe hablarse de "abandono", pero recuerda que los sindicatos prestarán la asistencia jurídica necesaria. En el mismo sentido se expresa Albert Palacio, portavoz de USPAC, que juzga "patética" la retirada de la acusación de la Generalitat y abunda, como el resto, en que movimientos como este acentúan la distancia entre los agentes y sus responsables políticos.
