Tras veinticinco sesiones intentando depurar las responsabilidades políticas derivadas del presunto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, la comisión Kitchen echa el cierre con pocas dudas despejadas y el reiterativo mensaje de exdirigentes del PP: No tuvieron nada que ver con aquello.

Durante nueve meses -interrumpidos por el verano-, la comisión ha recabado testimonios policiales -la mayoría- y políticos sobre la presunta trama urdida en 2013 con medios y fondos reservados del Ministerio del Interior para hacerse con información en poder del entorno del extesorero Bárcenas que podría comprometer al PP.

Diez de los 37 comparecientes están procesados en la causa del juez Manuel García Castellón. Los principales investigados casi han simultaneado sus citaciones en la Audiencia Nacional con la llamada del Congreso.

La mayoría de los citados se han aferrado al desconocimiento del operativo, muchos han optado por el silencio escudados en el proceso judicial, otros se han limitado a reafirmar lo dicho ante el juez y solo unos pocos han desvelado detalles de una trama que mantiene aún más sombras que luces.

Semana tras semana, los diputados han tratado de desentrañar -a veces en sesiones maratonianas y tediosas- esta presunta operación, y lo han hecho, precisamente, en paralelo a la investigación judicial, que culminó en julio, aunque está a la espera de recursos como el que pide que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal vuelva a estar imputada.

Mientras sus señorías presentan sus conclusiones -lo harán en principio el día 20 para debatirlas el 22-, estas son algunas de las claves que deja la comisión Kitchen.

Los políticos se desmarcan

Han sido los últimos en acudir al Congreso y su testimonio no ha servido para colocar las últimas piezas del puzle de la trama porque ninguno ha revelado nada. Es más, dos de los políticos procesados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, han negado tanto las acusaciones que pesan sobre ellos como también conocer la trama.

Fernández Díaz negó la tesis del juez de que ordenó la operación a su número dos: "Ni al señor Martínez ni a nadie, así de rotundo se lo digo". Martínez, al que los policías imputados apuntan como uno de sus interlocutores y partícipes directos, negó también todo.

A ambos defendió el expresidente Mariano Rajoy en un alegato a la presunción de inocencia unido a numerosos reproches a los diputados por dar credibilidad a Bárcenas -condenado por Gürtel- y al excomisario José Manuel Villarejo, epicentro de una operación que dijo desconocer y cuya existencia cuestionó hasta que una sentencia firme lo acredite.

"No me reuní nunca con el señor Villarejo (...) Jamás en mi vida le he enviado un mensaje", dijo desde el primer momento Rajoy, que negó toda la versión del excomisario, incluida la que apuntaba a que estaba informado a través de Cospedal, quien, a diferencia del expresidente, optó por no responder a los diputados escudándose en el procedimiento judicial.

Tampoco lograron los portavoces sonsacar ningún detalle al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, en el punto de mira de la Fiscalía, aunque no ha sido llamado ni como testigo. En las dos veces que acudió al Congreso no se cansó de repetir que no tuvo nada que ver ni supo de la existencia de Kitchen.

Policías: del silencio a la colaboración

De los 21 policías comparecientes nueve están procesados, entre ellos Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que fue captado como confidente policial y que acabó ingresando en la Policía, y el antiguo asesor de Cospedal, el inspector Andrés Gómez Gordo, protagonista en la operación por la relación con Ríos.

Ambos optaron por el mutismo absoluto y sus comparecencias fueron una sucesión de monólogos de preguntas y reflexiones de los diputados.

Testimonio baldío también el de Eugenio Pino, que era el máximo jefe operativo de la Policía. A un paso del banquillo porque el juez considera que dio instrucciones para proceder a la operación por orden de sus jefes máximos, tampoco contestó, pero dejó para el final esta frase: "No nos ordenaron nada por parte del Gobierno de entonces, ni de la Kitchen ni de Cataluña".

Fue Pino quien apartó en 2015 al inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, uno de los comparecientes que más elogios se ha llevado de la comisión. Describió las presiones sufridas y apuntó que le sacaron de la unidad "para calmar" al PP mientras le ocupaban en tareas inútiles para obstaculizar sus pesquisas.

Y si hay un compareciente que ha aportado algo de luz, ese ha sido el comisario jubilado Enrique García Castaño, el Gordo. Dos veces ha acudido a la Cámara y en ambas se quedó con ganas de revelar asuntos que están sujetos a la ley de Secretos Oficiales, reconoció.

García Castaño, que ha declarado ante el juez en media docena de ocasiones, claves para imputar a Francisco Martínez, se reafirmó en el Congreso en sus acusaciones y deslizó que este y Fernández Díaz ordenaron la entrada de Villarejo en la operación, de la que la cúpula del PP debía estar al tanto.

Eso sí, él recibió el encargo de Pino, pero la misión del operativo -que no se llamó Kitchen, sino Bárcenas- no era robar al extesorero, sino descubrir dónde tenía el dinero escondido y quiénes eran sus testaferros. El dispositivo, según él, tenía cobertura legal.

Villarejo enfanga la comisión

Como García Castaño, Villarejo, investigado en esta y otras treinta piezas abiertas en la Audiencia Nacional, ha visitado dos veces la comisión y ha dado detalles de la Kitchen dirigidos a inculpar a la cúpula del PP.

La comisión, no obstante, receló de sus afirmaciones y varios diputados le espetaron que su relato podía ser "inventado" porque había "cosas que no casaban" y "datos inconexos".

Algunas de sus acusaciones fueron rebatidas por los protagonistas. Por ejemplo, tanto Rajoy como Fernández Díaz como el director de la Policía negaron que le conocían y que se habían reunido con él.

Llegó a afirmar que tuvo contacto directo con Rajoy sobre la operación, manifestación que provocó su citación en la Audiencia Nacional y a la que el juez no dio credibilidad al considerar que podría haberla hecho para ganar notoriedad.

La figura de Villarejo como el gran protagonista de las "cloacas policiales" ha dado juego a la comisión, que se lleva un retrato del excomisario perfilado por varios policías.

García Castaño no tuvo pelos en la lengua: todo el mundo sabía que Villarejo tenía empresas y todos los directores adjuntos operativos se reunían con él en su despacho. Gozaba de un "estatus especial" que le hacía depender directamente de altos cargos del ministerio y tener acceso a niveles políticos altos.

Para otros, como el exjefe de Policía Judicial José García Losada, Villarejo es un timador que ha vivido del "rollo del agente encubierto". "Todo lo que hace es para ganar dinero". Su negocio "es la pasta, la suya, nada más", sentenció.

Cataluña, el Gal y hasta el emérito

Pero la Kitchen ha servido a los diputados para desviar sus preguntas a otros asuntos de corrupción como Gürtel, los GAL, la operación Cataluña o los múltiples entresijos en los que se ha visto envuelto Villarejo, que precisamente ha aprovechado cualquier oportunidad para hablar de los operativos en los que dice haber participado.

Entre ellos, la operación Farinelli, supuestamente vinculada a Juan Carlos I. "Al rey emérito le inyectaron hormonas, inhibidores de testosterona", dijo ante la sorpresa de los diputados.