La ley de vivienda tensa la relación del PSOE con sus socios de Gobierno y de coalición

En septiembre, Esquerra, EH Bildu, la CUP, Más País, Compromís y Unidas Podemos hicieron suya una propuesta del Sindicato de Inquilinos y de la Plataforma Antidesahucios (PAH), a la que se unieron CCOO y UGT, para regular por ley la vivienda. La registraron como propuesta con alcance legislativo y el pleno de la Cámara Baja la debatirá este martes para dilucidar si la tramita o si la deja fuera, tal y como recoge El Periódico de España.

El PSOE ha avanzado a sus aliados que no le esperen, lo que es un varapalo, ya que sin los 120 diputados socialistas, la proposición será rechazada. Señalan fuentes del grupo que dirige Héctor Gómez que el texto penetra en los marcos competenciales autonómicos y choca con algunos de los pilares de un proyecto legislativo estrella para el presidente, Pedro Sánchez.

Aunque los plazos se van contrayendo, el Gobierno tiene previsto entregar al Congreso su propuesta para una ley de vivienda antes de final de año. ¿Dónde está la controversia entonces? Pues que a ERC le gusta la suya, la que defenderá este martes, y desconfía de la del PSOE. En un momento en el que la tensión se ha disparado por culpa de la ley audiovisual y de la cuota que tendrá el catalán en Netflix, la disputa que socialistas e independentistas van a protagonizar en el hemiciclo del Congreso no se producirá en el momento más idóneo. "Todo influye", afirman fuentes de Esquerra a El Periódico de España.

La postura de Unidas Podemos

El grupo parlamentario más incómodo en el debate del Congreso será el que dirige Pablo Echenique. Consecuencia de la dos caras a las que le obliga estar en el Gobierno con el PSOE como formación principal de la coalición. En vivienda, como en tantos ámbitos, desde la ley mordaza a las pensiones, los "morados" quieren ir con la quinta velocidad puesta y los socialistas con la tercera. Eso dicen las fuentes de la formación que lidera Ione Belarra.

Fuentes que indican que este martes su posición será la defensa a ultranza de la negociación. Quien intervenga en la tribuna del hemiciclo eludirá choques directos con el PSOE puesto que, al fin y al cabo, en unos días aterrizará en la Mesa del Congreso el proyecto avalado por el Consejo de Ministros. Sobre este texto habrá que hablar con los demás grupos, ERC incluida. Y EH Bildu. Y Más País.

Unidas Podemos votará a favor de la tramitación de la iniciativa que secundan la PAH y los sindicatos, lo que revela una posición política, pero poco más. Hubiera sido confuso votar en contra de una propuesta que proviene de agentes sociales en los que la formación de Pablo Iglesias se ha apoyado tanto. Respaldar la tramitación es sencillamente respaldar que haya negociación en el Congreso. No será sobre la base que demandan los aliados parlamentarios que hacen que la agenda legislativa del Gobierno avance, pero la habrá. "Tiene ideas buenas para mejorar" la norma del Ejecutivo, señalan las fuentes de UP respecto de la proposición de dichos aliados.

Con todo, siempre según las declaraciones de estas fuentes, Unidas Podemos va a hacer mañana bandera de la ley y se va a erigir en su portador. También manifestará su intención de ir más allá, porque, si bien el proyecto vendrá con las firmas de socialistas y "morados", registrarán enmiendas cuando empiece el plazo. Y una de ellas será fundamental, porque ataca directamente al núcleo de la norma: rebajar a tres meses el periodo que tendrá el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para formalizar el índice de precios de referencia, en vez de los 18 que recoge el anteproyecto. Esto es clave. Veamos por qué.

La situación de la vivienda

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no lo incluye en sus barómetros mensuales como principal problema, de hecho lo es para un exiguo 0,4 por ciento de los ciudadanos (dato de noviembre). Pero basta revisar la situación en Madrid o Barcelona, las ciudades más pobladas, para darse cuenta de que la vivienda lo es, y de los gordos. Sobre todo, el alquiler, sus precios, imposibles para sueldos estancados.

Quizá no es aún una preocupación en sí misma, pero nadie duda de que la inaccesibilidad a un hogar, sobre todo para los jóvenes, es una consecuencia de la precaria situación económica en la que vive la mayoría de la sociedad. Y los problemas de índole económica sí están en el podio de preocupaciones ciudadanas, según el radar del CIS.

Consciente de ello, Pedro Sánchez pidió al PSOE y a Unidas Podemos, a primeros de octubre, que cerraran un acuerdo sobre vivienda, y acto seguido, sobre los Presupuestos de 2022. Lo primero no resultó fácil porque las desavenencias no han cesado desde el pacto original, el que socialistas y "morados" lograron en diciembre de 2019 para componer el primer Gobierno de coalición en el Estado desde la vuelta de la democracia.

Entonces, los futuros socios de gobierno, en su programa conjunto, hicieron hincapié en la necesidad de impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado", para lo que "se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos" una serie de herramientas basadas en el nuevo "Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda". He aquí el índice citado antes, la clave de las políticas de contención de alquileres disparados.

Más adelante, en el mismo pacto de diciembre de 2019, remarcan que los ayuntamientos, sobre criterios técnicos, temporales y excepcionales, podrán declarar una zona tensionada "cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable".

Sánchez formó el Gobierno en enero de 2020. Pablo Iglesias fue el vicepresidente de Derechos Sociales y José Luis Ábalos, el ministro de Transporte. El primero envió a negociar las políticas de vivienda a Ione Belarra, secretaria de Estado; el segundo, a David Lucas, secretario general de Vivienda, exalcalde de Móstoles, otrora persona muy cercana al presidente. Las discrepancias ocuparon la mesa de negociación entera desde el minuto uno. Casi dos años después, los alquileres imparables en Madrid, lograron forjar un acuerdo.

Otro pulso con ERC

Ahora bien, a los socios parlamentarios no les convence. ERC dijo desde el principio que no le gustaba, y se juega mucho en ello. En septiembre de 2020, el Parlamento de Cataluña sacó adelante una norma que propició que hasta 61 municipios, sobre todo Barcelona y los que conforman su enorme periferia (todos con más de 20.000 habitantes), fueran declarados zonas tensionadas. La etiqueta significa que en estos núcleos urbanos el precio del alquiler no puede superar el del contrato anterior y no puede rebasar el que fije el índice de referencia hecho por la Generalitat.

El Gobierno recurrió la norma, pero no pidió impugnar este aspecto, que sigue en vigor hasta que una ley estatal regule exactamente el precio de los alquileres, o por ser más preciso, su contención. ERC ya ha comunicado al Gobierno que no aceptará nada que rebaje el calado de la norma catalana.

Cree que el proyecto del Gobierno genera una onda expansiva mucho menor. A decir verdad también lo piensa Unidas Podemos, que sólo aproximó al PSOE a sus postulados. La norma de la coalición, que aún no ha llegado al Congreso, apunta a nuevos mecanismos para amortiguar las subidas de los precios del alquiler en las zonas tensionadas, aunque a través de prórrogas de los contratos de hasta tres años y en las mismas condiciones que el original, y a través de exenciones fiscales para los propietarios que podrían llegar hasta el 90% del IRPF.

Asimismo, si la vivienda pertenece a un gran tenedor, que es el que tenga más de 10 inmuebles urbanos destinados a uso residencial o una superficie de más de 1.250 metros cuadrados, habrá un tope fijado por el contrato anterior o por el índice de precios de referencia. Índice que el Ministerio podrán hacer durante los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley pero que UP quiere menguar a tres meses. Por otro lado, Sánchez anunció la puesta en marcha de un bono de ayuda a los jóvenes dotado con 250 euros.

Para ERC, este modelo es templado tirando a frío. Pide más ambición. La piden también Más País, Compromís y EH Bildu. Y lo pide la PAH. Y el Sindicato de Inquilinos. Abogan por un sistema de contención más directo. Si la renta media supera el 30% de los ingresos medios o si en cinco año la subida del precio se coloca tres veces por encima del IPC interanual, la zona será declarada tensionada. Y si esto ocurre, los ayuntamientos aplicarán el índice de referencia para poner un tope infranqueable por cinco años prorrogables a seis.

Más problemas

EH Bildu, a pesar de las peticiones de este medio, ha eludido dar su posición o hacer algún tipo de pronunciamiento. En el hemiciclo saldrá en defensa de las peticiones de la PAH, entre otras organizaciones. Ya han dicho que el documento que vendió el Gobierno les resulta insuficiente.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, en conversación con El Periódico de España, lamenta que no vaya a usarse como sustento de futuros acuerdos la proposición que debatirá el Congreso este martes. Sus términos van más lejos que los del proyecto del Ejecutivo, que a su juicio, además, llega ya "muy tarde". "No puede ser que en la norma se den 18 meses para hacer el índice de precios de referencia. Este problema es urgente y son necesarias actuaciones urgentes; hay que meter prisa al Gobierno", explica.

No sólo le desconcierta ese plazo tan dilatado del índice, sino además que no obligue a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a poner los topes a las subidas del alquiler. La ley lo deja a su decisión. "Ya sabemos, si sale así, dónde no se aplicará: en las comunidades más grandes, Madrid y Andalucía, donde gobierna al PP", dice antes de recalcar: "¿Qué hará José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, si eso ocurre? Nada".

Errejón intervendrá ante el pleno para, una vez más, denunciar la timidez del PSOE en asuntos en los que no caben los balbuceos. "Si la gente percibe que este Gobierno no les soluciona los problemas, las que saldrán ganando serán las derechas".

Coincide el diputado de Compromís, Joan Baldoví: "El PSOE tiene mañana una magnífica oportunidad para decidir de qué lado está: del lado de la derecha, que sabemos que no quiere regular el precio del alquiler, o del lado de quienes queremos que se tramite la proposición de ley para ayudar a la gente a tener una vivienda digna".