Fin al culebrón sobre la ley del audiovisual, nacido cuando se dio a conocer el borrador de la ley que el Consejo de Ministros pretendía aprobar sin reservar espacio a las lenguas cooficiales y que, luego, se vio mezclada, hasta el final, con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Finalmente, Gobierno y ERC han desmenuzado el nudo gordiano que trazaban ambas ramas. El toque final, tras lo avanzado por este diario la semana pasada, ha sido un último aumento en la producción en catalán.
Del 100% de producciones de las plataformas, los parámetros se establecen sobre el 70% de producción ajena. De este 70%, el Gobierno ofrecía un 10%. El acuerdo se ha cerrado, finalmente, en el 15% para el catalán.
Además, las partes negociadoras están de acuerdo en crear unos fondos de ayuda para el doblaje y subtitulación de productos audiovisuales en las lenguas cooficiales. Todas las empresas que superen los 50 millones de beneficio contribuirán a ese fondo, cada años. Se calcula un mínimo de 15 millones anuales para este apartado.
Algo que, además, abre la puerta a que las multinacionales, que han mostrado ya su plena predisposición, adopten aquellas versiones en catalán (o en euskera o gallego) ya existentes. Un ejemplo podría ser la serie 'Breaking Bad', emitida, también, por TV-3.
Esta medida subsana la impermeabilidad de las multinacionales a la obligación de ofrecer un 6% de su catálogo en lenguas cooficiales, por tener la sede fuera de España. Obviamente, esta obligación tendría visos de futuro, es decir, que todo aquella serie o película que se doblara, o subtitulara, en catalán, ya fuera para el circuito de pantallas de cine o para su emisión por TV-3, en caso de ser adquirida por Netflix o HBO debería ser incorporada a la oferta de la plataforma.
Medida-árnica
Se trata de una medida-árnica ante la imposibilidad de someter a las multinacionales al porcentaje del 6% de catálogo en lenguas cooficiales, por tener sede fuera de las fronteras españolas. Una cuota que sí deberán cumplir Movistar y Filmin.
En primera instancia, cuando la vicepresidenta Nadia Calviño levantó la liebre y excluyó a las empresas sitas en el extranjero del cumplimiento de la nueva ley, ERC repuso que era una cuestión interpretativa. Finalmente no ha sido así y la apertura de otras vías ha significado el reconocimiento tácito de que no se podía domeñar, por esta vía, a Amazon Prime, HBO y Netflix, entre otras plataformas.
