La Comisión de Ética Fiscal, un nuevo órgano que será el encargado de interpretar si los integrantes del Ministerio Público cumplen con el código deontológico que les es propio, nace con sospechas de ausencia precisamente de ética, tras conocerse que todas las plazas han sido ocupadas por miembros de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) tras una campaña en la que el resto de organizaciones no han podido apenas participar.
La propia Junta Electoral creada para monitorizar el proceso que elección de los seis miembros de este órgano, presidido por el fiscal Francisco Moreno, ha incoado un expediente informativo a raíz de una denuncia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que acusa a la conservadora AF de "irregularidades" durante la campaña a las elecciones para crear este órgano celebradas entre los pasados 13 y 16 de diciembre.
Según el decreto dictado por la Junta Electoral creada específicamente para estos comicios, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, se incoa un "expediente administrativo de información y actuaciones previas" a raíz de sendas comunicaciones remitidas por la presidenta de la UPF, Inés Herreros, y del fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada Bardají, en representación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Este expediente podría concluir en una declaración de vulneración del principio de igualdad en los comicios, aunque las fuentes consultadas ven complicado que se pueda llegar a anular las elecciones y repetir el proceso.
Según el reglamento de la propia Comisión de Ética, y para dotar de una mayor legitimidad e independencia a los fiscales que vayan a integrar este órgano, se decidió que no se permitía a las asociaciones presentar ningún tipo de candidatura. Por ello, y en su escrito a la Junta Electoral, Herreros hace referencia al envío de correos electrónicos a sus asociados tanto por parte de la Asociación de Fiscales (AF) como por una de sus candidatas, Marta Valcarce, los pasados 9 y 10 de diciembre. En una carta remitida a Moreno, el fiscal Viada señala denunció este mismo hecho.
Similar al del CGPJ
En cuanto a sus funciones, la Comisión de Ética Fiscal tiene por objeto la interpretación del Código Ético del Ministerio Fiscal, a través de la emisión de dictámenes e informes, de forma similar al órgano que ya existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realiza recomendaciones sobre actuación de los jueces respecto a los medios de comunicación, asistencia a eventos públicos etc.
Puede además, de forma excepcional, elaborar informes sobre asuntos o cuestiones resulten de interés general y estén relacionados con el comportamiento ético que, "con arreglo a los principios de ética fiscal, se espera de los y las fiscales", según señala el reglamento que regula esta Comisión.
UPF considera que la campaña activa que realizó la asociación mayoritaria entre sus asociados puso en clara desventaja al resto de candidaturas personales, limitando así sus posibilidades de llegar al resto de compañeros más allá de sus contactos personales, y rompiéndose claramente el principio de igualdad.
De hecho, las elecciones han tenido como resultado que todos los miembros de la nueva Comisión de Ética del Ministerio Fiscal están afiliados a la Asociación de Fiscales, lo que impide que en este órgano presente todas las sensibilidades y diferencias existentes en la carrera fiscal. "Tristísimo, porque a esto, lo van a llamar Comité de Ética", añaden las fuentes de la asociación progresista consultadas.
Por parte de APIF, Viada puso en conocimiento del presidente de la Junta electoral que no se había dado traslado a esta asociación de las bases para la votación, por lo que desconocían el número posible de candidatos que cada fiscal podía votar.
Fuentes de esta asociación añaden a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que, muy al contrario, se les dijo que la Comisión de Ética estaba pensada para fiscales que se presentaban de manera individual, por lo que se recomendaba la no intervención de las asociaciones a la hora de publicitar a determinados candidatos.
Por parte de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, reconoce a este diario el envío del correo electrónico obrante en la denuncia que llegó a la Junta de Fiscales, si bien rechaza que se pidiera el voto para ningún candidato. "Únicamente se informaba a nuestros asociados de la existencia de estas elecciones, que votar era importante y quienes eran los candidatos pertenecientes a la asociación, no se pedía el voto para nadie", asegura Dexeus a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Solo queda, añade, que la Junta Electoral resuelva lo que estime oportuno.
