El Congreso rechaza prohibir por ley las diferencias salariales entre policías

La propuesta de tramitación, que ha sido rechazada con 190 votos negativos de PSOE, Unidas-Podemos, ERC, PNV y Grupo Mixto, recogía la aspiración de las plataformas sindicales de las dos fuerzas de seguridad del Estado de que se introduzca en el Ordenamiento Jurídico la proscripción de las diferencias salariales entre policías autonómicos y estatales.

Está conectada con lo que en el argot sindical policial se conoce como "cláusula octava", en referencia al capítulo del pacto que el ministro del Interior del PP Juan Ignacio Zoido firmó con las centrales sindicales policiales en 2018. La reclamación de articular por ley una equiparación total de los salarios entre policías, guardias civiles y sus colegas de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza se basa en la denuncia de una auditoría sobre necesidades presupuestarias y retributivas que se hizo entonces y que los sindicatos no dan por válida y reclaman que se repita.

"Las retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y autonómicas será en todo caso iguales", dice uno de los artículos de la proposición del PP, que prevé también prohibir a las autonomías subir por su cuenta salarios a sus policías.

Hasta el momento, la aplicación por gobiernos del PSOE, y del PSOE y Unidas Podemos, de los tres tramos de subidas fijados en el acuerdo que firmó el último ejecutivo del PP ha supuesto un incremento presupuestario de 807 millones de euros, y una mejora media del 20% en las nóminas de los policías y los guardias.

Concurso de populismo

En la discusión de esta proposición de Ley, la Cámara Baja ha conocido este martes una de sus grandes tardes de populismo. Partido Popular y Vox, y en menor medida Ciudadanos, libran un pulso por la influencia sobre las Fuerzas de Seguridad y las movilizaciones de sus integrantes. Esta competición se ha trasladado al hemiciclo entre indisimuladas lisonjas dirigidas al colectivo de los uniformados, incluso con trompetería de himnos en la cámara.

La diputada del grupo proponente Ana Vázquez ha admitido en su intervención que la iniciativa no iba a prosperar -"será una realidad cuando gobierne Pablo Casado", ha augurado- y ha defendido la propuesta a base de atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo, ha dicho, "protege a los delincuentes y deja tirados a policías y guardias civiles". Ha elevado el diapasón además la portavoz popular en materia de Interior al exponer: "Atacan a la Policía y los quieren amordazados mientras piden más agentes para los casoplones de Galapagar o las vacaciones a Escocia de [Alberto] Garzón".

En la parte culminante de su discurso, Vázquez ha propuesto al Ejecutivo: "¡Renuncien a los escoltas, y tendríamos más dinero para la España vaciada!".

Pero el número dos de Vox, Javier Ortega Smith, le ha disputado este terreno a la parlamentaria popular en su turno de palabra. Su partido está con la propuesta "porque más vale esto que nada", ha explicado antes de su momento estelar: ha bajado los micrófonos hacia su móvil, le ha dado al play y ha atronado en toda la cámara el primer verso del himno del Cuerpo Nacional de Policía cantado por un tenor: "Policía Nacionaaaaal..."

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, mandó parar cuando le ha recriminado: "La tribuna no está para canciones".

La diputada socialista y exalcaldesa de La Línea de la Concepción (Cádiz) Gemma Araujo ha clamado en su turno: "¡La Policía y la Guardia Civil no son patrimonio de nadie", y ha reprochado al PP su intento de "manosear a la Policía y la Guardia Civil" en su "estrategia de desgaste de este gobierno".

Ana Vázquez había acusado al actual ejecutivo de elevar el sueldo de guardias y policías con los presupuestos aprobados por Mariano Rajoy y en base a acuerdos "que ya estaban en el BOE" y que han mantenido "en el fondo de un cajón". Su oponente socialista le ha contestado que, cuando la izquierda llegó a la Moncloa, no había fondos habilitados "ni calendario de pagos".

Tensión sindical

En instalaciones anejas a la Cámara Baja, los portavoces del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Morales, y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona, han seguido en el debate. Las dos centrales habían tratado con el PP cuestiones recogidas en la proposición de Ley. Si bien, "somos apolíticos. Policías y guardias civiles no somos de ningún partido, sino de todos los ciudadanos", ha explicado Morales.

Los dos portavoces se han presentado para seguir de cerca la discusión sobre "una ley de retribuciones en la que se acuerde que ningún policía en España pueda cobrar más que otro y se cumpla definitivamente ese acuerdo 2018", ha dicho el dirigente del SUP.

Carmona ha recordado que la AUGC tiene planteado un contencioso administrativo admitido a trámite por el Tribunal Supremo por lo que denuncia como una "equiparación incumplida". "El Gobierno tiene que afrontar esta votación y decidir si quiere acabar con esta diferencia de salarios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta proposición de Ley puede poner punto y final a las disfunciones salariales", decía al comienzo de la sesión de la tarde en el Congreso.

Tanto el SUP como la AUGC habían anunciado que seguirán reclamando en la calle si no se abre paso la ley en la cámara.

Y la calle, concretamente la Carrera de San Jerónimo de Madrid, será este miércoles escenario de una nueva protesta de Jusapol, la plataforma que, radicalizando su mensaje, ha arrebatado al SUP y la AUGC el liderazgo sindical en Policía y Guardia Civil. Frente al Congreso, y con otras organizaciones, protestará por el inicio de la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada 'Ley Mordaza', que, para el presidente de Jusapol, Miguel Ángel Gómez, "deja a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los pies de los caballos, pone en riesgo su integridad física y la de sus familias y va a suponer un clima de inseguridad para todos los ciudadanos”.

Este martes, Jucil, la rama de Jusapol en la Guardia Civil, ha lamentado el resultado de la votación en el Congreso: "Se desperdicia una nueva posibilidad de poner fin a la segregación y a la discriminación que sufren en España una buena parte de los funcionarios de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha dicho en una nota pública.