La nueva ley de residuos que cambiará el modelo de reciclaje en España y que la Unión Europea observará con lupa, pues es una de sus principales exigencias en materia medioambiental, no deja de deparar sorpresas políticas. El pleno del Congreso la aprobará el jueves porque cuenta con los apoyos del PSOE, Unidas Podemos, PNV y Más País, y porque PP y Cs se abstendrán, pero falta un partido fundamental, ERC, que ahora mismo se decanta por el voto en contra. La razón: el nuevo impuesto que consagra la norma y que destruye el modelo fiscal de Cataluña.
El negociador que Esquerra designó para buscar el acuerdo, Xavier Eritja, destaca a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el problema surgió cuando el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero abogó por homogeneizar "a la baja" el impuesto sobre el depósito y tratamiento de residuos en vertederos, que en Cataluña se está aplicando desde hace casi 20 años con un notable rendimiento, ya que devuelve más de 80 millones de euros al año. Al ser una figura tributaria finalista, va destinado obligatoriamente a inversión en sistemas de economía circular cada vez más eficaces.
"Hacienda pone un marco mínimo para todo el Estado e invalida el canon de Cataluña, por lo que genera un conflicto competencial que no estamos dispuestos a aceptar", ahonda Eritja, quien reconoce que el contenido de la ley de residuos sí complace a su grupo. Hasta que discutió este enredo competencial con el Departamento de María Jesús Montero. Es una línea roja para ERC, y como el Gobierno la ha franqueado, los independentistas han dicho que no la van a apoyar.
Consciente del problema, Hacienda envió este martes una propuesta a ERC, cuyo contenido las fuentes no han desvelado. La remitieron al Govern para que la estudien. Horas después, las primeras impresiones no apuntaban al acuerdo. Para la dirección del grupo catalán en el Congreso, por tanto, no es suficiente. En consecuencia, a día y medio de que el pleno de la Cámara se pronuncie sobre el dictamen de la Comisión y la ley de residuos, la posición de Gabriel Rufián y sus doce compañeros/as sigue siendo "no".
Un portavoz del Ministerio de María Jesús Montero, preguntado por la situación, afirmó que la desconocía. Fuentes del grupo parlamentario socialista confirman a este medio que las conversaciones seguirán hasta el jueves, y si no cuajaran, continuarán durante el trámite del Senado. Aunque la norma tiene la aprobación garantizada debido a la abstención del PP, ni el Gobierno ni el PSOE quieren prescindir de ERC aquí.
No obstante, no es el único partido catalán reacio. Todos, de hecho, lo son. JxCat y PDeCAT tampoco apoyaron la norma.
Un nuevo modelo fiscal
La ley de residuos incluye un capítulo, el VII, sobre las medidas fiscales que han de incentivar la economía circular, y en él concreta dos tributos. Uno de ellos lo llama así: "Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos". El otro: "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables". Ambos, indirectos.
El primero tendrá como base imponible la entrega de residuos para su eliminación o tratamiento en vertederos autorizados, tanto públicos como privados. Lo asumirían los ayuntamientos. El segundo lo pagarán, básicamente, los fabricantes. El Ministerio de Hacienda gestionará los dos, y esto es un problema considerable para ERC, entre otras razones porque no está dispuesto a permitir que la Generalitat pierda autonomía fiscal y porque al ser un modelo que le está funcionando, tanto en sus objetivos medioambientales como en sus pretensiones recaudatorias, no quiere que se descomponga.
Además, para la formación de Pere Aragonès, presidente del Govern de Catalunya, urge una modificación de la LOFCA para evitar que haya situaciones similares en el futuro y cánones como el de los residuos en Cataluña sean neutralizados. "Veremos en los próximos días si Hacienda plantea un doble modelo, que permita que las comunidades que tengan sus propios impuestos, los mantengan, y al mismo tiempo, que si una comunidad quiera delegarlo, lo haga sin problemas. Veremos si defiende esto o si pasa el rodillo", puntualiza el diputado de ERC.
"La ley de residuos nos gusta, efectivamente, pero el modelo fiscal no es un detalle menor. Es un asunto central que tiene que ver con el ámbito competencial", explica el diputado de Esquerra. "Esperamos una propuesta de Hacienda, y si sirve para un acuerdo, cambiaremos el voto en contra", añade. No precisa que Esquerra pase del no al sí, sino que en todo caso acudiría a la abstención.
Una sorpresa más
Que la ley de residuos afectará al día a día de los ciudadanos está fuera de duda. Este medio se ha ido haciendo eco de algunas de sus novedades más llamativas. Una tiene que ver con el cubo amarillo en el que los ciudadanos depositamos los envases.
Se trata de un modelo hegemónico gestionado por Ecoembes que, a criterio de algunos grupos defensores de la norma, no está funcionando. Estiman que genera una tasa de recogida del 25% del material a reciclar, muy lejos de los estándares que exige la UE. Por ello, a instancias de Unidas Podemos, con el visto bueno del PSOE y el apoyo de PNV y EH Bildu, se introdujo una enmienda en la ley que establecía objetivos temporales intermedios de recogida. Si no se cumplen, como parece que será si no cambia el sistema actual, las administraciones instalarán en dos años uno nuevo, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
Otra novedad afecta a las colillas que a veces, lamentablemente, se hacinan en los arenales de las playas. Más País logró que se aprobara una enmienda para que en la ley se incluyera una vía libre a la prohibición de fumar en las playas, y así, contribuir a mantener limpio el medio marino. La redacción es una habilitación a los ayuntamientos para que impongan las multas que consideren. Ya lo podían hacer, pero a través de sus ordenanzas. Que una ley consagre esta opción animará a los consistorios.
En el sistema fiscal viven otras dos novedades, la de los impuestos mencionados. Impuestos "verdes". Cuentan fuentes parlamentarias implicadas en la negociación de la ley que la intención de Hacienda era disponer de ambas figuras tributarias a partir del próximo 1 de enero, lo que tensó mucho la negociación en el Congreso. Varios grupos, sobre todo los aliados, protestaron.
Contra pronóstico, una enmienda del PP con la que nadie contaba fue apoyada por el PSOE y al final pasó a formar parte de la norma. Y la negociación se ha distendido.
Porque la propuesta del grupo popular reconfigura la disposición final undécima, la última. Es prácticamente el último párrafo de la redacción. "La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo anterior, la entrada en vigor del Título VII de esta Ley se producirá el 1 de enero de 2023". El título VII es el título sobre el modelo fiscal. "Ese año de demora ha relajado mucho los ánimos", sentencian las fuentes.
