Pablo Casado defendió su rechazo a la reforma laboral del Gobierno ante el comité ejecutivo nacional de su partido, al que reunió este jueves antes de comparecer para hacer balance de 2021. Según ha podido saber El Periódico de España, dedicó buena parte de su intervención a explicar por qué es inamovible un voto en contra a pesar de que algunas voces con peso, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sugieren desde hace días que al menos convendría sopesar alguna otra posición.

Los dirigentes del PP que tienen dudas al respecto apelan a que en realidad no sólo no ha habido derogación, sino que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ni siquiera ha modificado las partes esenciales de la ley de 2012 de Mariano Rajoy. Asumiendo, como también hacen los socios nacionalistas de Pedro Sánchez, que la mayor parte de cambios son “humo”, no comprenden que Casado no le saque los colores al presidente amagando, por ejemplo, con una abstención.

La crítica de que esta reforma laboral se haga por real decreto ley también se le ha vuelto en contra al PP, porque precisamente la de aquel año su partido la aprobó de la misma manera, aunque después la desarrolló como proyecto de ley. En la cúpula popular dudaron si dar esta batalla precisamente por si el argumento se quedaba cojo, pero finalmente decidieron insistir porque la urgencia de reformas estructurales por la crisis de 2012 fue lo que hizo a Rajoy actuar por esta vía. Entienden que la situación actual no tiene nada que ver, y que la norma debió ser debatida en el Congreso por los grupos parlamentarios. Si finalmente no se tramita como proyecto de ley, el PP irá al Tribunal Constitucional.

Casado explicó a los suyos lo que viene justificando públicamente estos días: que su partido no puede ser “muleta” de Sánchez ni actuar como “enjuague” de las promesas que hizo a ERC y EH Bildu y que ahora no puede cumplir. El líder del PP entiende que, a pesar de que la reforma laboral de Yolanda Díaz no es para nada lo que pretendía ser, su formación sólo puede representar una alternativa y, en ningún caso, dar apoyo a leyes medulares como estas que, además, buscan restar flexibilidad al mercado laboral y atacar los principios que defiende el PP. “No podemos apoyar a quienes nos contrarreforman”, repitió este miércoles Casado. El argumento deja claro que los populares no ven ningún posible pacto sustancial con el Gobierno y que ser alternativa implica rechazar cualquier acuerdo.

Siguiendo esa lógica, el pacto del Consejo General del Poder Judicial (acumula tres años de retraso) no será posible en esta legislatura. Casado insiste en que si se cumple su única condición, la de reformar la ley orgánica por la que se eligen los vocales para que los jueces voten directamente a sus representantes, el acuerdo podría ser inminente. Pero el Gobierno no baraja cambiar el sistema actual y, por tanto, no hay ningún tipo de acercamiento. La teoría del PP sigue siendo que la presión de Europa obligará al Gobierno a ceder en su petición. Moncloa lo niega.

Y a esta negativa a los acuerdos se suma la reciente convocatoria electoral en Castilla y León, que arrancará un nuevo ciclo político con, al menos, dos citas con las urnas en 2022. Andalucía irá después, aún no está claro si antes o tras el verano. Sea como sea, Casado ha ordenado a su partido volcarse de lleno en la reelección de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de su autonomía, consciente de que esa victoria seguirá aupando sus opciones de llegar a la Moncloa. Como publicó este diario, Casado fía sus opciones a encadenar victorias autonómicas similares a las de Madrid, que permitan al PP gobernar en solitario aunque no alcancen la mayoría absoluta.

Ese es el único objetivo ahora mirando al 13 de febrero. Y entrar en precampaña electoral implica también un endurecimiento con el Gobierno que ya parece no tener fin hasta 2023, cuando tendrán lugar las generales, y antes el resto de autonómicas y municipales. Mañueco fue el único barón popular que acudió en persona a Génova para dirigirse a los grandes cuadros del partido.

El líder popular dejó claro que cuenta con el apoyo de todas las estructuras y que incluso los procesos orgánicos pendientes (congresos regionales) quedarán aparcados hasta que pase la fecha electoral. Ni distracciones, ni peleas internas. La batalla de Castilla y León apunta maneras nacionales. Prueba de ello es el eslogan que emplea Mañueco en su tierra, cuando habla de que el adelanto electoral de lo que va es de “sanchismo o futuro” y que los votantes lo que deben pensar es en “evitar que el sanchismo campe a sus anchas por Castilla y León”. Con esos mimbres no hay duda de que será una campaña que rebasará las fronteras autonómicas, y en la que Casado estará implicado desde el primer día.

Como en todas las citas electorales para el PP, la política económica jugará un papel clave. También con la idea de confrontar su modelo (en realidad, en coalición con Ciudadanos en el caso castellanoleonés) con el del Gobierno central, al que Casado calificó de “nefasto” en todas sus variantes. Y, muy especialmente, en las previsiones de la recuperación. El líder del PP reprochó en su balance a Sánchez haber llevado a España a ser “el peor país en inflación, déficit, crecimiento y el que más deuda pública acumula”. Los populares llevan meses advirtiendo al Gobierno de las consecuencias de no haber actualizado sus perspectivas después de que los principales organismos internacionales hayan rebajado las previsiones de crecimiento.