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El Periódico Mediterráneo

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Un mes para negociar

El Gobierno lanza un guiño a sus socios y se abre a hacer cambios mínimos en la reforma laboral

Montero afirma que se puede tramitar como proyecto de ley aunque pide que se hagan las “menores variaciones posibles”

María Jesús Montero, este lunes en Sevilla.

El Gobierno tiene poco más de un mes de margen, hasta el 5 de febrero, para lograr que sus aliados parlamentarios habituales se avengan a convalidar el real decreto-ley de la reforma laboral que durante meses la Moncloa ha diseñado con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. Ante las reticencias de los socios y la dificultad de esta segunda negociación en el Congreso, el Ejecutivo les lanzó este lunes un guiño: se abre a tramitar el decreto-ley como proyecto de ley, de manera que los grupos podrían presentar enmiendas tanto en la Cámara baja como en el Senado. Eso sí, la Moncloa solo está dispuesta a realizar cambios mínimos, porque quiere evitar a toda costa que los empresarios o las centrales sindicales se salgan del pacto.

María Jesús Montero, declaró a los medios de comunicación que, aunque espera que el texto "sufra las menores variaciones posibles", el Gobierno está dispuesto a introducir pequeñas modificaciones. "No contemplo la posibilidad de que no se convalide el decreto-ley, aunque otra cuestión distinta es que se tramite como proyecto de ley, y es ahí donde hacemos un llamamiento a respetar en la medida de lo posible el acuerdo fruto de un diálogo bastante honesto y en el que los agentes sociales, una vez más, han estado a la altura del país y han demostrado el patriotismo que vienen demostrando desde el inicio de esta pandemia", declaró en Sevilla, donde asistió a la toma de posesión del nuevo alcalde, el socialista Antonio Muñoz. La ministra incluyó también dardos al PP, que este lunes se reafirmó en su 'no' a la nueva legislación. En su opinión, Pablo Casado se esconde tras argumentos "pueriles e inmaduros" porque no tiene ninguna razón de peso ante un texto que ha sido "dialogo y acordado" con los propios empresarios.

ERC, PNV y Bildu inician el camino desde el 'no'. Lamentan que el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos actúe como si contara con una mayoría absoluta que no posee. La convalidación del decreto-ley requiere solo de más 'síes' que 'noes' (también se pueden pactar las abstenciones) y el Gobierno solo tiene asegurados el respaldo de sus 155 diputados (120 socialistas y 35 morados). El ánimo, pese a todo, no decae en el PSOE. Fuentes del grupo parlamentario al tanto de la negociación explican que en estos primeros días de contactos han visto "con predisposición" a llegar a un acuerdo al PDECat (4 diputados), Teruel Existe (1), Nueva Canarias (1), Coalición Canarias (1) y Compromís (1).

El grupo republicano, con 13 escaños que pueden ser determinantes una vez más, ya ha expresado algunas de sus peticiones. El 'president', Pere Aragonès, informó el sábado de que reclamarán que la Generalitat tenga plenas competencias en la capacidad de autorizar o no los expedientes de regulación de empleo de las empresas con presencia en Cataluña. El PNV (6) exige la "prelación" de los convenios vascos sobre los de ámbito estatal. Y Bildu (5) no apoyará la convalidación si no se "desestataliza la negociación colectiva" en el trámite de enmiendas. En un artículo de opinión en 'Público', Otegi avisa de que "la izquierda española" debe entender que "la plurinacionalidad se defiende y se ejerce respetando las diferentes realidades sociales, económicas y sindicales de las diferentes naciones del Estado".

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, por su parte, afirmó que mantiene contactos con ERC y Bildu para hacer un "frente común" en contra de la "decepcionante" reforma laboral para que el Gobierno "derogue" la legislación del PP, un verbo utilizado por el Gobierno de coalición durante meses.

El Ejecutivo, necesitado de apoyos, está dispuesto a demostrarle al PP que se equivoca al encastillarse en el 'no' y rechazar un marco laboral que los empresarios han bendecido. Por eso ha mandado el mensaje de que está dispuesto a coger la mano que le ha tendido Ciudadanos (9 escaños). A la formación de Inés Arrimadas la relevancia de esos nueve escaños le puede poner un foco que había perdido tras la debilidad que su partido sufre desde el hundimiento en las elecciones de Catalunya y, después, en las de Madrid. Y el calendario le es favorable: los contactos del PSOE y Unidas Podemos con los grupos se van a producir a lo largo de enero, cuando falten solo dos semanas para las elecciones en Castilla y León, donde va a luchar por no desaparecer de las Cortes. Ahora mismo cuenta con 12 procuradores.

El PP, mientras tanto, reafirmó este lunes que votará 'no' al decreto-ley. Casado ya dijo la semana pasada que los cambios introducidos no suponen la "derogación" de la reforma laboral de Mariano Rajoy, pero apuntó que su partido no está para "rescatar a Sánchez". El máximo dirigente de los conservadores ha decidido aguantar la presión que le llega desde la patronal y también desoír los mensajes de la Fundación FAES, del expresidente José María Aznar, y del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que pidió esperar a leer con detalle el texto antes de tomar una decisión, y mantiene su rechazo a cualquier colaboración con Pedro Sánchez.

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