Cincuenta páginas fueron suficientes para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fijaran la acción política del Gobierno. Apenas un mes y medio después de que cerraran un pacto exprés en 48 horas para conformar una alianza, ambos dirigentes rubricaron el 'Acuerdo de coalición progresista'. Desde entonces, la ruta programática -contiene alguna que otra vaguedad y doble lectura- se ha convertido en el eje central de la relación entre PSOE y Unidas Podemos y resurge en cada nuevo conflicto. Ahora, en el ecuador de la legislatura, el presidente del Gobierno asegura que se ha cumplido un 44% de ese pacto. Pero todavía queda mucha tela por cortar. A continuación, repasamos los deberes pendientes del Ejecutivo por bloques para los dos próximos años.
Trabajo
El Ejecutivo de coalición podría dar un paso importante en el cumplimiento de su programa de coalición en las próximas semanas si el Congreso avala la reforma laboral que han pactado con patronal y sindicatos. Aunque responde a la mayoría de los compromisos adquiridos por socialistas y morados, Yolanda Díaz se ha dejado en el tintero la limitación de la capacidad de las empresas de modificar sustancialmente las condiciones del contrato, así como la revisión de los mecanismos para que las empresas se descuelguen de los convenios por causas económicas graves.
De cara a los dos próximos años, el Ejecutivo deberá seguir subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.050 euros para cumplir con su promesa de que alcance el 60% del salario medio. Además, queda pendiente iniciar la negociación para redactar el nuevo estatuto de los trabajadores y el estatuto del becario.
Educación
La aprobación de la LOMLOE, la conocida como 'Ley Celaá', permitió al Gobierno dar por cumplido gran parte de sus compromisos con la educación. No obstante, aún tienen por delante dos importantes retos: reducir el ratio de alumnos por profesores en la educación pública y garantizar la universalidad de la educación de 0 a 3 años. Por el momento, el Ejecutivo está incrementando los fondos que concede a las autonomías para lograrlo a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El nuevo ministro de Universidad, Joan Subirats, deberá aprobar la ley orgánica del sistema universitario y la ley de convivencia universitaria, ambas redactadas por su predecesor Manuel Castells, y trabajar para mejorar las condiciones del profesorado. Una tarea similar tiene la ministra de Ciencia, Diana Morant, con la situación del personal docente investigador. Además, debe presentar la ley de la ciencia.
Sanidad
Tras casi dos años de pandemia, el Gobierno reivindica que los Presupuestos Generales del Estado destinan un 7% del PIB a Sanidad, como prometieron. No obstante, el coronavirus ha dificultado la puesta en marcha de otras de las medidas plasmadas en el acuerdo de coalición: la eliminación de los copagos, la introducción de la atención a la salud bucodental en la cartera de servicios de la sanidad pública o el blindaje del sistema de salud para evitar futuras privatizaciones. El Ejecutivo, en su informe semestral, asegura que están iniciadas las tareas para dar cumplimiento a todos los compromisos, aunque algunas en una fase muy inicial.
El acuerdo recoge también la implementación de un programa específico para lograr el retorno de los profesionales sanitarios que emigraron fuera de España para trabajar. Pese a la delicada situación actual, esta iniciativa no se ha puesto en marcha.
Fortalecimiento democrático
Donde más problemas tiene el Gobierno de coalición es en el apartado del acuerdo relativo a "nuevos derechos y memoria democrática". El Ejecutivo ha llevado al Congreso la nueva Ley de Memoria Democrática que, entre otras cosas, ilegalizaba la Fundación Francisco Franco. Sin embargo, no cuenta con el apoyo de sus socios para aprobarla, que exigen medidas más ambiciosas. Tampoco ha derogado la conocida como 'ley mordaza' que aprobó el PP en 2015, pese a que el pacto hacía mención a que se haría " a la mayor brevedad". PSOE y Unidas Podemos ya han pactado un nuevo texto.
Por otro lado, los trabajos para reformar el sistema electoral y que este resulte más proporcional están todavía en una fase muy inicial y, por el momento, no se ha iniciado el proceso para redactar una ley sobre libertad de conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas.
Igualdad
La llamada ley del 'solo sí es sí' se debatirá en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados. Lo mismo ocurrirá con la ley de igualdad de trato o 'ley Zerolo'. Si ambas normas prosperan -todo apunta a que será así-, el Gobierno dará un paso relevante en su compromiso con el feminismo. Aun así, tendrán pendiente impulsar el anteproyecto de ley trans y LGTBI, que está a la espera del visto bueno definitivo del Consejo de Ministros.
Además, queda por delante la redacción de una ley integral contra la trata de mujeres con fines de explotación; facilitar que los permisos de paternidad no tengan que ser simultáneos; o actuar contra las agencias que ofrecen vientres de alquiler. Otro de los compromisos del Gobierno fue desactivar la 'Tasa rosa', la diferencia de precio de un producto dependiendo de si va destinado a un hombre o a una mujer.
Fiscalidad
La fiscalidad ha sido uno de los principales puntos de desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos. El acuerdo de coalición recoge el compromiso de de incrementar el IRPF en dos puntos a las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro a las que superen los 300.000 euros. Además, establece que se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas. Por el momento, solo se ha incrementado dos puntos a las rentas que exceden los 300.000. Los morados exigieron implementar más medidas en 2021, pero los socialistas han preferido dejarlo para más adelante.
Otra promesa fue rebajar el IVA de los productos de higiene femenina y el de los servicios veterinarios. Sin embargo, por el momento, el Gobierno ha rechazado implementar ambas medidas. Todos sus socios parlamentarios registraron enmiendas a los Presupuestos para el 2022 con la intención de reducir el IVA en ambos casos al 4%, pero el Ejecutivo se negó.
Política territorial
Desde el arranque de la legislatura, la relación con el Govern de Catalunya ha sido una de los deberes principales del Gobierno de coalición. En el resumen ejecutivo que ofreció la Moncloa hace una semana se recogía el compromiso, por el momento sin cumplir, de reunir cada seis meses la mesa de diálogo. Durante esta legislatura tan solo se ha convocado una vez, consecuencia, en parte, de la pandemia y de las elecciones en Catalunya. Está pendiente también el traspaso de competencias a la Generalitat de la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral.
Otro de los retos que tendrá que encarar el Ejecutivo es acordar con las comunidades un nuevo modelo de financiación autonómica que reemplace al actual, que lleva siete años caducado. Por el momento, el Gobierno ha remitido a las autonomías una propuesta de población ajustada para calcular el reparto de recursos.
Cultura y deporte
Una de las principales reivindicaciones que llegan desde el mundo de la cultura desde hace años es la necesidad de mejorar el Estatuto del Artista. Primero José Manuel Rodríguez Uribes y ahora Miquel Iceta, al frente del Ministerio de Cultura, han asegurado estar trabajando en esta materia. Por el momento sólo se han celebrado algunas reuniones, pero el actual ministro aseguró a finales de diciembre que en 2022 habrá un borrador para debatir con el sector y poder reformar el actual texto que se redactó en 1985.
El deportes es una de las asignaturas pendientes del Gobierno. Ya en el acuerdo de coalición tan solo se recogían un par de compromisos, los cuales aún no se han cumplido. Está pendiente de debate en el Congreso la ley del deporte que fijará un modelo de deporte español. Además, el anteproyecto de ley trans y LGTBI recogerá medidas para evitar la discriminación de ambos colectivos.
Energía e industria
En su última comparecencia de 2021, Sánchez dio por cumplido su compromiso de que los hogares pagaran lo mismo por la electricidad que en 2018, descontando el IPC. El jefe del Ejecutivo aseguró que las medidas impulsadas por el Gobierno han resultado efectivas, pese a que reconoció que algunos hogares sí han pagado "algo más". Para seguir reduciendo el coste de la luz y dar cumplimiento al acuerdo de coalición, el Ejecutivo debe reformar el mercado eléctrico y el proyecto de ley por el que se actúa sobre las emisiones de CO2 no emitido.
Además, la coalición se comprometió a impulsar una ley de movilidad sostenible que, por el momento, no ha llegado al Consejo de Ministros, y otra norma para evitar los plásticos de un solo uso. Otro de los temas candentes en los que trabaja el Gobierno es en la reforma del modelo de peajes con el objetivo de "garantizar la sostenibilidad y el uso eficiente".
