La Audiencia Provincial de Madrid no encuentra prueba suficiente que acredite que el magnate del acero José María Aristrain, una de las mayores fortunas de España, haya defraudado a Hacienda un total de 211 millones de euros durante los ejercicios fiscales que van de 2005 a 2009 haciendo creer que durante dicho periodo vivía fuera de España. La Sala le absuelve de un total de quince delitos de elusión tributaria y también se libra del pago de 210.980.706,23 euros en concepto de responsabilidad civil y de una multa que supera los 1.100 millones de euros.

Según la sentencia dictada por la Sección número 2 de la Audiencia Provincial de Madrid, que se extiende a lo largo de 240 páginas y a la que ha tenido acceso El Periódico de España, la Sala entiende que la prueba practicada en el juicio que se celebró el pasado mes de octubre "es insuficiente y no permite tener por acreditado que el acusado simulara un traslado de su residencia habitual", y tampoco que la dirección de la sociedad Corporación JMAC BV vinculada al empresario estuviera en España, "por lo que pierden toda base fáctica los delitos de defraudación tributaria que fundamentan la acusación".

La resolución abunda en que si no ha sido acreditado que fuera residente en España, ni que dirigiera desde Madrid dicha sociedad, no hay motivo para considerar que estaba obligado a tributar en razón de tales impuestos. "No se dispone, en consecuencia, de prueba con un contenido de cargo que permita enervar la garantía constitucional consagrada en el principio de presunción de inocencia proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española", por lo que el industrial, defendido en esta causa por el abogado José Antonio Choclán, debe ser absuelto.

Las conclusiones de los magistrados Carmen Compaired Plo, Valentín Sanz y Gemma Gallego suponen un varapalo a las tesis de la Fiscalía de Madrid, que pedía 64 años de prisión para Aristrain por estos hechos. El Ministerio Público tiene sin embargo en la recámara nuevas acusaciones contra el magnate, ya que el pasado mes de mayo le denunció por delitos de insolvencia punible por simular la venta de un palacete en el centro de Madrid para eludir a Hacienda, según informó El Periódico de España.

Los argumentos de Fiscalía

Lejos de las tesis de la Audiencia, que pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Ministerio Público defendía en su escrito de conclusiones definitivas que 1998 el industrial ordenó la constitución en Holanda de la sociedad Corporación JMAC. B. V. para acogerse "artificiosamente" y de forma "abusiva" al "muy beneficioso" tratamiento fiscal que rige en dicho país para una sociedad patrimonial de tenencia de participaciones "mediante la exención de tributos de los dividendos repartidos por las sociedades participadas y las plusvalías obtenidas por las ventas de dichas participaciones".

Cuando la sociedad dejó de gozar de ese ventajoso tratamiento fiscal en Holanda, Aristrain dispuso el traslado de su gestión a Luxemburgo donde quedó constituida de la siguiente forma: el cien por cien era participada por la sociedad española Corporación J. M. Aristrain, que a su vez era poseída al 69,17% por José María Aristrain y el 30,83 por ciento por la Fundación Navarra Aristrain de la Cruz.

En realidad, según el fiscal, se trataba de una "falaz apariencia" puesto que el control y la dirección efectiva de la Corporación estaba ubicada en Pozuelo de Alarcón. Y es que de esta forma logró que sus empresas dedicadas a la industria del acero en España no tributaran al erario público por el impuesto de sociedades ni tampoco en Luxemburgo porque allí estaban exentas.

Con el mismo afán de eludir el pago de impuesto, en 2005 liquidó la sociedad Tenmat S. L. controlada por él mismo, si bien antes de hacerlo transmitió de modo "artificial" su titularidad de su corporación a otra llamada Corporación JMAC, B. V., "deslocalizando con ello la plusvalía obtenido que no tributó ni en España ni en Luxemburgo".

La vuelta del dinero

Con ello causó un perjuicio a Hacienda de más de 130 millones de euros. Parte de los beneficios obtenidos por la corporación JMAC, B. V. eran reintroducidos en España y la otra parte desviados a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales. Para la Audiencia de Madrid, sin embargo, "no se ha proporcionado prueba alguna que permita cuestionar su administración y gestión por el Consejo de Administración Luxemburgués que, durante los años a los que se refieren los hechos objeto de enjuiciamiento".

Este Consejo estaba compuesto por tres administradores, dos de los cuales, S.G.A. Services S.A. y Norbert Schmitz, tenían su domicilio en dicho país. Ello concuerda con lo declarado por el testigo Carlos Montoliu, subraya la Sala, que afirmó que cualquier operativa necesita la firma de los tres directores, siendo la de Aristrain una de las requeridas "y, por tanto, necesaria pero insuficiente".