Las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el patrimonio de Juan Carlos I siguen vivas, y además ya se ha cumplido más de un mes desde que se acordó prorrogar todas las líneas de investigación. Se trata de la historia de un archivo anunciado que no llega a ejecutarse, pese a que toda España lo da por hecho. ¿Cuáles son las razones del retraso?.
Son tres las diligencias de investigación sobre rey emérito, todas ellas de carácter preprocesal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son previas a la presentación de una querella ante los jueces del Tribunal Supremo, que serían los competentes para investigarle y, llegado el caso, someterle a juicio. El archivo que se espera para las próximas semanas supondrá dar cerrojazo a cualquier posibilidad al respecto.
Las primeras investigaciones fueron las incoadas en 2018 por la Fiscalía Anticorrupción, por el supuesto cobro de casi 65 millones en comisiones por la construcción del AVE a La Meca. Más tarde, ya con el asunto a cargo del equipo de fiscales del Tribunal Supremo, se abrieron otras dos, por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares, así como por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Para investigar todas ellas, la Fiscalía disponía de un plazo inicial de seis meses que puede prorrogarse las veces que hagan falta. La cuestión es que, tras filtrarse el pasado mes de octubre que se sopesaba el archivo, una decisión que nunca ha sido oficialmente desmentida, toda la atención se centró en el momento en el que cumplía dicho plazo a finales del pasado año, ya que se dio por descontado que no habría nueva prórroga y se aprovecharía para dar portazo definitivo al asunto.
Nochebuena, Pascua Militar y Suiza
Sin embargo, diferentes circunstancias aconsejaron alargar el tiempo de las investigaciones aunque se tiene por seguro que el plazo, que alcanza hasta el próximo mes de junio, no va a completarse. La primera de ellas fue la coincidencia del fin de la última prórroga con el discurso del rey Felipe VI en Nochebuena. Se decidió entonces alejar el escándalo que sin duda supondría el cierre del asunto de la tradicional cita del monarca con los españoles.
Durante esos días se empezó también a hablar de que sería conveniente mantener la situación hasta después del 6 de enero, para evitar que el archivo de las actuaciones -no por anunciado menos escandaloso- coincidiera con el desfile de la Pascual Militar.
Pero ya acaba el mes de enero y no hay noticia de archivo alguno. La razón, según la fuentes consultadas por este diario, parece encontrarse ahora en el análisis de la última documentación llegada de Suiza, relativa a las finanzas del rey emérito de los años posteriores a su abdicación de 2014. Los datos se enviaron a la Agencia Tributaria y se está a la espera de recibir su dictamen. Cuando llegue esta respuesta no habrá más motivos para demorar la decisión final: o archivo, o presentación de querella, esto último harto improbable.
El carpetazo
Las razones para dar el carpetazo son conocidas: algunos de los presuntos delitos atribuidos al exmonarca habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era penalmente irresponsable antes de su abdicación en 2014; otros habrían prescrito y existe una falta de peso probatorio a la que se han sumado dos regularizaciones fiscales por cerca de 5 millones de euros que cierran la puerta a atribuirle la comisión de delitos fiscales.
Otro punto de análisis tiene que ver con lo inusual del caso no solo por la personalidad contra la que se dirigen las pesquisas, sino por la duración y mantenimiento de las mismas en la Fiscalía. De hecho, lo ocurrido con el rey emérito, constituye una "excepción a la regla general" según la norma fijada por el propio Ministerio Público en 2013 para este tipo de diligencias preprocesales.
Según la citada circular, el principio de proporcionalidad "proscribe mantener abiertas sine die las diligencias de investigación". En coherencia con este principio, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece el plazo máximo de duración de las diligencias de seis meses. Dicha limitación pretende evitar que cualquier investigación se pueda perpetuar en el tiempo, incurriendo en la justamente denostada 'inquisitio generalis' de duración indefinida. No parece en todo caso que vaya a llegarse a estos extremos, pues las fuentes del Ministerio público consultadas apuntan a las próximas semanas de febrero como fecha más adecuada para el archivo de las actuaciones contra el rey emérito.
