La defensa de la familia Pujol ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión del juez Santiago Pedraz de reclamar a Andorra el resultado de las dos comisiones rogatorias que envió en 2019, al entender que la instrucción está acabada y esas diligencias carecen de "cobertura legal".

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, argumenta que la expedición de las comisiones rogatorias, cuando el caso ya está listo para juicio, podría suponer una "vulneración del derecho de defensa" de la familia.

La defensa de los Pujol pide a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que revoque las diligencias complementarias encargadas por Pedraz, quien solicita a las autoridades andorranas que cumplimenten dos comisiones rogatorias que libró el juzgado en 2019 y de las que no consta respuesta.

Dichas comisiones tienen como objetivo obtener información sobre unas cuentas bancarias a nombre de un socio de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y otra a nombre de la Fundación Paty, sociedad vinculada a su hermano Josep.

El escrito de la defensa recuerda que ni el auto de conclusión de la instrucción, ni el escrito de acusación de la Fiscalía, ni el de apertura de juicio oral "contienen mención alguna" a las comisiones rogatorias ahora reclamadas ni están previstas como prueba anticipada.

En ese sentido, argumenta el abogado que, una vez finalizado el período de instrucción y la posibilidad de que el juez pueda requerir o reiterar diligencia, "cualquier actuación de investigación carece de cobertura legal".

Según la defensa, el juzgado consideró que podía dar por concluida la instrucción del caso sin haber recibido esas comisiones rogatorias, pese a disponer aún de un "plazo amplio" para cumplimentarlas.

El hecho de que el juez "precipitara" el fin de la instrucción sin haber recibido la respuesta de las comisiones rogatorias "puede resultar sorprendente", apunta el escrito, pero "su consecuencia procesal inequívoca" es que ha terminado la posibilidad de encargar nuevas diligencias de investigación.

Pedraz envió el pasado mes de junio a juicio al expresidente catalán Jordi Pujol y a sus siete hijos, tras excluir del procedimiento a su esposa Marta Ferrusola por motivos de salud, por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a Jordi Pujol Ferrusola.