La última sentencia del Tribunal Supremo que ordena el derribo de todo el complejo Marina Isla de Valdecañas y contradice lo que hasta ahora había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) le deja un encargo a la justicia extremeña: decidir cómo se va a hacer cumplir su sentencia y determinar la puesta en marcha de las actuaciones necesarias para dejar la isla de Valdecañas sin edificaciones y sin actividad humana, como en su origen.
Al margen del recorrido judicial que aún tiene por delante el caso después de que las partes afectadas hayan anunciado al menos un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y un posible incidente de nulidad ante el Supremo, el proceso tiene todavía camino en el máximo órgano del poder judicial en la comunidad.
Uno de los encargos que le hace el Supremo es determinar cómo se va a efectuar el derribo y qué se debe hacer con el plan o programa de trabajo para proceder a la demolición parcial y restauración acordado en 2020, que elaboró la Junta y ratificó el TSJEx en febrero de 2021. Un plan que contiene 51 medidas necesarias para demoler las edificaciones en estructura o no terminadas y para revegetar y restaurar las plataformas de la isla que no han sido urbanizadas, de manera ordenada y con el menor perjuicio para el medioambiente. Este plan conlleva 35 meses de trabajo que comenzaron la pasada primavera.
Entonces se inició la revisión del plan de gestión de la ZEPA, que se prevé concluir en junio de este año, y también se contrataron las obras para la adecuación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de El Gordo y Berrocalejo, la redacción del proyecto para el drenaje del campo de golf, el estudio de contaminación lumínica y la señalización de la ZEPA, entre otros.
El proyecto para el derribo parcial ya está listo
Y en cuanto a las obras de demolición parcial, las actuaciones comenzaron en verano tras el encargo a la empresa pública Tragsatec para la redacción del proyecto de derribo, que ya está terminado, y la ejecución de estas obras, previstas para este mismo año. "La preocupación por este valor ha sido la razón fundamental para anticipar la ejecución de los autos a pesar del recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción", aseguró entonces la Junta a este diario.
¿Pero ahora que ya hay respuesta a ese recurso qué pasa? La administración regional no explica si va a paralizar el plan en marcha. Pero el Supremo sí obliga al TSJEx a que lo amplíe a todas las infraestructuras construidas y a que decida cómo se lleva a cabo, quién determina las actuaciones y en qué plazo. Y también insta al tribunal extremeño a que valore el alcance del plan en el punto en el que se refiere a la minimización de la afectación al medioambiente por la actividad humana "a efectos de su modificación, adaptación o eliminación".
Se deben revisar las indemnizaciones previstas
indemnizaciones Además, pide a la instancia extremeña que valore si con este nuevo fallo procede revisar y adaptar las indemnizaciones previstas en 2020 a favor de Ecologistas en Acción y Adenex (250.000 euros para cada organización que ambas rechazaron a la espera del Supremo) toda vez que ahora "se alteran notablemente los perjuicios a cuya reparación se atienden con las indemnizaciones establecidas".
Once organizaciones lamentan las reacciones contra la naturaleza: "Debe ser una lección para mejorar"
Once organizaciones de defensa del medio ambiente de Extremadura han reclamado "sentido común" a los gestores del territorio y a los promotores de grandes proyectos en la región y han advertido de que las leyes ambientales "deben cumplirse igual que se cumplen en el resto de la Unión Europea». Señalan que «Valdecañas debe ser una lección para mejorar y no una excusa para continuar errando". En una nota, los colectivos ecologistas critican que desde que se anunció la sentencia del Tribunal Supremo, en la que ordena la demolición total del complejo urbanístico Isla de Valdecañas, declarado ilegal en varias sentencias anteriores, "la reacción mayoritaria de responsables de la Junta de Extremadura, alcaldes y vecinos ha sido cargar contra la protección de la naturaleza". En este sentido, subrayan las posiciones «contra las leyes europeas y nacionales que establecen las mismas obligaciones para todos los estados de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a Red Natura 2000».
De igual forma, destacan que la Administración sabe que todo el territorio protegido en Extremadura, ya sea por Red Natura 2000 o por otras figuras de protección, saben que otras comunidades teniendo una parte mayor de su superficie protegida, no tienen esos problemas de desarrollo. Además, señalan que existen numerosos estudios que muestran el valor económico y su importancia para el desarrollo del patrimonio natural.
Las organizaciones de defensa del medio ambiente denunciaron ayer en su escrito que el debate se ha centrado mayoritariamente en declaraciones de todo tipo contra una supuesta "excesiva" protección del medio ambiente en Extremadura, "insistiendo que esa es la causa de todo lo que ha pasado en Valdecañas y, por extensión, de todos los problemas de desarrollo de Extremadura desde hace décadas, transmitiendo la impresión a la ciudadanía de la región que estamos en un territorio ahogado por los espacios protegidos". A su juicio, los problemas de despoblación tienen otras causas, ya que son idénticos en municipios dentro o fuera de Red Natura, y están más relacionados con la falta de servicios e incentivos en zonas rurales alejadas, "que puedan mantener y atraer a la población joven, pero también a los inversores tradicionales".
