Dos visiones opuestas. Quejas y lamentos catalanes y alegría por el paulatino "retorno a la normalidad y a la institucionalidad de las relaciones entre Estado y Generalitat", por parte del Gobierno. Y, dentro del Executiu, mayor cautela de Laura Vilagrà (ERC) y más contundencia en la crítica de Jordi Puigneró (Junts).

Y es que la esperada segunda reunión de la Comisión Bilateral entre Estado y Generalitat se ventiló en apenas 50 minutos. Todo estaba ya visto para sentencia y no hubo ninguna sorpresa. Lo poco que se tenía que traspasar, se traspasó; si se precisaba una comisión técnica sobre algún asunto, se creó y la administración que mostraba su descontento antes de la reunión, siguió haciéndolo después de ella. Y esta no es otra que la Generalitat.

Se culminó la cuestión de las becas, los seguros escolares y los módulos de financiación de la administración de justicia en Catalunya. Se alcanzó un preacuerdo sobre el ingreso mínimo vital, como adelantó este diario el martes. Se traspasaron equipamientos, fincas rústicas y una autovía de cinco kilómetros.

Quejas catalanas

Los traspasos son “escasos", coincidieron tanto la ‘consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà, como el vicepresidente y titular de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. “Más vale que Pedro Sánchez se lo tome en serio o estas reuniones servirán solo para hacerse la foto”, apuntó el vicepresidente que añadió que lo logrado es "de poca enjundia".

La visión de la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Beatriz Rodríguez, se situó en el otro extremo. "Hemos alcanzado unos acuerdos históricos, por cuanto hemos ampliado el techo competencial de Catalunya en tres materias, algo que hacía 10 años que no ocurría", valoró la ministra. "Estamos mejor que hace cinco, seis o siete años", percutió la ministra, que trató siempre de poner en perspectiva histórica, tras los hechos del 2017, la reunión.

Una voz del Govern reconoció "que se viene de muy abajo" y que la tramitación de las cuestiones "es farragosa" a lo que contribuye que los ministerios se "hacen de rogar".

Examen a la voluntad de Sánchez

Eso sí, el Govern planteó un examen a futuro sobre la voluntad real que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene de construir esas confianzas a las que siempre alude. “Catalunya no es una prioridad para Sánchez, si lo fuera, los traspasos serían de mayor empaque. Veremos qué ocurre con el de Rodalies, que es la prueba de fuego para el Ejecutivo”, planteó Puigneró para sentenciar “si en esta comisión bilateral es donde Sánchez pone el foco, que se note. Con traspasos de magnitud, como la gestión del aeropuerto y de todas las infraestructuras” en general. El de Junts, sin duda, empleó mayor dureza en sus expresiones que la titular de Presidència, que se movió con mayor cautela.

Previamente, en la reunión, el ‘conseller’ de Economia, Jaume Giró, dejó otro mojón encima de la mesa. Requirió el pago de la disposición adicional tercera del Estatut del 2010, en el periodo 2009-2013. Una adenda a la Carta autonómica que pretendía subsanar el reconocido déficit histórico de inversión y que la sentencia del Estatut del 2010 dictaminó que el Gobierno no estaba obligado a abonar. La cuantía varía año a año y se establece mediante la diferencia entre la aportación de Cataluña al PIB español y el porcentaje de inversión recibido de los Presupuestos Generales del Estado. “No están obligados a pagar, pero es una cuestión política, de voluntad” señaló Vilagrà apelando de nuevo al PSOE su pretendida voluntad de construir puentes con Cataluña.

Respecto a lo acordado, se crean tres comisiones técnicas sobre las cuestiones que ya se ha acordado que se traspasarán y se transfieren los 30 kilómetros de hormigón del canal de regadío Xerta-La Sènia, hasta ocho depuradoras de alcance municipal, que servirán “para la nueva cultura del agua” que el Govern quiere implantar, declaró Vilagrà, así como la B-23, pero no la B-30. La Generalitat espera a que se realicen una serie de obras de acondicionamiento en la vía de circunvalación para hacerse con la titularidad.