El Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, tribunales superiores, ordinarios... Los recursos contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se acumulan en todos ellos a cuenta sobre todo de Vox, pero desde hace casi un año también por parte del PP. Ambos partidos han optado por judicializar la práctica totalidad de decisiones del Gobierno de coalición, ajenos a resoluciones reiteradas como las del alto tribunal contrarias a que las disputas políticas acaben en los tribunales. Así lo recoge El Periódico de España.

El origen de esta forma de actuar puede encontrarse en el juicio del procés independentista en Cataluña, que catapultó a Vox a los informativos y primeras páginas de todos los diarios como acusación popular en el procedimiento. Este éxito, que dio popularidad al abogado Javier Ortega Smith, hoy diputado y concejal en Madrid, sirvió para espolear a la formación y desde entonces los de Santiago Abascal acumulan más de una treintena de recursos en el Tribunal Constitucional, diversos recursos en el Supremo y otras acciones ante tribunales superiores de justicia y juzgados ordinarios.

Pese a que no es nuevo que el principal partido de la oposición acuda al Tribunal Constitucional contra decisiones del Gobierno -se requieren 50 diputados para acceder al recurso de inconstitucionalidad-, el punto de inflexión parece ser la sentencia del pasado mes de julio que anuló el estado de alarma por la pandemia de covid, a la que siguió una segunda resolución que vio problemas en la cogobernanza diseñada para el segundo estado de alarma que se prolongó entre noviembre de 2020 y mayo de 2021.

Desde entonces, ya se ha convertido en un clásico que los tribunales tengan que responder contra decisiones del Gobierno de Sánchez por duplicado, respondiendo a argumentos de Vox y también del PP.

En el Tribunal Supremo, por ejemplo, este caso se ha dado en relación con recursos como el que cuestionó la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Las iniciativas tanto del PP como de Vox fueron inadmitidas de plano el pasado mes de octubre al señalar el tribunal que ambas formaciones carecen de legitimación activa para cuestionar esta designación del Consejo de Ministros.

 La misma respuesta se dio unos meses después, el pasado enero, en respuesta al intento de neutralizar los indultos concedidos al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y al resto de los condenados por sedición en la causa del 1-O en Cataluña. En esta ocasión al PP y Vox se sumaron varios diputados autonómicos de Ciudadanos y otras organizaciones, a las que se dio la misma respuesta por parte del Supremo: la función de control al Gobierno debe canalizarse en las Cortes Generales y no en los tribunales.

Esta misma semana El Periódico de España desvelaba un tercer asunto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que ambas formaciones han ido de la mano, aunque como es habitual el primer paso fue de Vox: el procedimiento contra la desinformación ('fake news') promovido por el Consejo de Seguridad Nacional, rechazado igualmente por falta de legitimación. La sentencia respecto al recurso de los de Abascal fue dictada el pasado mes de abril, mientras que la del PP, dictada en diciembre de 2021, advierte contra la "desviación procesal" que supone la intervención del PP, cuyos diputados recurrieron primero a su nombre para después indicar que era una actuación del partido.

En el Tribunal Constitucional los recursos de ambos partidos contra decisiones del Gobierno se acumulan. Destacan las presentadas el pasado mes de marzo contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que vetó la función de realizar nombramientos a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estando en funciones; así como la instada contra la Ley de Eutanasia. En este caso, los dos partidos conservadores encuentran tachas de inconstitucionalidad en la norma que atentan a principios tan fundamentales como el derecho a la vida, la libertad ideológica y la religiosa.

A ellas se suman otras iniciativas recurridas por ambos partidos como son la Lomloe o 'Ley Celaá' de Educación, que ambas formaciones impugnaron el pasado marzo al entender que presentaba problemas al tratar el castellano como una lengua extranjera. 

Ambos partidos también recurrieron la Lomloe, más conocida como Ley Celaá de Educación, el pasado marzo por considerar que trata al castellano "como una lengua extranjera más" la elimina además como lengua vehicular. Otro punto de coincidencia de ambos partidos en los últimos meses ha sido el recurso contra Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, conocida como ‘Ley rider’, que obliga a contratar a estos trabajadores como asalariados.