La Iglesia Católica se mueve. Tras recibir con “sorpresa y decepción” la iniciativa del PSOE de crear una comisión de investigación que dependa del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en su seno, después de haber comprobado su propia división interna a la hora de enfrentarse a estos hechos, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado este lunes que encargará a un bufete de abogados una auditoría.
El despacho, Cremades & Calvo-Sotelo, “abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto”, señalan los obispos en un comunicado sobre la iniciativa, que será presentada el martes por el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella.
Las dudas
El breve escrito deja muchas dudas por resolver. Si finalmente los obispos participarán en la comisión de investigación del Defensor del Pueblo. El Gobierno central anticipa que no tendrán más remedio que sumarse, pero la Iglesia guarda de momento silencio, bajo el argumento de que el organismo aún no ha sido votado en el Congreso. Si la anunciada auditoría solo investigará casos actuales o irá más atrás. Si las asociaciones de víctimas estarán presentes en ella. Y si habrá compensaciones económicas cuando se demuestre que algún sacerdote cometió abusos sexuales.
Pero fuentes del despacho de abogados abren la puerta a que este sea el caso. El bufete ha indicado a EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, el motivo por el que la Conferencia Episcopal les ha elegido a ellos ha sido el "músculo" que ha demostrado en demandas colectivas, como la de los controladores aéreos, el Banco Popular o Bankia, con el objetivo de estudiar cada caso y, cuando sea posible, buscar una forma de reparación a las víctimas a través de esta figura legal.
El movimiento de los obispos, en cualquier caso, supone sin duda el reconocimiento de que había que hacer algo más. Hasta ahora, el episcopado defendía a pies juntillas su propia investigación, dando a entender que no eran necesarias nuevas iniciativas. El pasado abril, la Iglesia española cifró en 220 los casos de abusos en las últimas dos décadas, una cifra que palidece en comparación, por ejemplo, con el informe impulsado por los prelados franceses, que en octubre, tras dos años y medio de trabajo, estimaron en un informe que desde 1950 hasta 2020 fueron abusados 216.000 menores en el país vecino.
Al mismo tiempo, en el seno de la CEE, que toma las decisiones de forma colegiada, comienza a exteriorizarse cierta tensión y división sobre el modo en el que se deben encarar estos delitos. Mientras la postura oficial consiste en no decir nada sobre la comisión de investigación que saldrá del Congreso, algunos obispos han comenzado a tomar distancia.
“La propuesta de una comisión parlamentaria sobre los abusos en la Iglesia, bien realizada directamente en el Congreso o bien a través del Defensor del Pueblo, tengo que decirle que es bien recibida”, dijo hace 10 días el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio. La semana pasada, la archidiócesis de Madrid, una de las más importantes, también se desmarcó a través de un vídeo de la línea oficial, al defender que se investiguen los casos del pasado y clamar contra la opacidad ante estos delitos.
