El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha decidido incoar diligencias de investigación a raíz de las denuncias presentadas por tres grupos parlamentarios (PSOE, Mas Madrid y Unidas Podemos) sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en el contrato de compra a la empresa Priviet Sportive de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros, en marzo de 2020, en relación con el cual, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su hermano Tomás Díaz Ayuso, cobró 58.850 euros por obtener el material en China.
Consultado Alejandro Luzón sobre la tramitación, señaló a EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este mismo grupo, Prensa Ibérica, respecto a la posición de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a quien las asociaciones judiciales han solicitado la abstención en caso de decretarse la apertura de diligencias.
Luzón explicó: "Abstenida ya está. Es el funcionamiento normal de la fiscalía. Llegan las denuncias y decido lo que se hace. Y lógicamente lo comunico a la fiscal general del Estado". Fuentes judiciales señalan que hay nuevas denuncias, en este caso de familiares de personas fallecidas por covid-19 en residencias de Madrid, que también se están enviando a la Fiscalía Anticorrupción.
Ganar tiempo
¿Tienen expectativas Pablo Casado y Teodoro García Egea dentro de su estrategia de ganar tiempo -con la convocatoria de la Junta Directiva Nacional y aplazar un congreso extraordinario- en lograr por la vía de la Fiscalía Anticorrupción lo que no consiguieron hasta ahora en su objetivo de acabar con Díaz Ayuso? Si las tienen, revelarían, según las fuentes consultadas en medios fiscales y judiciales, su completa orfandad en esta operación.
"¿Qué magistrado, jurista o abogado asesora a Casado en este asunto? Es que todo es una chapuza. Ahora piensan en una imputación de Díaz Ayuso como último recurso. Vamos, no saben de lo que hablan", añade.
Además, quién ha firmado el contrato es el consejero de Sanidad. Las imputaciones, en todo caso, sería el resultado de una judicialización del asunto, una vez que se haya iniciado y profundizado la investigación. Por el momento, se trata de diligencias abiertas que no se dirigen contra personas físicas o jurídicas que buscan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos.
¿Y si no hay nada?
Pero, ¿qué recorrido pueden tener estas diligencias de investigación?
Díaz Ayuso hizo volar el barril de pólvora que Casado y García Egea venían manipulando desde septiembre. Ese barril contenía datos sobre "alguna" participación de Tomás Díaz Ayuso en el contrato de las mascarillas. Y, también, la intención de investigar mediante detectives para ver qué más se podía obtener. La idea de que el da primero da dos veces le resultó rentable a Díaz Ayuso. El tema del contrato pasó a segundo término. Espiarla y chantajearla copó toda la atención. Aunque fue ella quien se vio obligada a confirmar el cobro de 58.850 euros por parte de su hermano, a lo que se han unido informaciones sobre otros contratos.
"Salvo que salgan cosas nuevas, las denuncias tienen poco recorrido con la información ya disponible", señala otra fuente fiscal consultada. "Por esa razón, como ya hizo al reventar la operación, Díaz Ayuso se ha adelantado al anunciar que enviará a la Fiscalía Anticorrupción la documentación”, añade. Porque no hay nada en esa documentación.
La influencia de Ayuso
"En un tráfico de influencias tienes que acreditar la participación de la presidenta o su influencia para la adjudicación del contrato porque uno no es responsable de los parientes que tienes. Si no puedes demostrar que ella estaba al corriente o que ha influido de alguna manera, será muy difícil porque no hay rastro de nada. Huele fatal, pero desde el punto de vista penal el tufo no cuenta. Esto no es el caso Juan Guerra, aquí no le han puesto un despacho a Tomás Díaz Ayuso". añade.
En realidad, toda la estrategia de Casado ha consistido en lo que los anglosajones llaman una 'fishing expedition'. Una expedición de pesca a partir de algunos datos obtenidos después que los medios de comunicación y en la Asamblea de Madrid saliera, en noviembre de 2021, el asunto del hermano de la presidenta.
