Pedro Sánchez llevaba 50 minutos de intervención en el debate sobre la guerra de Ucrania, en el Congreso de los Diputados, cuando lanzó este anuncio: "Vamos a poner en marcha la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos con el objetivo de preservar los derechos y las libertades, y el suministro de bienes esenciales y de recursos de primera necesidad". En un contexto en el que resuena de fondo la amenaza nuclear, una medida así sobrecoge.
Pero se trata de la principal novedad de una reforma legislativa que todavía está por hacer y que afecta a la ley de seguridad nacional. "En estos momentos -puntualizó el presidente- está siendo debatida en el Parlamento".
La afirmación no es del todo rigurosa. Debate, lo que se dice debate, no está habiendo porque el proyecto legislativo llegó al Congreso hace una semana. La Mesa calificó el texto (es decir, validó) y lo remitió a la Comisión Constitucional, que preside el socialista Patxi López. Fuentes de este órgano parlamentario han indicado a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica que este periódico, a pesar de haberse completado ese formalismo, el envío de la ley para su tramitación, el procedimiento no ha comenzado.
Ahora bien, siete días después de la invasión rusa, el Gobierno quiere que comience pronto.
Una consecuencia más de la guerra
Cuando el proyecto salió del Consejo de Ministros rumbo al Congreso el pasado 15 de febrero, la lista de prioridades legislativas del Ejecutivo y del PSOE enumeraba una serie de puntos, entre los que no estaba el de la reforma de la seguridad nacional. La idea primera era imponer con ella un ritmo de tramitación "normal", lo que, traducido en una coyuntura tan fértil como la actual, significa "toca esperar". Antes de que una guerra llamara a las puertas de la Unión Europea, el Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños y la dirección socialista citaban la ley de mordaza, la de vivienda, la de igualdad de trato y la de garantía de libertad sexual ('sólo sí es sí" y otros proyectos económicos como prioritarios. Ya no.
La invasión de Rusia al país ucraniano y las repercusiones que está generando ha trastocado muchos planes. El presidente ha repasado varios de ellos durante el debate de este miércoles en el Congreso, en especial los encaminados a mitigar los efectos inflacionistas derivados de los previstos problemas que habrá en el suministro de fuentes energéticas. Pero también ha hablado de la digitalización, de la ciberseguridad y de esa reserva estratégica de productos, bienes y recursos.
Aunque el fervor del debate se ha centrado en el envío de armas a Ucrania y en la activación de una respuesta conjunta a las vicisitudes económicas que se avecinan (de hecho el presidente ha apelado a pactos en diversos ámbitos, entre ellos el salarial), la reforma de la ley de seguridad nacional es uno de esos planes que el Gobierno quiere impulsar. Fuentes socialistas han destacado a este medio que durante la semana pasada el grupo hizo un primer tanteo. Encontró a algunos partidos dispuestos y a otros renuentes. El PP y Cs están entre los primeros; el PNV, entre los segundos. ERC no se niega, pero considera que es un asunto de tanto calado que la decisión al respecto, tanto sobre una eventual tramitación rápida como sobre el voto final, dependerá de la cúpula de la organización.
Al igual que en otros trámites, como el de la derogación de la ley mordaza, actualmente estancado, apretar el acelerador o el freno depende de la receptividad de la oposición. El Gobierno y el PSOE quieren evitar reveses políticos, ante todo. La reforma de la normativa sobre la seguridad nacional no es una excepción. Si Bolaños y Héctor Gómez ven holgura, darán velocidad a la tramitación.
El anuncio del presidente
Sánchez ha hecho un anuncio en el debate de este martes que anticipa la primera opción, la de la velocidad.
La creación de la reserva estratégica es la principal novedad del proyecto recién llegado al Congreso, una reforma puntual de la norma vigente desde 2015. El anterior Gobierno de Mariano Rajoy la puso en marcha en una tesitura muy diferente, aunque no exenta de graves tensiones. Por entonces, la amenaza política más notable procedía de Cataluña y de los amagos de referéndum hacia la independencia, consumado dos años más tarde.
El proyecto de reforma que acaba de aterrizar en la Comisión Constitucional es relativamente corto, pues se estructura en un artículo único y en tres disposiciones finales.
Uno de los capítulos, el IV, alude a la regulación de una "Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial". Es una respuesta directa a la pandemia del covid-19, y por tanto, una previsión ante las que puedan venir. Pero no es sólo eso. "El actual contexto geopolítico está caracterizado por una considerable inestabilidad y creciente competitividad comercial, energética, tecnológica e industrial cuya dinámica sigue en aumento y produce tensiones que podrían afectar severamente al flujo de suministros críticos a España y la Unión Europea", señala el proyecto en la exposición de motivos.
En plena guerra de Ucrania, sabidos los problemas energéticos que se desencadenarán, esta reforma de la ley de seguridad nacional regula la creación de una reserva que contará con la aportación de recursos humanos y materiales, "tanto públicos como privados", cuando sea declarada por el presidente una "situación de interés para la Seguridad Nacional". Colaborarán las comunidades autónomas, los entes locales, las empresas privadas y los ciudadanos.
Nada por el momento apunta a que se declare una situación como la referida, pero la ley anticipa el escenario. Las personas mayores de edad estarán obligadas, llegado el caso, a "la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes". Además, dichas autoridades "podrán decretar la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, la suspensión de actividades".
La reserva, cuyo acrónimo es RECAPI, está orientada a "sectores estratégicos de la industria imprescindibles para el bienestar y seguridad de los ciudadanos", entre los que menciona el de los componentes electrónicos, materiales estratégicos, maquinaria de alta tecnología, aeroespacial, semiconductores, química esencial, equipos agrarios avanzados, tecnología de la comunicación, la producción energética o equipos sanitarios.
Rusia en la estrategia de seguridad española
Anterior a la Ley de Seguridad Nacional, en vigor desde 2015, es la Estrategia de Seguridad Nacional. El contenido de este segundo documento es similar en cuanto a alcance al de un plan, es decir, una enumeración de objetivos y propuestas.
La última que se ha hecho es de 2021 y se enviará a la comisión parlamentaria correspondiente, que es una de diputados y senadores, para que la analicen y planteen posibles cambios. No ha recaído aquí la reforma porque por relevancia legislativa la Mesa del Congreso optó por enviarla a la Constitucional.
La Estrategia pormenoriza posibles actuaciones en casos de crisis, entre ellas "la creación de un catálogo de recursos y de planes de preparación y disposición de recursos", y más concretamente, la de una "Reserva Estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial". Estas son las finalidades: 1. Identificar los recursos industriales esenciales de las diferentes administraciones y del sector privado. 2. Garantizar el suministro de aquellos bienes y servicios de primera necesidad. 3. Salvaguardar la base industrial que suministra tales recursos.
El proyecto recoge tal cual estos objetivos, detallados en un documento en el que queda destacada la amenaza que supone Rusia. Porque en el pasaje en el que se describen los focos de tensión de la geopolítica mundial la Federación Rusa ocupa un lugar primordial del documento.
"La posición cada vez más asertiva de Rusia ha tensionado sus relaciones con la Unión Europea, que además ha constatado el desafío que suponen algunas de las acciones procedentes de ese país, tanto militares como híbridas". Es cierto que más adelante el documento recoge la apuesta de España por el diálogo, pero también el reconocimiento de que el mundo avanza hacia un ciclo de debilitamiento del multilateralismo por culpa de la competición estratégica de ciertos Estados. La Estrategia detecta la "seria amenaza para la seguridad nacional" que dicha competición infunde, hasta el punto de que advierte de la posibilidad, más extrema, de que estalle un "conflicto armado".
