Las polémicas se encadenan en el Parlament bajo la batuta de la presidenta Laura Borràs. El escándalo desatado por las licencias por edad, una suerte de prejubilación que cuesta 1,7 millones de euros; los trienios de los funcionarios, las peticiones de informes de los letrados y los choques con la secretaria general, junto a la suspensión del 'caso Juvillà'.

Por la falta de transparencia y las desconfianzas mutuas, el PSC ha solicitado este martes que las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces de la Cámara catalana sean grabadas: "Ya que no hacen informes jurídicos, podamos ir a esa grabación y ver qué se dijo exactamente", ha espetado la portavoz Alicia Romero. La gota que ha colmado el vaso es el veto de la Mesa a permitir la solicitud de un informe sobre la constitucionalidad de la ley antidesahucios que habían pedido Cs y PPC y la posterior negativa de los servicios jurídicos a elaborar un informe sobre si se podía rechazar o no esta petición.

A juicio de los socialistas, esto se suma al hecho de que los grupos parlamentarios no pueden pedir informes directamente a los letrados y que, pese a estar en la Mesa, los pronunciamientos se expresan de forma "oral", pero no sobre papel.

La petición de que se graben estas reuniones no es nueva, antes del 2017 se llevaba a cabo, pero ahora la oposición pulsa este botón para dilucidar qué se expone realmente puertas adentros y ver si difiere de lo que se dice públicamente.