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El Periódico Mediterráneo

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Investigación

'La Fiscalía ordenó investigar solo a Stampa y excluyó a Serrano de la denuncia inicial', por Ernesto Ekaizer

El escrito de Vox se basaba en recortes de prensa en los que que se atribuía filtraciones a ambos fiscales del 'caso Tándem-Villarejo'

Dolores Delgado.

El fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García, ordenó dirigir la investigación de la denuncia de presunta revelación de secretos por el partido ultraderechista Vox en el 'caso Tándem-Villarejo' exclusivamente contra el fiscal Ignacio Stampa cuando el material aportado se refería también a su compañero Miguel Serrano. EL PERIÓDICO documenta (ver reproducción del oficio) la instrucción inicial que dio lugar a las diligencias que fueron mantenidas artificialmente contra Stampa antes de denegarle la plaza fija solicitada, el 27 de octubre de 2020, y después de esa fecha para aparentar la existencia de nuevos indicios.

Estamos a 7 de julio de 2020. La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, lleva 132 días en su nueva función procedente de su alto cargo de ministra de Justicia del Gobierno de Pedro SánchezIgnacio Stampa, uno de los dos fiscales del 'caso Tándem' y la Fiscalía Anticorrupción, está en su mirilla.

Según ha confiado la ministra y ahora fiscala general, un audio filtrado en septiembre de 2018, apenas cuatro meses después de ser nombrada ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez en junio de aquel año le ha hecho mucho daño.

Se trata de una grabación que registra la participación de Lola, como la llaman todos, en una comida junto el juez Baltasar Garzón, el comisario Enrique García Castaño, y otros mandos policiales, con el comisario José Villarejo en octubre de 2009, en el restaurante madrileño Rianxo. Y atribuye la filtración a la Fiscalía Anticorrupción.

Ese audio, según pudo confirmar este periódico con diversas fuentes fiscales y policiales, pertenece a la colección que atesoraba Villarejo. Pero no formaba parte del lote que en la entrada y registro en su domicilio de Pozuelo de Alarcón requisó la policía.

Una campaña en gran parte de los medios de comunicación de Madrid que pretendía desacreditar la instrucción del 'caso Tándem-Villarejo' y que también alimentaron enemigos de la trayectoria de Stampa en casos de corrupción en Lanzarote, Islas Canarias, presenta al fiscal Stampa y a su compañero, Miguel Serrano, en directa connivencia con la acusación popular de Unidas Podemos en las investigaciones.

'Caso Dina Bousselham'

Tanto acusados poderosos de las piezas del caso como el propio Villarejo apoyan lo que podría conducir a plantear posibles causas o incidentes de nulidad de las actuaciones. Según el documento, que reproduce EL PERIÓDICO, García, mano derecha de Dolores Delgado, recibe en su correo electrónico el 7 de julio de 2020, un escrito cursado previamente a la Fiscalía Anticorrupción. Es una “denuncia presentada por el partido político Vox contra Dina Bousselham”, ex colaboradora de Pablo Iglesias, en la que “se pone en conocimiento de unos hechos por los que se solicita investigación y determinación de la naturaleza delictiva de los mismos”.

Señala que “derivada de los mismos, se remite denuncia completa, aunque de su competencia sea solamente la relativa la actuación del fiscal Stampa en el llamado 'caso Tándem' en el que se le atribuye la comisión de un delito de revelación de secretos”. Aclara, en referencia implícita, sin citarlas, a las otras circunstancias a la que se refieren los hechos en los recortes de prensa -entre ellos se atribuye al fiscal Miguel Serrano la filtración de secretos, al igual que se afirma de Stampa- que se encuentran ya investigados.

Lo dice así: “El resto de las cuestiones se encuentran bajo investigación judicial con lo que… desde la propia Fiscalía Especial [Anticorrupción] se ha dado traslado al órgano judicial competente”.

No pierde un minuto el fiscal jefe de la Secretaría Técnica. El mismo 7 de julio de 2020, García firma el oficio dirigido al fiscal Superior de la Comunidad de Madrid (TSJM), Jesús Caballero Klink. Y se lo envía al día siguiente, 8 de julio.

La referencia implícita a que las otras personas, aparte de Stampa, ya están investigadas omite un hecho. ¿Qué pasa con Miguel Serrano quien aparece en los recortes aportados en la denuncia de Vox como igual de presunto filtrador de la investigación?

En una entrevista publicada el pasado 25 de noviembre, EL PERIÓDICO preguntó al instructor del TSJM, el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría, que propuso archivar dos veces las diligencias ante inexistencia de delito, por la omisión de Serrano en la investigación:

-EL PERIÓDICO: Si la denuncia de Vox era contra Stampa y el fiscal Miguel Serrano, ¿por qué solo se investiga a Stampa? ¿No es, de entrada, la prueba de que Stampa era el objetivo?

-Ruiz de Alegría: La denuncia era contra ambos. Pero la secretaría técnica o la inspección, ya no recuerdo exactamente, consideró pertinente que se investigara solamente a Stampa, y así se me comunicó.

-EP: Pero si hay una denuncia contra dos fiscales, ¿no llama la atención esta discriminación? ¿No es extraña?

-RA: Lo es. Cuando la Fiscalía General del Estado nos da traslado de la denuncia de Vox, se hace hincapié en el señor Stampa. Si no hubiera existido esta comunicación, se hubiera incoado también contra el fiscal Serrano.

La huella de Álvaro García

En sus alegaciones ante la demanda de Stampa en la sección de lo contencioso-administrativo del TSJM, la propia Abogacía del Estado, con fecha 4 de noviembre de 2011, señala que la ”Fiscalía de la Comunidad de Madrid incoó, en julio de 2020, las diligencias de investigación penal 32/2020, ante la denuncia que, el 7 de julio de dicho año, había presentado el partido político Vox contra fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, por la supuesta comisión de un delito de revelación de secretos… constando que la investigación se había centrado en la participación del fiscal señor Stampa”.

¿Cómo es que Álvaro García dejó esta huella? El montaje aprovecha el encabezado de la pretendida denuncia de Vox donde se nombra a Dina Bousselham, Pablo Iglesias, Marta Flor e Ignacio Stampa. Pero en los recortes aportados sobre los hechos aparece claramente Miguel Serrano.

“Este pecado original del oficio de la secretaría técnica, es decir, la omisión de Serrano, es la prueba de que no existió intención de perseguir el delito. Acredita que la motivación era personal”, señala un fiscal consultado. Quizá para “compensar” este vacío y hacer a aparecer de algún modo el nombre del fiscal Serrano, el propio Álvaro García propuso el 8 de octubre de 2020 en su “sugerencia” de nuevas diligencias al instructor del TSJM -para mantener abierta la causa ante el Consejo Fiscal que debía adjudicar las plazas el 27 de octubre de 2020- citarle en calidad de testigo.

Si en los hechos Serrano aparecía como presunto filtrador, ¿qué sentido tenía tomarle declaración como testigo? Ruiz de Alegría lo citó. Serrano negó cualquier filtración. Y el instructor volvió a proponer, después del 5 de octubre, por segunda vez, el 23 de octubre de 2020, el archivo el caso. El Consejo Fiscal del 27 de octubre podía así tomar conocimiento de la situación de las diligencias y atenerse a ello en el concurso de adjudicación de las plazas.

“El 23 de octubre, antes de la resolución del concurso se envió la propuesta de archivo a la FGE. Y no nos dijeron nada hasta el 4 de noviembre. Y allí nos pide [la secretaría técnica] todo el expediente. Le mandamos el original y todo. Y luego un mes más tarde [2 de diciembre] nos solicitan un rosario de nuevas diligencias. Y por escrito me negué”, explicó Ruiz de Alegría.

Las diligencias permanecieron abiertas -gracias a una prórroga- desde julio de 2020 y se cerraron, después de dos propuestas de archivo del instructor -denegadas por la FGE- ocho meses después, el 16 de febrero de 2021. Para justificar el montaje, en lugar de aceptar la versión del decreto del instructor del TSJM, de 1 de febrero de 2021, de que procedía el archivo porque "no cabe apreciar huella alguna de indicios ni tan siquiera de sospechas que avalaran la pretensión de los denunciantes, es decir, del delito de revelación de secretos", la pluma de García consiguió rebajar la afirmación en el decreto del 4 de febrero de 2012: "No acreditándose, insistimos, ninguna filtración o revelación, procede acordar el archivo”.

Doce días después, el 16 de febrero, finalmente, se archivaron las diligencias, no sin antes añadir, por sugerencia de García, que el asunto debía ser enviado a la Inspección Fiscal de la FGE por si pudiese tener entidad disciplinaria.

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