Este martes, a partir de las 12.00 horas, va a ocurrir una buena noticia en el Congreso de los Diputados. No será una "última hora" de los medios ni un teletipo urgente. No motivará ningún tuit con signos de exclamación. Seguramente, ningún programa de televisión se fijará en ello. Sin embargo, en un contexto de alta tensión política, pues hasta los socios del Gobierno están de mala uva por el giro estratégico en la relación con el pueblo saharaui, el hecho tiene su importancia, y más en el ámbito al que concierne. Se trata de la aprobación de una nueva ley con un consenso tan amplio que si no alcanza la unanimidad, poco le faltará, apuntan a El Periódico de España fuentes de la Comisión de Cultura y Deporte. Hablamos de la ley de depósito legal.

La razón del nivel de aceptación tan alto está en su necesidad. Se trata de una norma que regula las gestiones de los patrimonios bibliográfico y documental de toda España, tanto por la Biblioteca Nacional como por los centros que las autonomías hayan constituido. La evolución del sector editorial ha resultado tan acelerada por culpa de internet que la ley se hizo perentoria.

El proceso está a punto de terminar. La Comisión de Cultura aprobará el dictamen con un amplísimo nivel de apoyo y dejará el texto listo para que lo vea el Senado.

Y no sólo porque PSOE y Unidas Podemos votarán a favor, lo que es esperable porque la norma proviene del Consejo de Ministros, sino porque también lo harán PP, ERC, EH Bildu o Cs.

El consenso no romperá las inercias política y mediática de este martes, pero al menos dejará claro que hasta en los contextos más convulsos, como es el actual (guerra de Ucrania, subida de precios, malestar social, paros sectoriales y además la relación con Marruecos por la autonomía del Sáhara Occidental), el pacto es posible.

¿Qué es la ley de depósito legal?

Antes de continuar, un breve vistazo al pasado. En 2011 se aprobó una ley específica, pero en seguida se quedó anticuada. Aquellas disposiciones otorgaron un papel relevante al editor, que se convirtió en "sujeto depositante" de las obras en las colecciones custodiadas por centros públicos. Todo lo que se editara en España estaría en tales fondos, cuya accesibilidad, además, fue mejorada. Ahora bien, en cuatro años, el Gobierno tuvo que emitir un real decreto para regular las publicaciones en línea, es decir, para gestionar los depósitos generados por las web.

Tras un proceso de audiencia pública, el Gobierno aprobó el proyecto en diciembre y lo envió al Congreso, en donde ha tenido un trámite rapidísimo. Llegó en enero, fue sometido a enmiendas en febrero y una ponencia ha cursado los cambios en marzo. El texto no tendrá que pasar por el pleno, por lo que, nada más acabar en la Comisión de Cultura, recalará en el Senado. Entre las novedades, destacadas el 28 de diciembre por Moncloa, destacan:

Gestión de las publicaciones electrónicas y las publicaciones en línea.

Los editores entregarán los archivos digitales previos a la impresión de la obra, lo que evitará futuras digitalizaciones, y por tanto, los altos costes que ello supone.

La regulación concierne a nuevos tipos documentales, en especial los videojuegos, aunque también las publicaciones bajo demanda, los catálogos comerciales de las librerías, de las editoriales y de las subastas.

La Filmoteca Española queda reconocida como centro de conservación.

La finalidad de la norma no es baladí: consagra el papel de la Biblioteca Nacional, de la propia Filmoteca y de los centros de conservación de las autonomías como receptores y cuidadores del patrimonio bibliográfico y documental español.

Los cambios del Congreso

Justo en la Biblioteca Nacional se encuentra la novedad parlamentaria de mayor calado, pues sale reforzada. Ya en el proyecto que aprobó el Consejo de Ministros el 28 de diciembre pasado se notaba su protagonismo, pero en el breve trámite parlamentario ha cogido aún más. No ha sido fácil cuando en el Congreso la influencia de grupos nacionalistas e independentistas es tan evidente y los cercos competenciales se miran con lupa. Con todo, el equilibrio ha sido posible a pesar de que se ha tenido que eliminar una alusión, en la exposición de motivos, a la "inspección" de la entidad con sede en Madrid. En vez de esa palabra, la mayoría ha pactado tres: "coordinación", "asesoramiento" y "seguimiento".

La norma, primero, marca los contornos: "Son centros de conservación: la Biblioteca Nacional de España, la Filmoteca Española y los que determinen las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias".

A continuación, uno de los párrafos nuevos que previsiblemente apoyará la mayoría parlamentaria y que refuerza la labor la BN, ya que se le faculta para "facilitar la consulta" de las publicaciones digitales que tengan los centros de las distintas comunidades autónomas, siempre y cuando garantice "medios seguros de acceso" y respete la protección de datos personales y la propiedad intelectual.

Más adelante, un cambio en la redacción que es el siguiente: "La Biblioteca Nacional de España ejercerá un papel de coordinación y asesoramiento entre los centros conservadores, así como de seguimiento del cumplimiento de la normativa sobre el depósito legal".

La aportación ha sido posible gracias a la inclusión de una disposición final nueva, la segunda, sobre la habilitación normativa. El Gobierno y las comunidades autónomas se encargarán de aplicar la ley dentro de sus respectivos marcos competenciales. Lo mismo pasa con la Filmoteca Nacional, la otra entidad que sale reforzada.

Como aseguran las fuentes consultadas, las modificaciones han sido eminentemente técnicas. Es cierto que el proyecto está fuera de la contienda política. Sin embargo, eso no excluye su valor. No sería la primera vez que una norma más técnica y farragosa que política sale aprobada por los pelos. O no aprobada.