Borja Carabante, Álvaro González, David Fernández y Diego Lozano. El concejal del Ayuntamiento de Madrid de Medio Ambiente y Movilidad, el titular de Vivienda, el ex jefe de prensa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y el consejero delegado de la EMVS se reunieron el 12 de enero para abordar el rumor de la supuesta contratación de una empresa de detectives a través del departamento de Comunicación del ente municipal, en concreto del Grupo Mira.

El consejero delegado de EMVS ha detallado en la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid que la reunión con Carabante, González y Fernández fue la primera ocasión en la que oyó mencionar un supuesto espionaje a Ayuso.

En ese encuentro, David Fernández, que dimitió después de que se publicasen informaciones sobre la contratación de detectives para investigar a la mandataria popular, "niega taxativamente" haber efectuado el pago de dichos profesionales.

Tampoco lo hizo Diego Lozano, siempre según sus palabras, dado que para poner en marcha un procedimiento de contratación "necesitaría que lo iniciara un director que justificara el servicio o la obra que tiene que hacer". "Yo no inicio nunca un procedimiento de contratación", ha sentenciado.

Presuntamente, esa compañía de detectives habría espiado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su familia por el embolso al hermano de la dirigente, Tomás, de 283.000 euros en cuatro pagos diferentes por comisiones en el año 2020, de los cuales 55.850 euros corresponden a la gestión de compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid.

Este escándalo ha sepultado la carrera del todavía presidente del PP, Pablo Casado, del ex secretario general, Teodoro García Egea, y del excoordinador de Alcaldía, Ángel Carromero, señalado como responsable de la operación de investigación a Ayuso. Todos ellos, Ayuso, Casado, Egea y Carromero, han sido llamados a declarar ante esta comisión.

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado tenían la oportunidad de aportar sus versiones este lunes en la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el presunto intento de espionaje a la presidenta de la Comunidad. Los partidos también solicitaron los partidos que declarasen hoy el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón; el exministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy Rafael Catalá; el actual titular del área de Presidencia, Félix Bolaños, y el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano.

El consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano, comparece en la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el presunto intento de espionaje a Ayuso. YOUTUBE

De todos ellos, sólo Lozano se ha enfrentado a las preguntas de los grupos municipales, lo que ha dado munición a los partidos de la oposición para afirmar que esta comisión "arranca muerta", como ha dicho esta mañana la concejala de Recupera Madrid (Grupo Mixto) Marta Higueras. Únicamente las personas que forman parte del Ayuntamiento de Madrid tienen la obligación de testificar en la comisión, pero, si en el último momento hubiesen cambiado de opinión, todos los llamados podrían haber comparecido después de que lo hiciese el consejero delegado.

Diego Lozano ha insistido durante su intervención en que contratar los servicios de detectives a través de una partida de la EMVS "es imposible", porque "todo pasa" por sus manos, ya que es el órgano de contratación de la empresa municipal, y por las de "10 o 15 personas" más, entre los que se encuentran, según ha detallado, el primer técnico que recibe una factura de la EMVS, por el jefe del departamento, por el director de su área, por la directora financiera, el gerente y por él mismo.

Además, sólo pueden hacer el pago en el banco tres personas designadas por la EMVS, por lo que, si no se efectuase el pago de esta manera, "quedaría un apunte suelto que descubriría el Departamento de Contabilidad, que no ha sucedido nunca, y luego los auditores". "Realmente es muy complicado", ha recalcado, ya que "gracias a dios somos una empresa moderna que tiene controles, protocolos, gente con estabilidad en el puesto de trabajo, con lo cual no está al capricho de lo que quiera pagar el directivo de turno", ha añadido.

Que no se den cuenta 10 o 15 personas de un pago por un servicio de espionaje "me parece improbable", ha lanzado, para luego afirmar que si hubieran intentado contratar detectives, "no habría pasado del primer control, porque es imposible que se pueda justificar el contrato de un señor para espiar a un tercero".