A partir de este martes va a suceder en el Congreso algo habitual, especialmente esta legislatura, que va de urgencia en urgencia. De una pandemia a una guerra en las puertas de Europa.
Lo que pasará es esto: va a recibir un decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, la Mesa lo va a calificar y dentro de unos días fijará una fecha para convalidarlo o derogarlo en el pleno. Ese decreto estará formado por medidas para hacer frente a las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania en el tejido económico y social español. Contendrá iniciativas en los planos energético, fiscal, de transportes y social dirigidas a paliar una realidad que los ciudadanos están sufriendo ya, como la subida del precio del combustible o de la factura de luz, en niveles máximos históricos.
En menos de 30 días, el pleno se reunirá para avalar el decreto o para devolvérselo al Gobierno. Un miembro del Ejecutivo comparecerá para defender un texto que, cabe recordar, estará en vigor entonces. Los grupos parlamentarios, cada partido con presencia en el hemiciclo, desde el PP a la CUP, expondrá su posición. En un contexto de adversidad, pronunciarse en contra de tales medidas puede ser difícil de encajar, si no imposible. El siguiente paso es la votación.
La presidenta abrirá el turno, los diputados pulsarán el botón que corresponda y se contarán los votos. Es más que probable que el decreto sea respaldado por una importante mayoría de la Cámara, a tenor de lo que han declarado este lunes sus dirigentes. Ni PP ni Cs, por un lado, ni ERC, PNV o EH Bildu, por otro, han avanzado rechazo u oposición, acaso críticas a aspectos que echan de menos. Una más o menos común ha versado sobre la tardanza del decreto, que podría haberse aprobado hace dos o tres semanas, ha apuntado el portavoz de Cs, Edmundo Bal. El PSOE, según fuentes de su dirección consultadas por El Periódico de España, es optimista, desde luego mucho más que con el anterior gran decreto, el de la reforma laboral.
Nada más hacer el escrutinio, Meritxell Batet preguntará si algún grupo quiere que ese decreto se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Uno ya ha dicho que quiere que eso ocurra: el propio Ciudadanos. En consecuencia, Bal dirá "sí" a la pregunta de la presidenta del Congreso y entonces se iniciará una segunda votación. En caso de que ganen los votos a favor, el decreto seguirá el circuito habitual de las leyes, aunque con la opción de contraer los tiempos a la mitad, pues en eso consiste el procedimiento de urgencia. Si vencen los votos en contra, el Congreso no hará nada con el decreto y su papel habrá terminado aquí.
El riesgo de olvido
La pandemia del coronavirus, en marzo de 2020, propició una serie de decretos que, poco a poco, en goteo, fueron llegando al Congreso. La mayoría parlamentaria dio el visto bueno a todos menos a uno, el de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda no lo negoció bien y tropezó con el enfado de la oposición, que lo derogó. El Congreso se caracteriza actualmente por una fragmentación que no se vivía desde los primeros años 80, por lo que un mal paso negociador, o un paso en falso, puede provocar disgustos. Al Gobierno le han asustado poco, pero aún se sobrecoge algún cargo socialista cuando se le recuerda aquel otro decreto de los fondos europeos, el que salió adelante porque Vox, despistado, se abstuvo. Si no, papelón ante la UE.
Muchos de esos decretos se convirtieron en proyectos de ley para su tramitación. Algunos siguen en el cajón de la Comisión correspondiente, acumulando prórrogas semanales de los plazos de enmiendas. Otros se desbloquearon. Aquí está uno de esos limbos que ha creado la práctica parlamentaria, aprovechándose de un vacío reglamentario. Aunque la mayoría vote a favor del procedimiento de urgencia, puede que el proyecto se vaya deslizando hacia el olvido y no salga de ahí.
El decreto ley es una herramienta que la Constitución ampara. El artículo 86 marca su uso para situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad". El Congreso debe "inmediatamente", según la Carta Magna, debatirlo y convalidarlo o derogarlo en un plazo de 30 días. Si el periodo fuera entre legislatura, la función la asume la Diputación Permanente. El punto 3 del artículo señala: "Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia".
Como antes se apuntó, esa vía de urgencia reduce a la mitad los plazos estipulados en el reglamento para los procesos ordinarios. Esa es una diferencia; la otra, que no se permiten enmiendas a la totalidad, o en otras palabras, vetos. Los ritmos ordinarios marcan periodos de 15 días para las distintas fases del trámite, en particular la presentación de enmiendas concretas al articulado, el consentimiento del Gobierno a las mismas y la redacción del informe en ponencia. De 15 en 15 días, el plazo se iría al mes y medio. En cambio, el procedimiento de urgencia lo dejaría en un mes, aproximadamente.
Es, por tanto, un trámite más rápido, precisamente por la urgencia de la que parte el decreto, y da margen a los grupos para que puedan dejar su sello en la ley. O un sello más visible del que pueda haber.
Sin embargo, apenas se aplica.
Un escudo económico y social ante la guerra
Una situación como la causada por la invasión de Rusia a Ucrania justifica el decreto. Es otro contexto de urgencia. Es lo que ha hecho el Gobierno. Este martes aprobará uno muy ambicioso, plagado de medidas, como la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible que se vierte al vehículo, la prohibición del despido por causas relacionadas con el conflicto armado, el tope del 2% a las revisiones de los alquileres durante estos tres meses (subirlos según el IPC puede ser inasumible para muchas familias), el aumento del ingreso mínimo vital, la prórroga de las rebajas fiscales en la factura de la luz, nueva línea de avales ICO, el límite al precio del gas, etcétera.
Las reacciones no se hicieron esperar, empezando por la del PSOE, cuyo estado anímico ha mutado. De la pesadumbre por tener que afrontar la soledad política causada por la decisión del Gobierno sobre el Sáhara Occidental a la ilusión. Lo apuntan fuentes de este partido. Aunque no quieren aventurar la convalidación mayoritaria del decreto, creen que es el escenario más probable.
En Unidas Podemos han cambiado las tornas. Estaba el partido con el cuchillo entre los dientes por el envío de armas a Ucrania, el compromiso de aumento del gasto militar y la planificación de una respuesta social a la crisis. Al final, medidas como el tope al alquiler o el mecanismo (inconcreto aún) para detraer parte de los beneficios de las eléctricas han gustado a la formación, indican fuentes de la dirección. Su "ok" está garantizado.
Como el de Cs, según ha avanzado Bal, si bien los "peros" son numerosos, sobre todo la tardanza. En el PP Cuca Gamarra apuntó al respaldo. ERC y PNV prefieren esperar a conocer el decreto antes de tomar una decisión, pero por ahora no han adelantado rechazo. EH Bildu sí ha sido más tajante: no ha confirmado el "no", pero ha pedido más ambición. Más País quiere tener el detalle de las medidas y se ha guardado el voto, pero sus condiciones coinciden con el tenor del texto: no perjudica a las renovables, al menos sobre el papel, y hay varias medidas pensadas para las capas sociales más vulnerables.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llamó a los grupos entre la noche del domingo y la mañana del lunes. A varios portavoces les dijo que algunas de sus aportaciones se habían recogido en el borrador del decreto. Fuentes de ERC y Cs lo atestiguaron. Ahora bien, no son suficientes. El centroderecha quiere más rebajas impositivas; la izquierda reclama más ambición en la protección social. Negociar cambios es ya muy complicado.
Puede que se tramite el decreto como proyecto de ley. Puede que el Gobierno trabaje para impedirlo. Pase lo que pase, que haya modificaciones es ya casi imposible.
