Más Madrid ha solicitado al juez que investiga el pelotazo con material sanitario del Ayuntamiento de Madrid, Adolfo Carretero, la imputación en el caso del gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, Fernándo Sánchez González, por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público relacionado con los contratos adjudicados a Luis Medina y Alberto Luceño.
El objeto de esta petición es que el responsable de la funeraria explique presuntas irregularidades encontradas por este grupo municipal de la oposición en los tres expedientes de contratación de mascarillas, test para detectar covid y guantes al inicio de la pandemia. Según la documentación a la que ha tenido acceso este grupo municipal las cartas de encargo remitidas por Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid al fiscal Luis Rodríguez Sol difieren de la originales.
Entre otras diferencias, no consta el contrato firmado por la concejala del PP y presidenta del consejo de administración de la funeraria Inmaculada Sanz Otero en el que se recogía la cantidad e importe de las adjudicaciones. Además, presuntamente se reconstruye la carta de encargo original eliminando la firma electrónica y se sustituye por otra manuscrita.
Cartas mutantes
Así, concluyen que el Ayuntamiento de Madrid remitió el 5 de abril de 2021 a la Fiscalía unas cartas de encargo con un contenido diferente a las aportadas por la Funeraria el 26 de noviembre de 2020, cuando deberían ser exactamente iguales porque están incorporadas a un expediente administrativo electrónico en el que "debe garantizarse su integridad e inmutabilidad". Lo que parece claro es que las cartas remitidas a Fiscalía por el Ayuntamiento no son “copias auténticas” de las remitidas por la empresa municipal.
Piden por ello al juez de Instrucción número 47 de Madrid ampliar el objeto de la investigación por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público "practicando las diligencias de investigación que considere procedentes" entre ellas la declaración como investigado del gerente del la funeraria.
Guantes y test
Sobre los guantes cuya compra se contrató con Luceño y Medina, pese a que la carta de encargo está fechada el 25 de marzo, la aportada por la empresa municipal está firmada electrónicamente por el gerente de la funeraria el 29 de marzo de 2020, es decir, una vez realizados los dos primeros pagos por el suministro de este producto. También en este caso, en la documentación remitida a la Fiscalía Anticorrupción se elimina el documento firmado por Sanz Otero y la firma a firma electrónica de la carta de encargo se sustituye por otra manuscrita.
La presuntas irregularidades también se dan en el tercer contrato, el de los test para detectar covid, pues en este caso la carta de encargo no está firmada electrónicamente, por lo que no es posible confirmar si la fecha incluida en la misma, el 25 de marzo, es realmente en la que se suscribió por los responsables municipales firmantes.
En este caso además llama la atención la tardanza con la que la concejala firma electrónicamente el contrato -el 7 de abril de 2020-, justo un día después de haberse pagado en su totalidad el producto y justo un día antes de que la responsable municipal de compras, Elena Collado, manifestase por 'WhatsApp' a Alberto Luceño sus sospechas de que habían sido estafados.
Hacer desaparecer cargos políticos
Todo lo anterior hace indicar, a juicio de Más Madrid, que posiblemente estas modificaciones 'a posteriori' se hicieron para hacer desaparecer u ocultar cualquier vinculación del cargo político con los actos administrativos dictados.
"Esto obligó a 'rehacer' las cartas de encargo originales, ya que en ellas -salvo en el caso de los test- no aparecía cantidad ni importe toda vez que se incluían en los contratos adjuntados. Presumiblemente, y al objeto de que todas ellas aparecieran firmadas el día 25 de marzo, se suscribieron con firma manuscrita exclusivamente obviando la firma electrónica dado que ésta no puede 'antedatarse'".
Lo que "es indudable", añaden, es que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento -probablemente sin saber que las cartas ya habían sido remitidas por la empresa municipal- remite a la Fiscalía unas cartas de encargo reconstruidas, que divergen de las presentadas por la empresa meses antes, lo que puede constituir un delito de falsedad en documento público, agravado por el hecho de dificultar la investigación.
