Hallar una salida política para el 'Catalangate' no está siendo fácil para el Gobierno y para el principal partido que lo sustenta, el PSOE. Hasta el momento, se ha dejado llevar por la prudencia, con la esperanza de que la presión baje y pueda reconducir la relación con su socio prioritario, ERC, que ya ha amenazado con romper el acuerdo de investidura si no se dan explicaciones y ruedan cabezas. No se descarta ninguna herramienta, en la línea de "intensificar los contactos" y rebajar la tensión. Y una posible vía que, a nivel parlamentario, estudia el Grupo Socialista, es forzar el desbloqueo de la llamada comisión de secretos oficiales rebajando las mayorías necesarias para su constitución, de tres quintos del Congreso, de manera que se impida el veto actual del PP. Un paso que se daría para cumplir con la obligación de conformar una comisión parlamentaria clave (más aún en un contexto de guerra en Europa), y no solo para amortiguar la presión del independentismo.
La comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados —ese es el nombre oficial— es el único foro parlamentario en el que los grupos pueden tener acceso a la información clasificada, los secretos oficiales y los gastos reservados de los Presupuestos, y en el que se controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ahora en el punto de mira porque pudo haber comprado el programa de fabricación israelí Pegasus, con el que se espió, entre 2017 y 2020, a más de sesenta líderes y activistas independentistas.
La comisión no ha podido constituirse en estos dos años de legislatura por los vetos cruzados entre los partidos
El CNI puede hacer seguimientos y escuchas con autorización del magistrado del Supremo designado para tal fin (Pablo Lucas desde 2014), pero sus hallazgos y las resoluciones judiciales son secretas. El artículo 5 de la ley que regula el centro impide dar cuenta públicamente de sus actividades, medios, personal o estructura, de ahí que el Gobierno se agarre a que la legislación le impide explicar si se ordenó espiar al independentismo y por qué. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende orgánicamente el CNI, ya instó a los grupos a que constituyan la comisión de secretos oficiales para que "sin ninguna reserva" se pueda hablar con toda claridad del caso.
El problema es que, en estos dos años de legislatura, no ha podido constituirse el órgano por los supuestos vetos cruzados entre los partidos. Los grupos de la izquierda acusan a la derecha de bloquear su formación porque rechazan que se siente en ella EH Bildu, mientras que el PP acusa a la presidenta de la Cámara baja, la socialista Meritxell Batet, de no impulsar su creación.
Naturaleza fijada desde 2004
La comisión de secretos oficiales tiene una naturaleza peculiar. Su estatus lo fija la resolución de la Presidencia del Congreso del 11 de mayo de 2004, en la que se precisa que los diputados que tengan acceso a la información reservada —generalmente, los portavoces de los grupos— han de ser elegidos por el pleno de la Cámara (en votación secreta, con papeleta y en urna) por una mayoría cualificada de tres quintos. O sea, 210 votos, una cifra muy alta que exige del acuerdo de los dos grandes partidos. Habitualmente, son designados miembros del órgano los portavoces de cada grupo. La última vez que estuvo en funcionamiento fue en la anterior legislatura larga, de 2017 a 2019, y en ella se sentaba el republicano Joan Tardà. Sus miembros no pueden publicitar nada de lo que allí se cuente.
Rebajar las mayorías no precisa de un cambio en el reglamento. Basta con una nueva resolución de la presidenta del Congreso, con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces
Los socialistas, según indicaron fuentes de la cúpula parlamentaria a este diario, sopesan si rebajar esa mayoría requerida de tres quintos, para hacer más fácil la constitución de la comisión, sin que el PP pueda ejercer, en la práctica, su derecho de veto. Se podría llegar hasta la mayoría absoluta, aunque no se ha perfilado cuál sería el umbral porque la decisión no está tomada. Además, admiten en el grupo, el cambio comprometería la figura "integradora" de Batet.
La modificación de las mayorías no sería complicada técnicamente. Ni siquiera se tocaría el reglamento de la Cámara baja. Bastaría con que la presidenta dictara una nueva resolución, para lo que solo le haría falta el "parecer favorable de la Mesa", que controlan PSOE y Unidas Podemos, "y de la Junta de Portavoces", según establece el artículo 32 de las normas de la Cámara.
Desde el Grupo Socialista se subraya que llevan empujando para que se constituya la comisión desde el comienzo de la legislatura, y puntualizan que si Batet no la ha impulsado es por "el veto del PP". Así que entienden que el órgano de control de los gastos reservados y del CNI "debe desbloquearse sí o sí", al margen de este choque con el independentismo por el 'Catalangate'. Es decir, que se seguirá buscando la conformación de la comisión de secretos aunque no sirva para sosegar a ERC, porque es necesaria para que se dé cuenta a sus señorías de materias clasificadas, más justificado aún en un contexto de guerra en Ucrania.
Confianza "bajo mínimos"
El portavoz socialista en la Cámara baja, Héctor Gómez, no ha hablado de esta cuestión con su homólogo republicano, Gabriel Rufián. Los republicanos consideran que esta salida sí debiera hacerse pero "no soluciona nada en este caso". "Es una comisión a puerta cerrada, y de la que no se puede hablar", y lo que necesita el independentismo es una explicación que satisfaga a sus bases, indican desde el grupo de ERC en Madrid. En la cúpula del PSOE convienen que esta rebaja de las mayorías es una vía que puede nacer muerta ya que el conflicto ha escalado y requiere de una resolución más "política". El primer movimiento público ha partido de la Moncloa, con el viaje del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este domingo a Barcelona para entrevistarse con la 'consellera' Laura Vilagrà. La importancia de esta cita es clave para comprobar si la tensión se reconduce y qué nuevas puertas se van abriendo.
ERC cree que forzar el desbloqueo debe hacerse, pero "no soluciona nada en este caso". "Es una comisión a puerta cerrada, y de la que no se puede hablar", señalan en el partido en Madrid
Así las cosas, Gobierno y PSOE miden cada uno de sus pasos, por lo delicada de la situación y la materia, reservada. Y son conscientes de que hay que tener "cuidado" con cualquier cambio en la normativa del Congreso. Sobre todo con vistas al futuro.
Los populares creen que conformar la comisión de secretos "sería el camino para que se pueda despejar cualquier tipo de duda" sobre el presunto espionaje a dirigentes independentistas, en palabras de la nueva secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Pero ella insistía este viernes en Antena 3 que la "capacidad y facultad para constituirla depende de la presidenta de la Cámara".
La temperatura política escala y el president, Pere Aragonès, advierte de que el tiempo no es infinito. Quiere explicaciones "en cuestión de días, máximo una semana". Un relato que le permita reconstruir la confianza "bajo mínimos" que hoy tiene en el Gobierno de Pedro Sánchez.
